«Puedo confesar ahora si queréis. Sí, tuve un escuadrón de la muerte«, afirmó este martes Rodrigo Duterte ante el Senado. Llegó el expresidente de Filipinas con bastón y 79 años pero con el discurso robusto de siempre a su primera comparecencia desde que dejó el cargo para defender su campaña contra la droga. «No ofrezco excusas ni disculpas», escuchó la Comisión del Senado que investiga su responsabilidad en los 30.000 muertos. Si esperaban lo contrario, no conocían a Duterte.
Aquel escuadrón de la muerte, que hasta ahora siempre había negado, lo mantuvo en Davao, ciudad de la que fue alcalde durante dos décadas, antes de ganar el sillón presidencial y replicar la fórmula a escala nacional. Duterte siempre ha asumido toda la responsabilidad y exonerado a los policías a sus órdenes. Quizá eso explica su puntualización: el escuadrón de la muerte no estaba formado por agentes sino por gángsteres. «Yo les pedía que mataran a alguien. Y les aclaraba que, de lo contario, yo les mataría a ellos», desveló. Y esos miembros, lamentó, han vuelto al mundo del crimen desde que terminó su encargo. Nunca le faltaron tablas en el escenario a Duterte: preguntado por más detalles, respondió que los dará la jornada próxima.
La primera, de hecho, fue apretada. Sus mensajes acumulan contradicciones pero los defiende con aplomo. Prometió que nunca ordenó a sus agentes que mataran a los sospechosos e inquirió directamente a Ronald dela Rosa, su antiguo jefe de Policía Nacional. «No, señor presidente», respondió el ahora senador. Pocos minutos después confesó que les animaba a ello: «Seamos sinceros. Les pedía que incitaran a los criminales a luchar, a sacar sus armas. Y si lo hacían, que los mataran y acabaran así con el problema de la ciudad».
Impunidad
El discurso oficial asegura que la policía sólo disparaba a los que se resistían al arresto mientras la oposición y las organizaciones de derechos humanos hablaban de crímenes contra la humanidad y escuadrones de la muerte amparados por el Estado. El debate se simplifica a una guerra de siglas: DUI (muerte bajo investigación) para unos, EJK (ejecuciones extrajudiciales para otros). No sólo se denunciaba la masacre sino su impunidad. Amnistía Internacional tituló su informe ‘Si eres pobre, estás muerto’ porque el grueso del castigo se lo llevaron jóvenes de arrabales de dolorosa pobreza.
A la audiencia acudieron familiares de las víctimas con sus retratos. Estaba el tío de Kian Loyd Delos, cuyo asesinato removió conciencias. «Por favor, dejadme volver a casa. Mañana tengo un examen», suplicó el joven de 17 años a los agentes. Las cámaras revelaron que le pusieron un arma en la mano y le ordenaron que corriera antes de abatirlo. También comparecieron los que denunciaron con más fuerza aquellas masacres. La antigua senadora Leila de Lima, encarcelada por delitos de narcotráfico cuando empezó a investigar los desmanes de Duterte, lamentó el largo tiempo que ha escapado Duterte de la Justicia. De Lima, exonerada el pasado año, reveló que muchos testigos no se atreven aún a señalar al expresidente. El Padre Flavio Villanueva, un activista en las barriadas más desafortunadas, honró a las más de 300 víctimas a cuyas familias ha prestado ayuda. El religioso recordó que un alto mando policial se ventiló con un «cosas que pasan» la muerte de una niña de tres años en un tiroteo.
Revelación
Una antigua colaboradora, Royina Garma, había admitido la semana pasada que Duterte le pidió que buscara un hombre para dirigir la lucha contra la droga tan pronto se impuso en las elecciones presidenciales. El modelo establecía recompensas a los agentes de entre 320 y 16.000 euros por muerto y ni un céntimo por arresto. Se amontonan las evidencias sobre Duterte sin que al «Castigador» le tiemple el pulso ni el discurso. «Mi mandato como presidente de la República era proteger a mi país y al pueblo filipino. No cuestionéis mis políticas porque no ofrezco disculpas ni excusas. Todo lo que hice, lo creáis o no, lo hice por mi país», razonó ante el Senado.
