Más de 4.600 niños fueron detenidos y separados a la fuerza de sus familias en la frontera sur del país durante la administración de Donald Trump. Seis años después, cerca de un tercio de ellos, 1.360 menores, siguen en paradero desconocido y nunca se han reunido con sus padres. Estos son los alarmantes datos que saca a la luz un informe de Human Rights Watch publicado este lunes que, además, señala que el Gobierno de Estados Unidos separó deliberadamente a los niños de sus padres como medida disuasoria para que otros migrantes no intentaran siquiera entrar irregularmente en el país.
«Presumiblemente, el Gobierno sabe dónde están los niños, pero nunca ha elaborado un informe detallado sobre ello», explica a EL PERIÓDICO Michael García Bochenek, asesor principal sobre derechos de la infancia de Human Rights Watch y autor del informe. «Un gobierno nunca debería utilizar a los niños para enviar un mensaje a los padres«, añade.
El Ejecutivo estadounidense se negó a revelar a los padres las circunstancias y el paradero de sus hijos, en muchos casos durante días o semanas, según el reciente informe. Esto se ajustaría a la definición de «desaparición forzosa» según el estudio en el que también han participado el Texas Civil Rights Project (TCRP) y la Lowenstein International Human Rights Clinic de la Facultad de Derecho de Yale. Estas separaciones forzosas de familias también podrían haber constituido un crimen de tortura, entendido como la imposición intencionada de graves sufrimientos con un fin indebido por parte de un agente estatal. «Incluso un solo caso de desaparición forzada o tortura constituye un delito según el derecho internacional», señala el informe.
Los documentos políticos y correos electrónicos gubernamentales analizados por la oenegé revelan la intervención de altos funcionarios para mantener a los niños separados de sus padres incluso cuando las agencias federales empezaron a tratar de reunir a las familias rápidamente. Además, los menores y sus padres entrevistados por la organización describieron haber sufrido angustia intensa, ansiedad profunda y otros traumas diagnosticados.
El retorno de Trump
«La Administración entrante de Trump ha dicho que volverá a las políticas de su primer mandato de hostilidad hacia el migrante. Y ha avisado de que será incluso más represivo«, ha señalado García Bochenek. Para evitar que esa dureza en la frontera se traduzca necesariamente en la separación de familias, Human Rights Watch pide que esos altos funcionarios que participaron de estas políticas no puedan volver a optar a un cargo público. Para ello, apela al Senado de EEUU a ejercer su poder de rechazar a los candidatos que el presidente electo ha nominado para su gabinete.
Muy al contrario, todo apunta a que los principales cargos en política migratoria serán ocupados por fieles trumpistas del ala más dura. Destacan el recientemente nombrado ‘zar de la frontera‘ de Trump, Thomas Homan, y Matthew Whitaker, a quien Trump quiere nombrar embajador de EEUU ante la OTAN. Además, Stephen Miller, que fue asesor de Trump y le ayudó a diseñar la prohibición de entrada en EEUU a ciudadanos de países predominantemente musulmanes en 2017 y abogó por el cierre de la frontera a los solicitantes de asilo alegando motivos de salud pública, aspira a ser jefe de gabinete de la Casa Blanca.
Las brechas del sistema
Por qué esta separación familiar se produjo en primer lugar y cómo evitarla es la principal pregunta a la que ha tratado de responder el Grupo de trabajo sobre reagrupación familiar que estableció el presidente Joe Biden en 2021. La Administración de su predecesor republicano alegó que los centros de detención de migrantes en EEUU están en tan pobres condiciones que no son aptos para alojar a niños que, en cambio, fueron mandados a centros de acogida de menores.
Sin embargo, el intento del Gobierno de Biden de dar un respiro a las familias en la frontera ha dado resultados solo a medias. En los últimos cuatro años, se han aprobado algunas medidas de reparación que si bien no han llegado a todos los afectados, ha permitido conceder un status temporal para que los padres que fueron separados de sus hijos puedan quedarse y trabajar mientras se reabrían sus peticiones de asilo. Sin embargo, igual que el presidente demócrata Barack Obama fue el que más deportó de la historia moderna de EEUU, con Biden, de su mismo partido, tampoco se ha atajado el problema.
«La separación familiar ha decrecido con Biden pero se sigue produciendo y siempre se ha producido», dice García Bochenek, que apunta a que los familiares que no son los progenitores (abuelos, tíos, hermanos) no están amparados por la ley actual. Además, iniciativas como la del grupo de trabajo para la reagrupación familiar están en cuenta atrás, ya que se espera que Trump lo disuelva al tomar posesión en la Casa Blanca.
