El Parlamento de Australia aprobó este jueves un polémico paquete de leyes sobre inmigración que otorga amplios poderes al gobierno y le permite pagar a otros países para que acepten migrantes, algunos con antecedentes penales, cuya deportación a sus naciones de origen es inviable.
La medida salió adelante durante una frenética jornada en el Senado, en la que se votaron casi una treintena de leyes, gracias al apoyo de los representantes de gubernamental Partido Laborista y la coalición conservadora en la oposición.
Entre las leyes aprobadas destaca una que le otorga al Gobierno australiano inmunidad frente a futuras demandas de personas perjudicadas al ser deportadas; u otra que permite un mayor control en los centros de detención para migrantes.
El Partido Verde, crítico con estas leyes, denunció ayer que este paso abre la puerta para que Australia pueda «sobornar» a otras naciones para que acoja hasta 80.000 extranjeros que se encuentra en Australia y «coloca barreras permanentes entre las comunidades de la diáspora y sus familias y comunidades extendidas», en un comunicado.
La propuesta legislativa fue presentada en el Parlamento a raíz de una controvertida decisión del Tribunal Superior de Australia que a principios de mes declaró ilegal la imposición de dispositivos de vigilancia electrónica y toques de queda a más de 200 inmigrantes indocumentados que habían sido puestos en libertad el año pasado.
Esta decisión afecta a algunos inmigrantes con historial delictivo que fueron liberados en 2023 de los centros de detención para migrantes, al estimar que su deportación era inviable y, por tanto, se exponían a una privación de libertad indefinida.
Según información oficial, entre estos inmigrantes liberados: 12 cumplieron condenas por asesinato o intento de asesinato, 66 por delitos sexuales, 97 por asalto y 15 por violencia doméstica, entre otros delitos.
La histórica decisión del año pasado decidió la suerte de NZYQ, un hombre rohinyá -una etnia birmania no reconocida por las autoridades de su país-, que se enfrentaba a la posibilidad de ser detenido de por vida porque ningún país había aceptado reubicarlo tras cumplir en Australia una condena de 10 años de prisión por delitos sexuales contra menores.
En el pasado Australia ya mantuvo una férrea política contra la inmigración indocumentada, en la que destacan los centros de procesamiento de inmigrantes en países terceros, como Nauru o Papúa Nueva Guinea, que fueron criticados por Naciones Unidas y que estuvieron por última vez en funcionamiento entre 2013 y 2019.
