«Son como las setas: crecen en la oscuridad. Cuanto más ignora la comunidad internacional la crisis de Myanmar, más peligrosas se vuelven las cosas para la población civil», explica a EL PERIÓDICO Thomas Andrews, el relator especial de Naciones Unidas para Myanmar. Su diagnóstico se replica en todos esos países en conflicto a los que los medios de comunicación no han prestado suficiente atención este 2024 por haber quedado a la sombra de las guerras Gaza y Ucrania.
Este año, «200.000 sucesos conflictivos han sacudido el mundo, el doble que hace cinco años«, según el último informe de la Base de Datos para la Localización de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), que ha contabilizado más de 233.000 fallecidos según fuentes oficiales, aunque la cifra se dispararía con las muertes que no son registradas en ninguna parte. Pero el valor añadido del reputado ránking de países más violentos que elabora ACLED es que va más allá de las cifras absolutas. Por ejemplo, el año pasado ya señalaba a Siria como el tercer país más preocupante, debido a indicadores como cuán mortíferos son los ataques, cuán a menudo los civiles son el objetivo, cómo de fragmentada está la sociedad y cuáles son las perspectivas de resolución.
Además, los conflictos armados a menudo se solapan con crisis humanitarias. «El hambre es un arma de guerra, y es bastante eficaz», explica a este diario Elise Nalbandian, responsable de Oxfam en África, refiriéndose a Sudán, pero también aplicable a muchos otros países, ya que el bloqueo de ayuda humanitaria no es exclusivo de Israel en Gaza. Con la intención de dar visibilidad a los conflictos olvidados, ignorados o en la sombra, a continuación hacemos un repaso de los focos más activos que han quedado este año:
«Estamos viendo muchos ataques a civiles y un bloqueo deliberado de la ayuda humanitaria. Las necesidades son masivas«, explica EL PERIÓDICO Esperanza Santos, coordinadora de emergencias en Sudán de Médicos Sin Fronteras (MSF), una de las pocas organizaciones internacionales que sigue trabajando dentro del país. La guerra civil estalló hace un año y medio entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido en Jartum, y para entrar en las zonas disputadas hace falta la aprobación de ambas partes, pero a menudo una retira el permiso si la otra lo da.
«Atendemos a víctimas directas de la guerra, desde heridas de metralla a violaciones, pero faltan medicinas, personal y material», dice Santos, pero el problema es que el 80% de las estructuras sanitarias del país no están funcionales, según la Organización Medial de la Salud.
Se calcula que ya han muerto 150.000 personas, y 3 millones (un tercio de la población) han huido del país, además de 11 millones de desplazados internos, creando la mayor crisis de desplazados del mundo. «Los refugiados nos cuentan algunas de las historias más desgarradoras que se pueden escuchar de un conflicto«, explica la representante de Oxfam, organización que no ha podido entrar en el país y ofrece apoyo a los que llegan a países vecinos.
«La situación en Somalia es muy grave«, explica Nalbandian, cuyo radio de acción abarca todo el continente. Aunque la mayoría se inician como guerras civiles, muchos conflictos escalan a nivel regional, y la acumulación de conflictos en la región dificulta encontrar dónde resguardarse. Por ejemplo, Etiopía, que colinda con Sudán al oeste y con Somalia al este, no es un lugar seguro para ninguno de sus dos vecinos porque atraviesa su propio conflicto.
El conflicto interno entre diferentes facciones políticas y militares en Somalia golpea a un país que en 2017 logró evitar la hambruna, pero las sequías acabaron con el ganado, el pilar de la economía somalí. La mitad de este país de 11 millones de habitantes depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir y una cuarta parte está desplazada.
«En Somalia, este tipo de combates ocurren todo el tiempo y la solución tiene que ser política, un poco como en Gaza. Nosotros hacemos todo lo posible por salvar vidas, pero no podemos resolver realmente un problema político interno«, añade la portavoz de Oxfam.
La guerra civil de Myanmar se ha recrudecido este año. «Ha aumentado el uso del terror en estos ataques. Tortura, violencia sexual…», explica Thomas Andrews, el relator especial de Naciones Unidas para Myanmar, que cuenta, entre disculpas por el horror de lo que narra, que la junta militar «entró en un pueblo, desmembró los cuerpos de las víctimas y clavaron las partes del cuerpo en estacas alrededor de la aldea para aterrorizar a los supervivientes«.
Las crisis se sobreponen. La devastación del ciclón Komen desplazó a 1,7 millones de personas en 2015. En este contexto, la persecución a la minoría musulmana de los rohingyas hizo que 750.000 personas buscaran refugio en Bangladés. Desde el golpe militar de las fuerzas armadas de Myanmar, han matado a más de 5.000 civiles y arrestado a más de 25.000 personas, según Amnistía Internacional aunque la cifra real es mucho más alta.
«Los militares están perdiendo terreno, lo cual sería una buena noticia para la gran mayoría de la población, pero ha llevado a esta escalada de violencia brutal y depravada contra los civiles», enfatiza Andrews. «Y lo están afrontando en la oscuridad. Yo informo regularmente al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas pero, aun así, el mundo no lo sabe», lamenta.
Los combates en Yemen han remitido en parte, pero el país sigue lejos de la paz y la situación humanitaria ha empeorado. La guerra civil abierta enfrenta a los rebeldes hutíes contra el Gobierno de Yemen, que cuenta con el apoyo de los saudíes y el reconocimiento de la comunidad internacional. La tregua alcanzada en abril de 2022 aún no se ha traducido en un acuerdo de paz.
El diálogo entre los hutíes y Arabia Saudí, junto con la normalización de relaciones entre Teherán y Riad, dio esperanzas a la salida del conflicto, pero las conversaciones han avanzado poco. El aumento de las tensiones regionales, los ataques de los hutíes a la navegación en el mar Rojo en respuesta a la guerra de Israel contra Hamás y los atentados de Al Qaeda en la Península Arábiga han complicado aún más los esfuerzos del proceso de paz.
Mientras tanto, 21,6 millones de personas necesitan ayuda, entre ellas 11 millones de niños, y más de 4,5 millones han sido desplazados, convirtiendo a Yemen en uno de los países más pobres de Oriente Próximo y el Norte de África.
«Para mí México no es un conflicto olvidado, sino uno que se ignora totalmente«, explica a EL PERIÓDICO Clionadh Raleigh, directora general de ACLED, la base de datos para la localización de conflictos armados, y autora principal del último informe. «Es increíblemente inconveniente para el Gobierno mexicano hablar de que enormes partes de ese país están bajo el control armado de los cárteles», señala, con tal de proteger el motor económico del turismo.
México es el cuarto país más violento del mundo, el séptimo más mortífero, y el segundo más peligroso para civiles, según ACLED, que contabilizó más de 8.100 víctimas mortales este año, 5.800 de ellas, civiles. «En Culiacán [oeste de México] en este momento hay una verdadera guerra civil entre los cárteles de Sinaloa. Los cadáveres se acumulan por cientos en las calles en cuestión de semanas«, denuncia Raleigh, que cuenta cómo su ponencia en la ONU fue censurada para que no hablara de México.
«Donde más ha aumentado la violencia este año es en países de renta media y alta con algún tipo de instituciones democráticas», concluye, como México, en cuyas recientes elecciones no se habló de los muertos.
La paz que Colombia firmó en 2016 todavía no se siente como tal en todo el país. «El presidente Juan Manuel Santos logró un acuerdo con la guerrilla más grande y poderosa [las FARC] pero no pudo garantizar la paz completa», explica a este diario Andrés Tafur, director del centro de estudios regionales de la Universidad de Tolima, una zona que fue muy golpeada por la violencia. Sin embargo, si Santos no logró una paz total fue porque las FARC no tenían un poder tan hegemónico como parecía, argumenta Tafur. El país ha continuado severamente fragmentado y la violencia prolifera y amenaza un equilibrio frágil.
En 2024 en Colombia la violencia entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados aumentó un 21%, sin embargo, los ataques a civiles disminuyeron, dando una tregua a la población, según el informe ACLED. «Colombia lleva casi los mismos años de guerra que de buscar la paz, con hasta 12 procesos de paz desde los 80 con el presidente Belisario Betancour hasta el día de hoy», señala Tafur.
Por su parte, el actual Gobierno de Gustavo Petro «no solo no ha podido negociar la paz total, con guerrillas criminalizadas y con políticos, sino que no pudo concluir un acuerdo con ningún grupo«, concluye Tafur.
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