El enfrentamiento entre Giorgia Meloni y el poder judicial de su país se intensifica día a día. El último choque gira en torno al plan de la mandataria italiana de deportaciones de migrantes a Albania. El pasado viernes, un tribunal de Roma anuló la reclusión de 12 migrantes egipcios y bengalíes en centros de identificación y expulsión en el país balcánico, lo que obligó al Gobierno a repatriarlos a Italia. En respuesta, la también líder del ultraderechista Hermanos de Italia prometió librar batalla, y así lo ha hecho.
Tras convocar expresamente al Consejo de Ministros este lunes por la tarde, la líder ultraderechista logró sacar adelante un decreto-ley (una norma que entra en vigor de inmediato, pero que debe ser ratificada por el Parlamento en un plazo de 60 días) con el objetivo de forzar a los jueces a aceptar el próximo traslado de migrantes a Albania (que posiblemente ocurrirá la próxima semana). Lo que diversos juristas consideran poco probable, ya que los jueces pueden recurrir a la justicia europea (que prevalece sobre la italiana), lo que alargaría el enredo jurídico.
La razón es que además los propios jueces ya se han basado en una reciente decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que estipula que los estados miembros sólo pueden designar países enteros como «seguros«, y no ciertas regiones de esos países, como había hecho Italia inicialmente. «No creo que corresponda a los jueces decir qué países son seguros, sino al Gobierno», dijo entonces Meloni.
Sin marcha atrás
La mandataria demostró así que no está dispuesta a dar marcha atrás, en un momento en el que además diversos países europeos y la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen se han dicho interesados en el modelo Albania. En este clima, en los últimos días, la política ha intensificado sus ataques al poder judicial, al que llegó a acusar de estar «poniendo obstáculos» al trabajo de su Gobierno. Unas acusaciones que líderes más extremistas, como su socio Matteo Salvini, han redoblado, tanto que el líder de la Liga incluso llegó a invocar manifestaciones callejeras para protestar contra los jueces.
Todo ello cuando el Gobierno también tiene otros problemas, entre ellos la reciente denuncia del Movimiento Cinco Estrellas, uno de los principales partidos de la oposición, presentada ante el Tribunal de Cuentas italiano. La razón son los exhorbitantes costes del plan de Meloni, todo pagado con dinero público. «En Italia, los robos han aumentado en un 23% y el Gobierno envía a 100 agentes de policía a Albania, que podrán subir de otros 200 efectivos», se ha quejado Giuseppe Conte, el líder de la formación.
Leyes en transformación
Además de ello, incluso la Comisión Europea le ha recordado este lunes a las autoridades italianas que, como país europeos, Italia «debe respetar plenamente el derecho comunitario». «Somos conscientes de la sentencia (del Tribunal de Roma) en Italia y estamos en contacto con las autoridades italianas: por el momento no existe una lista europea de terceros países seguros, los estados miembros tienen listas nacionales, pero se espera que trabajemos en ello», dijo la portavoz de Interior del Ejecutivo comunitario, Anitta Hipper, en la rueda de prensa diaria de esta institución antes de la aprobación del decreto en Roma.
El quid de la cuestión es también que actualmente la legislación europea se encuentra en un momento de transformación. Tanto es así que la propia Comisión ha anunciado su intención de revisar toda la normativa referente a qué países pueden considerarse seguros, para facilitar las deportaciones. Con ello, la entrada en vigor del pacto europeo de inmigración en 2026 podría introducir una normativa similar a la que Meloni quiere aplicar en Italia de manera inmediata.
