La pieza requiere ser aprobada en segunda lectura en el Senado y promulgada por el Poder Ejecutivo
A pesar de la resistencia de los principales partidos de oposición y de las observaciones en contra de esa iniciativa por parte de varios sectores empresariales, el Senado podría convertir en ley el proyecto que grava con tasa cero de aranceles, por un período de seis meses, a 67 productos de la canasta familiar.
La iniciativa del Poder Ejecutivo solo espera su conocimiento en una segunda lectura y su posterior promulgación para ser convertida en Ley.
El miércoles de esta semana el proyecto fue aprobado en primera lectura en el Senado al contar con el voto favorable de 20 de los 28 legisladores presentes. Durante esa sesión, los representantes de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez y Bautista (Bauta) Rojas Gómez, cuestionaron la rapidez con que se quería sancionar la pieza.
Pidieron buscar el consenso y escuchar las opiniones de los sectores productivos, tal y como lo hizo la Cámara de Diputados.
Sánchez cuestionó que, en una sola reunión la Comisión Permanente de Hacienda, se tomara la decisión de rendir un informe favorable para presentarlo al hemiciclo. Aseguró que en tan solo “media hora” la comisión, que preside la senadora perremeista Faride Raful, decidió el tema.
Los debates sobre la iniciativa iniciaron luego de que la senadora Faride Raful rindiera un informe favorable sobre la misma y pidiera que fuera incluida en la orden del día para su conocimiento y aprobación en la agenda.
“La verdad es que no entiendo cuál es la prisa que queremos llevar con esta iniciativa. Duró media hora en la comisión. Pedimos que se escucharán a los productores, tal cual se hizo en la Cámara de Diputados”, expresó Sánchez.
Sin embargo, aunque la pieza fue modificada previamente en la Cámara de Diputados tomando en cuenta sugerencias de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) los diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD) manifestaron su rechazo y advirtieron que llevarían hasta las “últimas consecuencias” su sanción porque entendían que fue violentada porque no se le dio el tratamiento de ley orgánica.
