El Tribunal Supremo argentino dictaminó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner debe enfrentar un juicio oral y público por haber intentado llegar a un acuerdo con Irán para tratar de avanzar en el esclarecimiento del atentado antisemita que mató en la ciudad de Buenos Aires el 18 de julio de 1994 a 85 personas e hirió a otras 125. Su Gobierno había suscrito con Teherán un entendimiento relacionado con la investigación de la bomba colocada en la mutual de la comunidad judía de la capital. El acuerdo, que fue aprobado en 2013 por el Congreso, contemplaba la creación de una Comisión de la Verdad para analizar los hechos desgarradores y, además, la posibilidad de interrogar a los iraníes sospechosos de haber participado en el ataque sobre quienes pesaba una alerta roja de Interpol. El Gobierno iraní nunca cumplió su parte.
El fiscal Alberto Nisman, quien en principio respaldo el entendimiento, denunció después, a tono con la dirigencia de la comunidad judía e Israel, que buscaba en rigor extender un manto de impunidad sobre los autores del atentado. Tel Aviv acusó de entrada a Irán, a pesar de indicios que apuntaban a lo que se conoció en su momento como «la pista siria». Nisman murió en enero de 2015. Para el antikirchnerismo fue asesinado aunque numerosos indicios apuntaron a un suicidio. El deceso nunca ha sido debidamente esclarecido. Lo mismo ha ocurrido con la causa AMIA, tres décadas después.
En este contexto se pronunciaron los integrantes del Supremo Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los cuatro rechazaron un recurso presentado por la expresidenta para evitar el juicio oral y público. Fernández Kirchner acaba de ser condenada en segunda instancia a seis años de prisión y la prohibición perpetua a ejercer cargos públicos en una causa por corrupción en la obra pública.
La líder del Partido Justicialista (peronista) sostiene que es una forma de proscribirla sobre la base de la politización de los tribunales. El nuevo pronunciamiento de la más alta autoridad judicial se conoce en momentos que Fernández de Kirchner especula con presentarse en las elecciones parlamentarias de 2025 como un factor aglutinante de los opositores al ultraderechista Javier Milei.
Argumentos
Según la defensa de la expresidenta, el Supremo se abstuvo de valorar las pruebas del expediente y descartó de que un juicio de esta naturaliza revista «gravedad institucional», como sostienen los abogados.
La causa sobre el Memorandum de Entendimiento había sido elevada a juicio oral en 2018, mientras gobernaba el derechista Mauricio Macri. Sin embargo, tres años después, el Tribunal Oral Federal 8 concluyó que no hubo delito y, por lo tanto, no podía tener lugar un juicio. Las entidades de la comunidad judía apelaron con éxito el dictamen el año pasado.
El máximo tribunal avaló de esta manera la decisión que había tomado un tribunal de segunda instancia que revocó los sobreseimientos de todos los acusados y ordenó que se avance hacia la etapa de juicio. Al respecto, los supremos señalaron que la Sala I de la Cámara Federal de la Casación Penal «sostuvo que la hipótesis delictiva postulada por las acusaciones no se reducía a la suscripción de un tratado internacional, sino que tal circunstancia debía ser valorada en conjunto con las negociaciones realizadas por ‘canales paralelos’ a los carriles funcionales y que vehiculizaban el fin ilícito sostenido por las acusaciones, consistente en dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes a los que se les atribuye el atentado a la AMIA».
