Giorgia Meloni insiste tras su primer fracaso. A pesar de los obstáculos legales y de la negativa de los tribunales italianos —basada en normas europeas—, la Marina italiana ha reanudado sus operaciones en el Mediterráneo central para recoger náufragos y trasladarlos a los centros de identificación y expulsión italianos en Albania. Todo ello, mientras continúa la batalla judicial y no se descarta que se repita el escenario del primer intento, es decir, que finalmente los jueces transalpinos invaliden la deportación y ordenen que los migrantes sean retornados a Italia.
La primera ministra italiana vuelve así a desafiar a la justicia de su país, después de que, a mediados de octubre, un tribunal de Roma obligara a las autoridades a devolver a Italia a los primeros 16 migrantes enviados a Albania, basándose en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que el actual Gobierno italiano ha intentado esquivar con una decreto-ley (de validez temporal) con el que redujo de 22 a 19 los países que Italia considera como seguros y con los que, en consecuencia, se podrían aplicar los protocolos exprés de externalización de fronteras previstos por el Ejecutivo italiano.
Meloni tensa así la cuerda al máximo en un momento en el que también se ha puesto en marcha otra investigación del Tribunal de Cuentas de Italia por un posible «daño patrimonial al Estado» debido a los altos costes del plan. Un gasto que, aunque estimado, rondaría los 134 millones de euros anuales (670 millones por cinco años, periodo de duración inicial del acuerdo con Albania) por el mantenimiento de las dos instalaciones en el norte del país balcánico, y al menos 9 millones de euros para el alojamiento de los cerca de 300 miembros italianos del personal desplegados, según cifras del Gobierno transalpino. Cifras que, según la oposición, serían mucho más altas.
En el Mediterráneo
Una batalla institucional y judicial que, con el paso de los días, ha subido de decibeles, también después de que otro tribunal, ubicado en Bolonia, pidiera otra intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que aclare qué norma —la italiana o la europea— va a prevalecer no solo en el caso de Albania, sino en la gestión de cualquier petición de asilo que se presente de aquí en adelante en Italia. Esto porque «se podría decir, paradójicamente, que la Alemania del régimen nazi era un país extremadamente seguro para la gran mayoría de la población alemana: salvo judíos, homosexuales, opositores políticos, etnia romaní y otros grupos minoritarios, más de 60 millones de alemanes gozaban de una seguridad envidiable», han argumentado los jueces boloñeses.
Las críticas continúan también desde la oposición. «Está derrochando millones para que agentes de policía vivan en resorts turísticos», se ha quejado la líder del Partido Democrático, Elly Schlein. «Es un escándalo que continúa a costa de los contribuyentes italianos», ha añadido. «Los escandalosos son ustedes», ha respondido Meloni.
En este contexto, el buque militar Libra, que ya participó en el primer traslado, ha abandonado en los últimos días el puerto italiano en el que se encontraba, presumiblemente para posicionarse en aguas cercanas a la isla de Lampedusa, donde es posible que se produzcan nuevos rescates al reactivarse las salidas desde Túnez y Libia. Si esto ocurre, una parte de los rescatados serían enviados primero al centro de primera acogida de Schengjin y, posteriormente, al de Gjader, que actualmente está vacío y donde no se espera la llegada de más de 30-40 personas, por motivos de seguridad y debido a que el Libra no es un buque con mucho espacio.
