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Unos 100.000 seguidores del exprimer ministro de Pakistán Imran Khan han entrado ya en Islamabad para exigir su liberación, pese a las barricadas y la presencia policial. La confluencia de su arrojo y de las órdenes a la policía de que dispare sin preguntar empuja a Pakistán a unas horas críticas. Al menos un agente ha muerto y varios han resultado heridos, según fuentes oficiales. Médicos de un hospital de la capital hablan de cinco muertos, testigos aseguran que un coche arrolló a la multitud y la prensa internacional certifica decenas de vehículos policiales calcinados. Es complicado orientarse en la nebulosa informativa porque el Gobierno ha ordenado el apagón de internet.
La crisis le ha estallado al Gobierno de Shehbaz Sharif cuando estaba de visita oficial su homólogo bielorruso, Aleksandr Lukashenko. Khan, líder del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), emitió desde la cárcel una “llamada final” para que sus seguidores emprendieran la “larga marcha”. Una caravana de vehículos liderada por su esposa, Bushra Bibi, partió el domingo desde Peshawar, feudo del PTI, con destino a la capital. Todos los esfuerzos gubernamentales por frenarla han fracasado.
El Gobierno paquistaní ha arrestado a miles de sus seguidores en las provincias del Punjab y Khyber Pakhtunkhwa tan pronto fue convocada la marcha, ha bloqueado las carreteras de acceso con contenedores de carga, suspendido el transporte público y desplegado a miles de policías. Por ahora han disparado balas de goma y gas lacrimógeno para dispersarlos. El Gobierno ha aclarado que podrán abrir fuego y amenazado con enviar también al Ejército si cruzan la línea. “Los soldados podrían disparar y no quedaría ni un manifestante en cinco minutos”, elucubraba hoy Mohsin Naqvi, ministro de Interior.
La marcha había alcanzado el domingo los suburbios y hoy ya ha entrado en la capital con destino a la zona céntrica donde se junta el poder político y judicial del país. Esa es la línea, delimitada con barricadas y policías en recios uniformes, que el Gobierno ha prometido defender con sangre. No parecen asustados los fieles a Khan, a los que el Gobierno ha ofrecido en el último momento unas instalaciones a las que trasladar sus protestas. Los manifestantes exigen la liberación de Khan y de sus seguidores por considerarles presos políticos. También quieren anular la nueva enmienda constitucional que concede más poder al Gobierno para nombrar los jueces que lidiarán con casos políticos.
Khan, una gloria nacional del críquet, fue descabalgado del Gobierno en una moción de censura en 2022. A sus 71 años aún representa el anhelo de cambio de la juventud paquistaní. En las semanas previas a las elecciones de febrero fue condenado a decenas de años de cárcel por múltiples cargos, entre ellos corrupción y revelación de secretos. Su partido concurrió a las elecciones con la prohibición del uso del icónico bate de crícket en las papeletas, lo que dificultó su identificación a los iletrados, y con los discursos prohibidos de sus representantes en los medios de comunicación. Aún así se alzó con una inesperada victoria pero las formaciones derrotadas se aliaron en un gobierno de coalición que satisfizo al todopoderoso Ejército. Khan ha denunciado desde entonces un presunto pucherazo y “el robo del mandato del pueblo”.
Shehbaz Sharif, líder de la Liga Musulmana de Pakistán, asumió el cargo de primer ministro con la misión de traer la estabilidad política. “No será una misión fácil”, alertó. El Gobierno sostiene que son legítimos todos los cargos legales contra Khan, alrededor de un centenar, y le acusa de generar el caos con sus llamadas a las protestas.
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