Estados Unidos ha expresado su «rechazo fundamental» a las órdenes de arresto emitidas este jueves por el Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, y Yoav Gallant, que fue su ministro de Defensa y ha mostrado su «profunda preocupación por la precipitación del fiscal para buscar órdenes de arresto y por los problemáticos errores del proceso que llevaron a esta decisión”.
Esa ha sido la declaración oficial que ha lanzado primero un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU y que ha repetido después en rueda de prensa en la Casa Blanca la portavoz del gobierno de Joe Biden, Karine Jean-Pierre. Esta, al ser preguntada por esos supuestos «errores» del proceso, ha cuestionado la «credibilidad» del fiscal en este caso, Karim Khan.
Para esa crítica, Jean-Pierre ha asegurado que el fiscal ha tratado a Israel de forma diferente a «cómo ha tratado a otros, incluyendo a Nicolás Maduro» y ha denunciado que «no dio a Israel una oportunidad significativa de involucrarse de forma constructiva ni consideró de forma adecuada procesos nacionales».
La portavoz de Biden ha reiterado la posición oficial de EEUU de que “el TPI no tiene jurisdicción en esta materia” y ha asegurado que Washington, “en coordinación con aliados, incluyendo Israel», decidirá «los próximos pasos”.
«No vamos a ejecutar ninguna orden de arresto», ha dicho también Jean-Pierre, que no ha querido entrar a valorar los anuncios hechos por otras naciones como Francia, Países Bajos, Italia o Canadá de que sí acatarán la orden de arresto del TPI.
Otras reacciones
Antes de que compareciera Jean-Pierre la noticia ya había provocado otras reacciones de políticos en EEUU, incluyendo el congresista Mike Waltz, al que Donald Trump ha escogido como asesor de Seguridad Nacional para su segundo mandato, y que ha atacado a la Corte.
“El TPI no tiene credibilidad y las acusaciones han sido desmentidas por el gobierno de EEUU”, ha escrito Waltz en X. “Israel ha defendido legalmente sus fronteras y a su pueblo de terroristas genocidas”, ha dicho también, prometiéndonoslos una “fuerte respuesta al antisemitismo del TPI y de Naciones Unidas a partir de enero”, cuando Trump toma posesión.
El senador republicano Lindsey Graham, mientras, ha pedido al gobierno de EEUU que sancione a cargos del TPI, algo que Trump ya hizo en su primer mandato pero que Biden revirtió al llegar a la Casa Blanca. La Cámara de Representantes aprobó en junio un proyecto de ley para imponer castigos a cargos del TPI pero el Senado, hasta enero bajo control demócrata, no ha sometido la iniciativa a votación.
Míchigan
Otros, en cambio, han dado la bienvenida a la decisión del TPI. En Dearborn, la ciudad de Míchigan con la mayor concentración de población árabe-estadounidense, el alcalde demócrata, Abdullah Hammoud, de origen libanés, ha asegurado que su localidad aplicaría las órdenes de arresto si Netanyahu o Gallant entraran en sus límites.
“Otras ciudades deberían hacer la misma declaración”, ha escrito Hammoud en un mensaje en la red social X. “Nuestro presidente puede no tomar acciones pero los líderes municipales pueden asegurar que Netanyahu y otros criminales de guerra no son bienvenidos par moverse libremente por EEUU”, ha dicho, aunque dado que Washington no reconoce la jurisdicción del TPI en territorio estadounidense es dudoso que autoridades municipales pudieran llevar a cabo un arresto.
Hammoud también ha replicado un mensaje que apuntaba a la «hispocresía» de Washington recogiendo noticias de Biden celebrando la decisión que en 2023 tomó el TPI de declarar criminal de guerra a Vladimir Putin y de su secretario de Estado, Antony Blinken, urgiendo a todos los países miembros a cumplir con la orden de arresto del líder ruso.
