Una cascada de acontecimientos violentos se desborda sobre Ecuador: el domingo (07.01.2024), se dio a conocer la fuga de «Fito», el jefe de la organización criminal Los Choneros; el lunes, el presidente Daniel Noboa implantó el estado de excepción; el martes, el mandatario declaró al país en «conflicto armado interno», después de que hombres armados tomaran un canal de televisión pública.
Hoy, miércoles, la respuesta del crimen organizado a la ofensiva del nuevo Gobierno ecuatoriano ha dejado por lo menos diez muertos, más de cien policías y personal penitenciario retenidos por presos y una serie de ataques armados.
«Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos terroristas», subrayó Daniel Noboa, en entrevista con un medio local.
Respuesta rápida y «mano dura»
«Los desafíos de seguridad son graves y complicados, y el Gobierno no tiene mucho tiempo o recursos financieros para hacer frente al crimen organizado», dice a DW Benjamin Gedan, director del Programa para América Latina del Wilson Center.
Y, puesto que «hay mucha presión por parte del pueblo ecuatoriano para respuestas rápidas a la crisis, habrá una gran tentación para replicar las políticas de seguridad de El Salvador, incluyendo arrestos masivos», agrega el experto en seguridad.
Su colega del Wilson Center Beatriz García opina que la escalada de violencia y terror en Ecuador «necesita de una mano dura», pero recuerda que herramientas como el estado de excepción por sí solas no han resuelto la crisis de seguridad.
«Sin resolver la crisis penitenciaria y depurar la corrupción en altos mandos de la rama judicial, la situación aún puede empeorar», insiste.
¿Legitimando el crimen organizado?
En entrevista con DW, Glaeldys González, experta del International Crisis Group para los Andes Centrales, considera que las repercusiones e implicaciones legales, políticas y humanitarias de la respuesta del nuevo Gobierno ecuatoriano «aún están por verse».
Asimismo, Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), teme que, al calificar la situación como un «conflicto armado interno», se otorgue el carácter de actores no estatales beligerantes a organizaciones de naturaleza criminal y de creación de economías ilícitas. «Se corre el gran riesgo de darles una especie de legitimidad y legalidad para ‘librar una guerra’ contra el Estado y la ciudadanía», sostiene.
Por su parte, Bernarda Jarrín, del centro de análisis Diálogo Interamericano, califica la respuesta de Noboa de «rápida y eficaz»: «Está tomando las medidas necesarias para tratar de estabilizar al país y parar estos actos extremos que fomentan pánico en la población».
Jarrín observa que la crisis en las prisiones empezó hace varios años. Desde 2021, han sido asesinados al menos 460 reos en masacres carcelarias. «Estando apenas un mes en el poder, Noboa se enfrenta a un gran reto», insiste y agrega que «la ayuda internacional es urgente».
¿Qué le espera a Ecuador?
«El panorama para Ecuador no es nada alentador. La tasa de homicidios se ha duplicado cada año desde 2020 y este año cerró con alrededor de 7.592 muertes violentas, la mayor cantidad de homicidios registrados en un año en su historia», destaca Glaeldys González.
La experta del Crisis Group está convencida de que la situación de inseguridad y violencia «seguirá escalando a pasos agigantados». También Benjamin Gedan, del Wilson Center, cree que «el combate contra el crimen organizado va a ser un largo y arduo camino».
Con miras a la reelección
A la administración de Noboa le quedan menos de 15 meses, subraya, por su parte, Beatriz García. Para asegurar una posible reelección, advierte, deberá «demostrar algún tipo de logro a la ciudadanía y a la clase política que, por el momento, le ha brindado su apoyo».
En cuanto al impacto del narcotráfico en el continente americano, «el caso de Ecuador demuestra que ningún país es inmune a los tentáculos de estas organizaciones que han sabido permear capas del Estado y ejercer control sobre la seguridad de los países», sostiene la politóloga.
Para García, las principales razones por las que ningún país ha podido domar a las bandas del narcotráfico son la «gran disparidad que existe entre los países de la región, los niveles de corrupción y los estragos que causó la pandemia, dilapidando a la clase media que había surgido previo al COVID-19».
Crisis migratoria y democrática
Las experiencias de México y Colombia no son alentadoras, dice Gedan, desde el Wilson Center: «Ambos países tienen mucho más experiencia y capacidades que Ecuador y se han beneficiado de más asistencia internacional, pero siguen sufriendo muy altos niveles de violencia». Además, la situación en Ecuador va a agravar la crisis migratoria en la región, prevé.
A Carolina Jiménez, de WOLA, le preocupa, además, «la salud de la democracia» en América Latina: «Estamos viendo una clara tendencia de retrocesos democráticos», en parte, debido a los miedos frente a la inseguridad ciudadana.
Por último, Jiménez insiste en que «mientras se mantenga el sistema de prohibición de drogas regional y global, la producción, el tráfico y la venta de drogas ilegales seguirá empoderando al crimen organizado, con nefastas consecuencias para los ciudadanos de América Latina».
(rml)
