El Parlamento británico ha dado este viernes un paso importante hacia la aprobación definitiva de la ley de muerte asistida en Inglaterra y Gales. Los miembros de la Cámara de los Comunes han dado luz verde a la norma en una primera votación, con 330 votos a favor y 275 en contra, tras un profundo debate de más de cinco horas con argumentos a favor y en contra. La votación ha allanado el camino a la validación del texto en los próximos meses, aunque todavía está pendiente de la introducción de enmiendas y del escrutinio de la Cámara de los Lores. Es la tercera vez que el Parlamento británico trata de aprobar la muerte asistida en las últimas tres décadas, tras dos intentos fallidos en 1997 y en 2015.
La norma, introducida por la diputada laborista Kim Leadbeater, será una de las más restrictivas del mundo en caso de ser aprobada definitivamente. Sólo las personas mayores de edad que padezcan una enfermedad terminal, que se encuentren en plenas facultades mentales y que tengan un pronóstico inferior a los seis meses de vida podrán solicitarla. Además, el paciente deberá firmar dos declaraciones distintas expresando su deseo y deberá recibir la autorización de dos médicos independientes y de un juez del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Sólo entonces el médico podrá preparar la sustancia letal, aunque será el enfermo quien deberá administrársela.
Debate profundo
Los partidos han dado libertad de voto a sus diputados, algo que ha generado una enorme incertidumbre hasta el momento de la votación. Los detractores de la norma han mostrado sus reservas ante la posibilidad de que los pacientes puedan ser coaccionados a la hora de decidir quitarse la vida. “Somos los encargados de proteger a los más vulnerables de la sociedad de cualquier daño y, sin embargo, estamos a punto de abandonar ese papel”, ha dicho durante el debate el diputado conservador Danny Kruger, quien ha alertado además de las dificultades que tienen los médicos para pronosticar con precisión el tiempo de vida de los pacientes.
Los defensores de la norma, sin embargo, han insistido en que existen mecanismos suficientes para detectar las posibles coacciones y han recordado que el texto incluye penas de hasta 14 años de cárcel para las personas que traten de ejercer presiones sobre los pacientes. “En este momento nadie comprueba si los enfermos se quitan la vida porque sienten que son una carga o porque han sido coaccionados. Creo firmemente que las salvaguardas que se incorporan al proyecto de ley crearán seguridad. Estamos involucrando a los médicos y a jueces del Tribunal Superior de Justicia en el proceso. Esto es mucho más eficiente y sólido que la situación actual para tantas personas que están luchando”, ha asegurado Leadbeater.
Disparidad de opiniones
El debate ha evidenciado las divisiones en esta materia dentro de los partidos y del propio Gobierno. Tanto el primer ministro, Keir Starmer, como la ministra de Economía, Rachel Reeves, han votado a favor de la norma, mientras que otros miembros destacados del Ejecutivo, entre ellos el ministro de Sanidad, Wes Streeting, se han opuesto. Un debate que también ha alcanzado a exprimeros ministros como David Cameron o Rishi Sunak, quienes han defendido la aprobación del texto. “Cuando sabemos que no hay cura; cuando sabemos que la muerte es inminente; cuando los pacientes entran en un periodo final y agudo de agonía, entonces seguramente, si pueden evitarlo y –crucialmente– quieren evitarlo, deberíamos dejarles tomar esa decisión” ha asegurado Cameron, quien votó en contra de la muerte asistida en 2015, en una columna publicada en el diario ‘The Times’.
En el lado opuesto se han posicionado otros antiguos jefes de Gobierno, entre ellos Gordon Brown, Theresa May o Boris Johnson. El propio Johnson ha reconocido esta semana que los pacientes necesitan un trato “humano y compasivo”, pero ha alertado de que el proyecto de ley supone una “industrialización del suicidio” patrocinada por el Estado.
A pesar de las fuertes divisiones evidenciadas este viernes en el Parlamento –y fuera de él– en esta materia, lo cierto es que la muerte asistida cuenta con un amplio apoyo de la población británica. Según una encuesta publicada la semana pasada por el instituto demoscópico YouGov, un 59% de la ciudadanía se muestra a favor de cambiar la ley, frente a un 19% que se posiciona en contra. Los defensores del texto han insistido en que todavía hay margen para lograr un consenso aún mayor y han invitado a los miembros del Parlamento a proponer enmiendas para mejorar el proyecto antes de su aprobación definitiva.
