«Una salvajada rara y sin precedentes«. Así es como ha definido el fiscal de Marsella, Nicolas Bessone, el asesinato de un adolescente de 15 años, a quien le asestaron 50 puñaladas y prendieron fuego, hace unos días por un conflicto entre narcobandas. Pero aunque Bessone insista en que es algo inédito, este tipo de sucesos son cada vez más habituales en Francia. A principios de año, otro joven de 15 años, Shemseddine, fue tiroteado a la salida del colegio por cuatro menores.
«Es un problema que no acaba nunca. Estamos ante un ultrarrejuvenecimiento de la violencia«, denuncia la portavoz del colectivo de familias de víctimas de ajustes de cuentas de Marsella, Laetitia Limón. La banalización de la violencia entre los jóvenes franceses preocupa desde hace años a las autoridades, y se convirtió en un asunto de Estado tras las violencias urbanas vividas por la muerte de Nahel a manos de un policía, en junio de 2023.
El caso de Nahel desencadenó durante días una explosión de disturbios por todo el país, que obligó al Gobierno a desplegar a sus unidades especiales con tanques para poder entrar en los barrios y calmar las calles. La mayoría de los detenidos durante aquellos días fueron menores, de entre 14 a 18 años. Desde entonces, el Ejecutivo trabaja en reformar la ley para responsabilizar a estos ‘casseurs’, como se denominan a los menores que provocan destrozos urbanos, pero también a sus padres. Para Gabriel Attal, que días más tarde de aquellos hechos fue designado ministro de Educación Nacional y Juventud y posteriormente primer ministro, los «padres fallidos» deben responsabilizarse de sus hijos menores: «Este incumplimiento de la obligación parental se agrava si el acto del niño está vinculado a un incumplimiento reiterado por parte de los adultos«.
En definitiva, Attal hablaba de asumir responsabilidades sobre los menores, más horas de escuela y menos pantallas. Las redes sociales son un arma de doble filo para el Gobierno francés, que las considera «una catástrofe educativa, sanitaria y de seguridad». Aplicaciones como Snapchat o Tiktok provocan un efecto llamada a la violencia durante las manifestaciones, pero también se han convertido en una red de reclutamiento de menores para los narcotraficantes.
«Muy jóvenes, sin escolarizar, con familias a veces rotas, y claramente atraídos por el dinero», lo que los convierte en «blancos fáciles en los ajustes cuentas», denuncian los magistrados de Marsella. Precisamente, a este joven de 15 años asesinado el pasado miércoles en la ciudad, le ofrecieron 2.000 euros por atacar a miembros de una banda rival. Días después, para cobrarse su muerte, otro joven fue reclutado por 50.000 euros para acabar la faena, cobrándose la vida de un inocente conductor de VTC.
Justicia juvenil
En septiembre de 2023, cerca de la una de la madrugada, la periodista que firma esta crónica trató de entrar en una de las zonas controladas por los narcos en Marsella. «No. Imposible. Os tenéis que ir», responden dos jóvenes que no superan los 16 años a la petición. Se acerca al coche el que parece que es el jefe, tampoco supera la mayoría de edad, e insiste: «Hoy no es un buen día para que estéis aquí. Fuera». Tres menores, uno de ellos sin dientes y con un aspecto que le suma más edad de la que tiene, se encargan de vigilar una de las entradas y salidas del barrio marsellés, La Castellane. Por su actitud, parece que es algo que llevan tiempo haciendo. No parece una situación inédita. El barrio es de ellos.
«Estamos ante jóvenes que tienen la oportunidad de ganar mucho dinero, muy rápidamente, y que no tienen miedo de morir o de ir a prisión«, señaló el director de la Policía Nacional, Frédéric Veaux, durante una comparecencia frente al Senado. Cada vez más jóvenes, y cada vez más mujeres en las bandas, se lee en los últimos informes de las autoridades, que detallan el aumento de la guerra entre pandillas, pero también de la hiperviolencia dentro de las propias bandas. «El 30% de las víctimas en Francia tienen menos de 20 años», destacó Veaux.
Para los narcos, reclutar a menores es un comodín judicial. Ante la falta de una legislación severa para los menores delincuentes, los jefes de las pandillas se aprovechan y recurren a estos niños frustrados por la precariedad e inspirados por vidas de ensueño que ven en redes sociales. De ahí, que el Gobierno de Emmanuel Macron trabaje desde hace meses en medidas para acabar con las «mitigaciones de la excusa de la minoría», que permite que los tribunales castiguen a los menores con la mitad de severidad que a los adultos.
El año 2023 marcó un nuevo punto de inflexión con el aumento de la violencia entre bandas organizadas marsellesas. Un total de 50 asesinatos y 123 heridos, un 50% ,ás respecto al año anterior y un 100% más que en 2021.
«Dentro del marco constitucional es posible moverse y esto es lo que hemos sabido en el pasado con la ley de Nicolas Sarkozy de 2007, que preveía una excepción a la excusa de la minoría de edad», comentan desde Matignon para el medio público del Senado. En Francia, los menores de 13 años, al no tener plena capacidad de discernimiento, según la ley, son considerados «no responsables penalmente». Aunque, frente a un caso grave pueden ser internados en centros especializados o condenados a protección judicial. Solo los mayores de 16 años pueden enfrentarse a penas de prisión similares a las de un adulto.
Estado de derecho, «en juego»
No es un rumor callejero que el narcotráfico ha migrado al ciberespacio. No solo para el reclutamiento de sus ‘dealers’, también para la venta de la droga. Durante el confinamiento por el covid 19, se multiplicaron los repartidores de droga que se camuflaban a través de aplicaciones de comida a domicilio. Tan solo se necesitaba la palabra clave o el nombre de un negocio de comida ficticio, se introducía en el buscador de la aplicación y se hacía el pedido. En tan solo unos minutos, el repartidor llegaba a la puerta de casa, abría el cajón trasero de la moto y entregaba en una bolsa la mercancía.
Nada nuevo para los ciudadanos pero tampoco para las autoridades, que ya trabajan en reclutar a más profesionales contra la cibercriminalidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE), en 2020 los franceses gastaron una media de 4.200 millones de euros en drogas.
Una democratización de la droga, especialmente entre los más jóvenes, que obliga a «implementar un plan Marshall contra el narcotráfico», según los magistrados de Marsella, ya que «el Estado de derecho francés está en juego», pero en especial, la ciudad de Marsella que para muchos ya se ha convertido en una «narcociudad».
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