El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha decidido declararse culpable como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que le permitirá salir en libertad y volver a su Australia natal tras pasar cinco años en una prisión británica. Assange, de 52 años, se declara culpable de un cargo de violación de la Ley de Espionaje por su papel en la obtención y publicación de documentos militares y diplomáticos clasificados en 2010, según los documentos judiciales. Con ese acuerdo, que debe ser ratificado este miércoles, se pone fin a un largo culebrón legal. “Julian Assange está libre”, ha tuiteado Wikileaks.
Un documento presentado ante el tribunal de la remota Saipán, capital de las Islas Marianas del Norte, en el Océano Pacífico, ya con fecha del martes 25 de junio, sostiene que Assange “conspiró a sabiendas e ilegalmente” para “recibir y obtener documentos relacionados con la defensa nacional” y “comunicar” esa información a personas que no tenían derecho a recibirlos”. Una carta del Departamento de Justicia registrada ante ese mismo tribunal señala: “Anticipamos que el acusado se declarará culpable (…) de conspirar para obtener y diseminar ilegalmente información clasificada relacionada con la defensa nacional de los Estados Unidos (…) y será sentenciado por el Tribunal por ese delito”.
En esa misma carta se señala que Assange comparecerá este miércoles a las 9.00 de la mañana, hora local (1.00 de la madrugada en la España peninsular), ante la jueza Ramona Villagómez Manglona, que se ha hecho cargo del caso apresuradamente. Según el Departamento de Justicia, el acusado rechazaba comparecer ante un juzgado del territorio continental de Estados Unidos. Esas islas están más cerca de Australia, hacia donde las autoridades estadounidenses prevén que se dirija Assange tras quedar en libertad, siempre según los documentos judiciales.
El delito por el que Assange se declara culpable conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, pero se espera que el acusado comparezca ante ese tribunal y sea condenado a cinco años, que se darían por cumplidos con el tiempo pasado en la prisión británica, lo que significa que quedaría en libertad.
Antes de este acuerdo, el Gobierno de Estados Unidos acusaba a Assange de 17 delitos contra la Ley de Espionaje y uno por intromisión en un ordenador. El editor australiano se enfrentaba a una pena máxima de 170 años de prisión, principalmente por la filtración de más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en noviembre de 2010. EL PAÍS fue uno de los medios que participó en ese esfuerzo concertado de publicación de estos papeles.
Cinco años en prisión
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Assange lleva cinco años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, y antes pasó siete años en la embajada de Ecuador en Londres hasta que se le retiró el asilo y fue sacado a la fuerza de la embajada y detenido en abril de 2019. Durante su estancia en la embajada tuvo dos hijos con Stella Assange, su actual cónyuge. Assange ya ha salido de la prisión y emprendido el viaje hacia Islas Marianas.
El proceso de extradición se encontraba en punto muerto, pendiente de un recurso de Assange. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en Londres consideraban insuficientes las garantías de Washington de que el cofundador de Wikileaks recibiría un juicio justo si era enviado a Estados Unidos. El mes pasado, Assange obtuvo el derecho a recurrir una orden de extradición después de que sus abogados argumentaran que el Gobierno de Estados Unidos había dado garantías “manifiestamente inadecuadas” de que tendría las mismas protecciones a la libertad de expresión que un ciudadano estadounidense si era extraditado desde Gran Bretaña.
Assange sostenía que la publicación de los documentos confidenciales era un asunto de interés público y que le protegía la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que ampara la libertad de expresión. Washington, sin embargo, sostenía que la filtración puso en peligro a fuentes, ciudadanos y la seguridad nacional estadounidenses con documentos que perjudicaban a Estados Unidos y sus aliados y ayudaban a sus adversarios.
La acusación del Departamento de Justicia de 2019 imputaba a Assange por alentar y ayudar a la analista de inteligencia del Ejército estadounidense Chelsea Manning a robar los cables diplomáticos y archivos militares que WikiLeaks publicó en 2010. Manning fue condenada a 35 años de prisión tras ser declarada culpable de violar la Ley de Espionaje y otros delitos por filtrar los documentos clasificados a WikiLeaks. El presidente Barack Obama conmutó su pena en 2017, permitiendo su liberación tras unos siete años entre rejas.
Mientras que el Gobierno de Obama no llegó a presentar cargos contra Assange, el fiscal general Jeff Sessions, nombrado por Donald Trump, convirtió la extradición del australiano en una prioridad. El caso fue criticado por los defensores de la prensa y los partidarios de Assange. Los fiscales federales defendieron que su conducta iba mucho más allá de la de un periodista que recaba información, y que equivalía a un intento de solicitar, robar y publicar indiscriminadamente documentos clasificados.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció en abril pasado que Estados Unidos se planteaba aceptar una petición de Australia para poner fin al proceso legal contra Julian Assange. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, apoyó en febrero una moción en la Cámara baja de su país que reclamaba el regreso de Assange.
