Irlanda acude este viernes a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento y al Gobierno de los próximos cinco años. Una cita que se produce en un ambiente de creciente crispación social, con una parte de la población con cada vez más dificultades para acceder a una vivienda y con un rechazo generalizado hacia las políticas actuales de acogida de inmigrantes. El primer ministro, Simon Harris, aspira a renovar la coalición de centroderecha que ha gobernado el país desde 2020, formada por su partido, el Fine Gael, junto a su rival histórico, el Fianna Fáil, y los Verdes. En frente tendrán a un Sinn Féin –durante décadas el brazo político de los terroristas del IRA– que se encuentra en horas bajas tras más de tres años liderando con holgura las encuestas.
Todo apunta a que tanto el Fine Gael como el Fianna Fáil –con una estimación de voto cercana al 20% cada uno– revalidarán su acuerdo de Gobierno, que incluyó en la pasada legislatura una alternancia en el cargo de primer ministro. Tanto Harris como el líder del Fianna Fáil, Michéal Martin, han evitado atacarse mutuamente durante la campaña, en lo que ha sido interpretado como una clara muestra de sus intenciones. Sin embargo, los tropiezos de Harris en los últimos días, especialmente su enfado ante las cámaras con una cuidadora social que le recriminó no haber hecho nada para proteger a su sector, le han costado algunos puntos en las encuestas y podrían poner dificultades a los tres socios para lograr la mayoría necesaria, de 88 representantes en el Parlamento.
Vivienda e inmigración
Los líderes de la coalición confían en que las últimas medidas aprobadas por el Gobierno ayuden a convencer al electorado. Harris ha incluido una bajada de impuestos en los últimos presupuestos y se ha visto beneficiado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra Apple, emitida en septiembre, que ha obligado a la multinacional estadounidense a desembolsar 14.000 millones al Estado irlandés para compensar las ventajas fiscales recibidas en el país. El Ejecutivo también se ha comprometido a construir más de 300.000 viviendas antes de 2030 para contener la escalada de los precios, uno de los asuntos que más preocupa a los irlandeses junto con la inmigración.
El actual primer ministro ha prometido una mayor «firmeza» en las políticas de asilo, en un intento de contener la escalada de violencia alentada por agitadores de extrema derecha en los últimos dos años. La llegada de más de 100.000 refugiados ucranianos, así como el aumento en más de un 50% de las solicitudes de asilo respecto a 2023, han provocado indignación en un sector de la población golpeado por el aumento del coste de la vida y por la crisis de la vivienda. Los ataques contra hoteles y otros alojamientos temporales de inmigrantes han puesto en alerta a las autoridades y han dado alas a candidatos independientes de extrema derecha en las circunscripciones más afectadas por estas políticas.
Sinn Féin debilitado
A pesar del creciente descontento con el Gobierno por los precios de la vivienda y por la llegada de refugiados al país, los nacionalistas del Sinn Féin no han logrado capitalizar esta indignación. El partido liderado por Mary Lou McDonald llegó a contar con un 36% de la intención de voto a mediados de 2022, pero los escándalos internos y las dificultades para posicionarse en materia migratoria, debido a su base electoral heterogénea, han puesto muy cuesta arriba las posibilidades de hacerse con el Gobierno de Irlanda por primera vez en su historia. El partido ha logrado remontar ligeramente en las encuestas en los últimos días y sigue contando con opciones de lograr una victoria por la mínima –con cerca de un 20% de los votos–, pero incluso en este escenario tendrá muchas dificultades para armar una mayoría parlamentaria que le permita gobernar.
Las pocas posibilidades de éxito del Sinn Féin han alejado la posibilidad de que la formación consiga el poder simultáneamente en Irlanda y en Irlanda del Norte. El nombramiento de la candidata de la formación nacionalista, Michelle O’Neill, como ministra principal en Belfast el pasado febrero –en una región dominada hasta entonces por los partidos unionistas británicos– abrió las puertas al debate sobre la reunificación de Irlanda a través de un referéndum. Una consulta popular que los representantes del Sinn Féin aspiraban a poner sobre la mesa con dos gobiernos nacionalistas a ambos lados de la frontera, a pesar de que su celebración requiere de la autorización previa del Parlamento británico. En caso de confirmarse, la renovación de la coalición de centroderecha tras las elecciones de este viernes pondrá nuevos palos en la rueda a esas aspiraciones.
