El Gobierno de Dinamarca acelera sus planes para trasladar a unos 300 presos extranjeros que cumplen condena en el país a ‘celdas de alquiler‘ en Kosovo, pese a las críticas de la ONU y de organizaciones proderechos humanos. Se trata, según explicó el ministro de Justicia danés, Peter Hummelgaard, en un viaje a Kosovo, de resolver el problema de saturación que sufren las prisiones de Dinamarca. «La situación apremia y agradecemos la ayuda que nos presta Kosovo», afirmó el socialdemócrata Hummelgaard, tras visitar a finales del pasado septiembre la cárcel a la que se trasladarán esos presos.
El acuerdo entre ambos países se suscribió en 2021, pero hasta el pasado mes de mayo no fue aprobado por el Parlamento kosovar. Dinamarca ha asumido los costes de habilitación de esas celdas, en un intento por garantizar unas determinadas condiciones. Los presos trasladados a Kosovo serán deportados a su país de origen una vez cumplida su condena, según Copenhague.
Dinamarca, cuyo Gobierno lidera la socialdemócrata Mette Frederiksen, ha endurecido en los últimos años su política migratoria a extremos parecidos a los de otros países nórdicos de liderazgo conservador, como Suecia, que en el pasado representaron la línea de la acogida más generosa de refugiados. El cambio de dinámica se relaciona con el avance de la ultraderecha –el Ejecutivo sueco del conservador Ulf Kristersson depende del apoyo externo de los llamados Demócratas Suecos– y también con la alarma por la criminalidad organizada y las bandas extranjeras.
Rechazo de oenegés
La iniciativa danesa se inscribe en la tendencia entre los países cuya población penitenciaria va en aumento de ‘alquilar’ celdas en otros países donde ocurre lo contrario. Hasta ahora, sin embargo, estos acuerdos se han suscrito entre socios de la Unión Europea y no han estado orientados únicamente a presos extranjeros, migrantes condenados por delitos graves o en espera de expulsión.
Estonia, por ejemplo, ha ofrecido sus ‘celdas de alquiler’ a Suecia, además de al Reino Unido. Noruega, desde su posición de país extracomunitario, alquiló en el pasado plazas de prisión a Países Bajos. Este tipo de acuerdos topan con el rechazo de oenegés y de organizaciones de apoyo a los familiares de los presos, porque entrañan un distanciamiento del reo y convierten en inviables las visitas de sus allegados.
