Una sensación de temor reinaba en Ecuador el miércoles. Las calles estaban vacías, las clases se cancelaron y muchas personas tenían miedo de salir de sus hogares después de que la fuga de dos líderes de bandas criminales desencadenara disturbios en las cárceles, secuestros de oficiales de la policía y la incursión en un canal de televisión que transmitía en vivo.
Incluso para un país acostumbrado a la violencia, los sucesos que esta semana han conmocionado a Ecuador son estremecedores.
“Siento que el mundo que conocí se terminó”, dijo María Ortega, una maestra en Guayaquil, una importante ciudad costera. “Uno sabe cómo comienzan estas cosas pero no como terminan”.
La crisis comenzó con un estallido de violencia en las cárceles de todo el país sudamericano. Los soldados ingresaron en una penitenciaría de Guayaquil tras la fuga de Adolfo Macías, el poderoso líder de una banda criminal, de su celda. Los reclusos de varias cárceles tomaron como rehenes a guardias de la prisión, o guardias penitenciarios, y a decenas de reos se fugaron, entre ellos, un líder importante de otro grupo.
Con rapidez, la violencia se extendió a las ciudades y poblaciones, donde las bandas del narcotráfico operan a sus anchas. El martes, se reportaron explosiones, los secuestros de oficiales de la policía, la toma de hospitales y coches incendiados. Las personas se apresuraban para regresar a sus casas y, cuando se interrumpió el servicio de autobuses en Guayaquil, se vio cómo algunas saltaban a la parte trasera de los camiones. Oficiales de la policía y personas armadas se enfrentaron con disparos, incluso cerca de una escuela.
Hacia el final de una jornada sangrienta, al menos 11 personas habían muerto en el país, según las autoridades, entre ellas un conocido músico, Diego Gallardo, de 31 años, quien fue impactado por una bala perdida cuando iba en su automóvil a recoger a su hijo en un colegio de Guayaquil.
El caos llegó a su nivel más alto el martes por la tarde, cuando unos hombres armados ocuparon momentáneamente TC Televisión, en Guayaquil, durante una transmisión en vivo. Los hombres tomaron a los presentadores y al personal como rehenes y exigieron dar un mensaje al gobierno para que no se metiera “con las mafias”.
Poco después, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un “conflicto armado interno” y ordenó al ejército “neutralizar” a las dos decenas de bandas criminales del país, a las que el gobierno calificó como “organizaciones terroristas”.
Noboa planteó su declaración como un momento decisivo.
“Estamos luchando por la paz nacional”, dijo el presidente en un discurso radiofónico transmitido el miércoles, “luchando también contra grupos terroristas que, hoy en día, son más de 20.000 personas las que los conforman”. Y añadió: “Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada, porque es más fácil. Cuando son terroristas y cuando vivimos en un estado de conflicto, en un estado de guerra, aplican otras leyes”.
La declaración presidencial es considerada como un punto de inflexión en una crisis que, en los últimos dos años, ha impactado a una nación que solía ser pacífica. Ecuador, un país de casi 18 millones de habitantes, ha estado dominado por el negocio del narcotráfico, cada vez más poderoso.
Carteles internacionales de la droga procedentes de lugares tan lejanos como Albania han unido sus fuerzas a las de las cárceles locales y a las bandas callejeras, desatando una ola de violencia sin precedentes en la historia reciente del país. Las tasas de homicidio han aumentado hasta alcanzar niveles históricos.
Noboa sugirió el comienzo de un nuevo esfuerzo para combatir a las bandas y devolver la paz a Ecuador.
“No vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente”, dijo.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela Erazo, aseguró que los grupos criminales, a los que calificó de terroristas, se habían convertido en objetivos militares. Dejó clara la intención del gobierno de aplicar mano dura.
“No vamos a retroceder ni a negociar”, señaló en un comunicado. “El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharles la cabeza a terroristas”.
Más tarde, el miércoles, Vela anunció que, desde que se declaró el conflicto armado interno, la policía y las fuerzas armadas habían matado a cinco personas vinculadas a las bandas y habían detenido a 329.
En todo el país, muchas personas estaban divididas sobre lo que podría significar la medida del gobierno: algunas la apoyaban y la consideraban un paso necesario para acabar con la violencia de las bandas, mientras que otras la veían como un avance peligroso hacia un Estado militarizado que persigue a civiles inocentes.
“La declaración de conflicto interno me preocupa enormemente”, dijo Katherine Casanova, trabajadora social de 28 años, quien afirmó que su familia había sido atacada recientemente por hombres armados cerca de Guayaquil. “Aunque en medio del dolor quiero aferrarme a algo que me haga sentir un mínimo de seguridad, temo las repercusiones de declarar un conflicto interno, de militarizar. Probablemente será mi gente la que ponga, una vez más, los muertos”.
La declaración de Noboa se produjo tras la propuesta de una consulta popular que alargaría las penas por delitos como el asesinato y el tráfico de armas, perseguiría a quienes laven dinero y crearía un sistema judicial especial para proteger a los jueces.
La consulta propuesta por Noboa y las medidas de seguridad reforzadas han sido comparados con la campaña autocrática del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las pandillas, una comparación que el propio Noboa ha hecho.
Las medidas gubernamentales para controlar la violencia de las bandas son “mucho más agresivas” que las anteriores, dijo Fernando Carrión, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, un grupo regional de investigación y análisis, quien estudia la violencia y el narcotráfico.
“La población ve con buenos ojos esta decisión”, dijo, pero añadió que será un desafío enfrentarse a bandas criminales tan grandes y bien establecidas.
Incorporar a los militares al conflicto, según los expertos, podría derivar en una ola de violencia y un derramamiento de sangre prolongados, como ocurrió en Colombia, en donde el Plan Colombia, una política respaldada por EE. UU. instaurada hace unos 20 años, ha sido criticada por considerar como enemigos internos a gran parte de la población.
“Se puede extender y puede empeorar la situación, que ya ha llegado a su punto máximo histórico”, afirmó Glaeldys González, integrante del International Crisis Group, un grupo de expertos sin ánimo de lucro, quien se centra en Ecuador.
“Lo que yo veo más preocupante”, añadió, “es la declaración del presidente de un conflicto armado interno; el tema de cómo se va a traducir en la práctica”.
“¿Quién va a ser calificado un ‘terrorista’ y un miembro de un ‘grupo terrorista’?”, dijo González. “Quedó muy abierto, las fuerzas armadas parecen tener discreción en términos de los objetivos”.
El miércoles, aunque en general había calma en las calles, las prisiones del país aún no habían sido recuperadas, y decenas de guardias y miembros del personal seguían secuestrados, según las autoridades carcelarias.
A medida que las bandas proliferaron, las cárceles en malas condiciones del país se convirtieron en cuarteles generales y centros de reclutamiento. Se cree que aproximadamente una cuarta parte de las 36 prisiones del país están controladas por bandas.
Macías, líder de un grupo criminal llamado Los Choneros, se fugó el domingo de una cárcel ubicada en Guayaquil que, en gran medida, era controlada por su banda. Fabricio Colón Pico, líder de otra banda llamada Los Lobos, se fugó el martes temprano de una cárcel de Riobamba, una ciudad localizada en el centro del país. Ambos hombres seguían prófugos el miércoles.
En las calles, la gente estaba dividida ante la promesa del gobierno de enfrentarse a las bandas y retomar el control de las cárceles, que han sido incubadoras de gran parte de la agitación del país.
“Tengo miedo, estoy ansiosa”, dijo María José Chancay, productora musical de Guayaquil, cuyo amigo, Gallardo, murió el martes en una balacera. “Siento que las medidas tomadas por las autoridades no van a servir para nada y van a traer más violencia”.
Otras personas, en cambio, afirmaron que el gobierno debía actuar con mano firme si quería detener la violencia. Unos videos publicados el miércoles y que fueron compartidos en las redes sociales mostraban a compradores en un supermercado de Guayaquil que aplaudían y celebraban a una procesión de soldados que entraba al lugar.
“Tengo sentimientos encontrados” sobre las medidas de seguridad, dijo Ortega, la maestra. “Debo admitir que aunque sea aterrador, me alivia. Y me siento horrible por pensar y sentir eso”.
José María León Cabrera colaboró con reportería desde Quito, Ecuador, y Thalíe Ponce desde Guayaquil, Ecuador.
Annie Correal reporta desde Estados Unidos y América Latina para el Times. Más de Annie Correal
