Suele ser habitual en los últimos tiempos que los grupos de opinión censuren la acción de gobierno de Joan Laporta a través de comunicados. También que lo haga por su lado Víctor Font, como este martes, en que dijo que la herencia del actual presidente será peor que la de Josep Maria Bartomeu. Y ya ha pasado que Som un Clam, el grupo que se presenta oficialmente este jueves, divulgue alguna nota, por ejemplo, contra la decisión de organizar de forma telemática la asamblea de compromisarios de este sábado.
Lo que no había sucedido hasta la fecha es que todos estos actores hablasen con una sola voz. Y lo han hecho por primera vez con un comunicado contundente en que piden a la directiva que reformule las cuentas del ejercicio 23-24 y proponga una nueva convocatoria de la Asamblea en una fecha posterior, con votación híbrida o presencial.
Los firmantes avalan su reclamación en las advertencias de la empresa auditora, que señaló en su informe que las pérdidas computadas deberían ser superiores a los 91 millones esgrimidos por la junta directiva, dado que el valor de Barça Vision está sobredimensionado. Y alertan que «una incorrecta formulación de las cuentas es susceptible de poder generar responsabilidades a futuro».
La propuesta de estos socios activos en la fiscalización de la gestión de Laporta, capitales en su día en la moción de censura que destronó a Bartomeu, no supone ningún riesgo para el club, subrayan. «Esta reformulación no tendrá impacto en el límite salarial (para realizar fichajes, si cabe el caso, en el mercado de enero de 2025), ya que La Liga no aceptó el beneficio antes mencionado; ni tampoco tendrá impacto en la tesorería, debido a que el club ha aceptado que no percibirá los pagos pendientes».
Por todo ello, proponen a los compromisarios, en caso de que la junta directiva no acceda a reformular las cuentas, que «voten en sentido negativo respecto a su aprobación». Instan, en este sentido, a los socios y socias a que cojan el turno de palabra para pedir la suspensión de la Asamblea a fin de que la Junta Directiva proceda a volver a formular las cuentas.
«Más transparente y participativo»
Los firmantes advierten que «no atender al criterio de la empresa auditora afecta y acabará afectando a la reputación de la entidad y puede generar problemas a futuro, y porque no podemos conformarnos con no hacer las cosas bien, ya que, cuando no se actúa bien, es la entidad quien puede acabar pagando».
La nota está firmada por Sí al Futur, de Víctor Font, la plataforma Som un Clam a la que se acaba de incorporar el empresario Jordi Termes, y los grupos de socios Compromisaris FCB, Dignitat Blaugrana, El Senyor Ramon, Seguiment FCB, Suma Barça, Transparència Blaugrana y Un Crit Valent.
Todos ellos lamentan una vez más la fórmula telemática elegida por Laporta para la Asamblea. «Creemos que es una muestra de la voluntad de la Junta Directiva de evitar el debate abierto y la participación activa de los socios y socias».
Sin transparencia
En el texto, los grupos firmantes solicitan «explicaciones precisas» sobre una serie de operaciones que, a su criterio, se han llevado a cabo sin la transparencia que exige una entidad como el FC Barcelona.
Y citan concretamente «la venta de participaciones de Barça Studios, las negociaciones con Nike, las comisiones en los traspasos (que fue un explícito compromiso electoral de la Junta Directiva), la relación entre el proveedor ISL y la Junta Directiva, y otras cuestiones tratadas con opacidad. La Junta Directiva debe rendir siempre cuentas, de forma más clara y transparente», remarcan.
Dudas sobre el retorno al Camp Nou
Un ejemplo de la escasez de explicaciones es, consideran, todo lo relativo al retorno al Camp Nou. «De entrada, ha quedado excluido el Palau Blaugrana del proyecto, contradiciendo el mandato aprobado en Asamblea. Sin embargo, las fechas anunciadas para el regreso al Estadi han sido cambiadas varias veces, afectando directamente al presupuesto económico del año próximo».
Y añaden: «Las dudas sobre la ejecución de las obras del Camp Nou y su coste real, más todo lo referente al precio de los abonos, exigen la máxima transparencia, puesto que estamos hablando de más de 1.500 millones de euros, y de la economía de muchos socios y socias que no saben si podrán acceder a los precios que se fijen».