El Partido Comunista de China (PCCh) propuso este domingo poner fin al límite de dos mandatos presidenciales consecutivos establecido en la Constitución, según informó la agencia oficial Xinhua, un paso que abre las puertas a que el actual líder del país, Xi Jinping, se mantenga en el poder indefinidamente más allá de 2023.
De acuerdo con la sucinta información colgada en la web de la agencia, el Comité Central del Partido propuso eliminar la cláusula que establece que el presidente y el vicepresidente «no pueden ejercer más de dos mandatos consecutivos» de cinco años. Esta reforma será discutida en el Pleno de tres días que comienza este lunes en este órgano para debatir el nombramiento de nuevos altos cargos del Gobierno y luego será presentada -y con toda seguridad, aprobada- en la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (el Legislativo chino) que se reúne a partir del 5 de marzo. A esta eliminación le seguirá una adición destinada a destacar la importancia del liderazgo del PCCh, «el rasgo que define al socialismo con características chinas», apuntó Xinhua.
Nombrado secretario general del PCCh en 2012 y presidente del país en 2013, Xi también encabeza la Comisión Militar Central y otros importantes órganos que supervisan las estructuras de la política patria, acumulando más poder en sus manos que cualquier otro líder chino en las últimas tres décadas. Además, su implacable guerra contra la corrupción -que ha llevado al castigo de más de un millón de personas- le ha servido para ganarse el favor del público y deshacerse de posibles opositores y enemigos a la par que colocaba en puestos clave a gente de su confianza, lo que le ha permitido afianzar su control en estamentos clave como el militar.
Precisamente, fue a la muerte de Mao en 1976 cuando los dirigentes del PCCh, encabezados por su sucesor, Deng Xiaoping, acordaron el sistema vigente hasta hoy, que limitaba a dos el número de presidencias posibles como vía para evitar que una sola persona acumulara demasiado poder y se repitieran trágicos episodios como el Gran Salto Adelante o la Revolución Cultural, que sembraron de cadáveres el país.
Los dos últimos presidentes chinos, Jiang Zemin (1993-2003) y Hu Jintao (2003-2013), cumplieron con lo pactado, pero el anuncio hecho este domingo permitirá a Xi, cuyo mandato finalizaba supuestamente en 2023, acabar con este sistema consensuado y continuar a la cabeza de la Jefatura del Estado sin límite alguno.
Un anuncio como el de hoy ya se venía barruntando desde hace tiempo, en particular después de que Xi no cumpliera con la costumbre de nombrar a un sucesor a su puesto durante el XIX Congreso del PCCh celebrado el pasado octubre.
Lo que sí se anunció durante aquel importante cónclave fue que su nombre y su filosofía se inscribían en la Constitución del partido. Oficialmente conocido como «Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo con Características Chinas para una Nueva Era», la idea sustancial pivota sobre el ampliamente difundido «gran sueño chino de rejuvenecimiento de la nación», que no es otra cosa que el posicionamiento de China como líder mundial a nivel político, económico y militar.
No en vano, con Xi en el poder, Pekín se ha convertido en el adalid de la globalización y la lucha contra el cambio climático y ha dado un paso al frente para ocupar el hueco dejado por el repliegue protagonizado de la mano de Donald Trump por Estados Unidos.
Si en octubre ya se estableció la introducción de este «pensamiento» en los planes de estudio escolares y en las «guías de acción» de obligado cumplimiento para cualquier comunista chino que se precie, hoy Xinhua informó de que el Comité Central también propuso incluirlo en la Constitución, un honor del que tan sólo había disfrutado hasta ahora en vida Mao.
Sin embargo, el ascenso de Xi también ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, que señalan entre los males de su Presidencia la creciente censura que padecen los medios de comunicación o la dureza de su campaña de represión contra la sociedad civil, que ha llevado a la detención e interrogatorio de cientos de activistas y disidentes de diferentes ámbitos (feministas, abogados de derechos humanos, defensores de los trabajadores o activistas medioambientales).
Como consecuencia de ello, su mandato es visto como «el peor momento para los derechos humanos desde la represión de Tiananmen [en 1989]», tal y como aseveró a este diario William Nee, investigador para China de Amnistía Internacional, el verano pasado.
Fuente: elmundo.es
