«El país cambió, que ha regresado la paz y que las mafias tienen las horas contadas«, se ha jactado el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien acaba de cumplir un año en el poder. Las noticias refutan a diario a un Gobierno que enfrenta tres severas crisis a la vez: energética, con apagones de hasta 14 horas, y de seguridad. A eso se le suman los problemas derivados de la destitución de hecho de la vicepresidenta, Verónica Abad. El asesinato el pasado viernes del subjefe de seguridad de la cárcel de Cotopaxi, Olger Moreno, no hizo más que ensanchar la distancia entre las palabras oficiales y los hechos delictivos. Moreno recibió dos disparos en la cabeza a plena luz del día y a pocos kilómetros de la unidad penitenciaria, una de las más peligrosas de ese país.
La osadía de los sicarios en medio de la militarización de las calles sorprende a los analistas. A menos de dos meses de haber asumido, Noboa declaró la situación de «conflicto armado interno» para hacer frente a la violencia desatada en cárceles y calles. Poco antes del asesinato de Moreno, la Policía Antinarcóticos de Ecuador había decomisado 818 kilos de cocaína ocultos en un contenedor en el puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil, una de las vías que utiliza el narcotráfico para sacar la droga. A la vez, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la unidad penitenciaria del Estado, había informado sobre la reubicación de 1.193 reclusos de dos prisiones de la región central andina del país. Parte de los internos de Cotopaxi fueron trasladados a una cárcel de la vecina provincia de Tungurahua, y viceversa.
Numerosas prisiones se encuentran están bajo control del Ejército, pero el rigor castrense no ha puesto fin a ciertos niveles de autonomía en su interior de los condenados. En las unidades penitenciarias fueron asesinados entre 2021 y 2023 más de 500 reclusos como parte de las disputas entre bandas no solo del territorio carcelario sino de las ciudades donde tienen presencia. La violencia carcelaria se irradia por esas razones a las calles. Ecuador es en la actualidad el país latinoamericano con la tasa más alta de homicidios: 47,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2023.
El «conflicto armado interno» se ha plagado de arbitrariedades perpetradas por el Estado. Han crecido los arrestos de adolescentes e incluso niños. Amnistía Internacional ha advertido recientemente que «las políticas de seguridad actuales no se ajustan a las normas de derechos humanos».
Adolescencia y narcotráfico
En medio de ciudades a oscuras, y un mundo del trabajo marcado por la informalidad y una pobreza del 26% en las zonas urbanas, la Universidad Técnica de Machala, en el sur del país, ha realizado una investigación de conclusiones alarmantes sobre la base de datos de la policía: el 60% de los miembros de las bandas de narcotraficantes son adolescentes. Durante un reciente seminario, los especialistas pusieron el acento en los factores sociales, económicos y culturales que facilitan la captación de jóvenes por parte de esos grupos. «Los adolescentes siguen siendo uno de los sectores más vulnerables, especialmente cuando provienen de entornos de alta vulnerabilidad social», dijo Joffre Rodríguez. «Si no logramos sensibilizar a la sociedad sobre los peligros del reclutamiento de menores, los grupos delictivos seguirán creciendo», advirtió.
Iván Aguilar, representante de la Policía Nacional en ese encuentro reconoció que «en muchos casos, las bandas buscan a los jóvenes porque son más fáciles de manipular y menos propensos a recibir castigos severos. Esto les da una ventaja estratégica frente a la ley». En barrios marginales o zonas aledañas a los puertos se encuentra el caldo de cultivo de «soldaditos» del narcotráfico. «La pobreza y la exclusión social son tan profundas que los jóvenes ven en la delincuencia una forma de sobrevivir», dijo al respecto Aguilar.
Arrestos en Tarragona
En este contexto, la fuerza de seguridad informó que fueron detenidos nada menos que en Segur de Calafell, en Tarragona, dos cabecillas de la banda «Los Tiguerones», la segunda en importancia en Ecuador. La Guardia Civil y la Policía ecuatoriana capturaron a William Joffre Alcívar Bautista, alias «Comandante Willy», a quien se le atribuye el asesinato del fiscal ecuatoriano César Suárez cuando investigaba el resonante asalto a un canal de televisión por parte de un comando armado de ese grupo. De acuerdo con el diario El Comercio también ha sido arrestado su hermano, Alex Alcívar Bautista, alias «Ronco». «Comandante Willy»
