El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha sumado a la presión internacional para que las autoridades guatemaltecas respeten la victoria electoral de Bernardo Arévalo y permitan la transición pacífica del poder en el país centroamericano. “Él ganó la elección y por una situación de resistencia al cambio, de resistencia a la democracia, de falta de respeto a la voluntad de los guatemaltecos, están poniendo obstáculos”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa de este martes.
El pronunciamiento del Ejecutivo mexicano se da en plena efervescencia política en Guatemala, donde diferentes instancias del Estado han buscado frenar la llegada al poder de Arévalo, prevista para el próximo 14 de enero. Es también una declaración atípica, porque la tradición diplomática mexicana suele evitar posicionarse de manera tajante sobre la política interior de otros países, al enarbolar principios como la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. López Obrador argumentó que la crisis en territorio vecino es excepcional y negó que sus palabras puedan interpretarse como un acto intervencionista. “Son nuestros hermanos y no queremos que haya inestabilidad política en Guatemala, nuestra frontera sur”, señaló.
“Si no se respeta la voluntad popular en Guatemala, se pueden originar conflictos”, dijo el presidente mexicano al justificar su pronunciamiento. También dijo que el consenso diplomático en América y el mundo sobre la situación política de Guatemala es que se respete la democracia. México comparte una frontera de poco menos de 1.000 kilómetros con el país centroamericano y es uno de sus principales socios comerciales. Las declaraciones marcan también un distanciamiento con el mandatario saliente, Alejandro Giammattei, quien pese a las diferencias de signo ideológico con López Obrador, ha logrado encontrar puntos en común para cooperar en temas como la gestión migratoria y la aplicación de programas sociales ideados en México de cooperación para el desarrollo.
López Obrador insistió en el llamado a las autoridades para hacer valer la voluntad de los votantes guatemaltecos y pidió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se posicionara también sobre la situación, después de que Arévalo denunciara una persecución judicial para impedir su investidura. El mandatario enfatizó que el candidato de izquierdas “ganó con muchísima ventaja” y ofreció su postura sin que mediara pregunta de los medios de comunicación que cubrían la llamada conferencia mañanera.
Un fiscal guatemalteco propuso el pasado viernes que se anularan las elecciones de segunda vuelta, en las que Arévalo derrotó a la ex primera dama Sandra Torres, en agosto pasado. La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la propuesta y denunció “un intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala”. “La OEA está pidiendo que se respete la democracia en Guatemala y estoy hablando de la OEA, ya se pueden imaginar lo extremo de la actuación de ciertos grupos”, ironizó López Obrador, cuyo Gobierno ha tenido fricciones permanentes con el organismo continental. El Tribunal Supremo Electoral, la máxima instancia electoral, subrayó que los resultados que dieron la victoria a Arévalo son válidos y ordenó que el conservador Giammattei le ceda el poder. Existe aún la posibilidad de que se intente tumbar el triunfo en las urnas por la vía legal, con un fallo de una corte de constitucionalidad, aunque ninguna instancia del Poder Judicial ha agotado todavía ese recurso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó esta semana una resolución en la que afirmó que existen “graves riesgos para el Estado de derecho en Guatemala” y una “inminente ruptura del orden constitucional debido al abuso de poder”. Militantes y simpatizantes del partido de Arévalo han denunciado una persecución política, con detenciones y allanamientos que empezaron desde julio pasado, semanas después de las votaciones de primera vuelta. Estados Unidos y la Unión Europea calificaron los intentos de criminalizar la disidencia política como un acto “autoritario” y propio de una “dictadura”.
Washington anunció el lunes la revocación de 300 visas a ciudadanos guatemaltecos, incluyendo las de 100 diputados y empresarios afines al Gobierno actual, señalados por “socavar la democracia y el Estado de Derecho”. También condenó las “acciones antidemocráticas del Ministerio Público”. Giammattei publicó un mensaje en redes sociales en el que rechazó las “acciones intimidatorias” desde el extranjero y dijo ser blanco de una campaña de “manipulación política y mediática”. El presidente señaló que las sanciones “atentan contra la soberanía nacional, elemento fundamental que prohíbe la injerencia en asuntos internos de un Estado”. Y agregó que tiene la “firme voluntad” para lograr una alternancia pacífica en el poder: “En Guatemala no hay acción alguna que pueda impedir que las autoridades electas tomen posesión de sus cargos”.
El Gobierno guatemalteco y su representación diplomática en México aún no han respondido a las declaraciones de López Obrador. Los ciudadanos están en vilo ante la incertidumbre sobre el futuro democrático del país y el Gobierno que recibirá el nuevo presidente, en medio de una transición que se ha hecho larga, se ha complicado y ha inquietado a la comunidad internacional.
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