Javier Milei definió a 2025 como el «Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina». El extertuliano televisivo que llegó a la presidencia para terminar con la «casta política» no solo se vale de ella para gobernar: también toma prestado sus eslóganes. Medio siglo atrás, un Gobierno de la derecha peronista se propuso también la «reconstrucción en paz» de este país. Meses más tarde llegó el golpe militar y el «proceso de reorganización nacional», cuyos principios económicos recupera la actual gestión. Al mismo tiempo, 2025 ha comenzado con dos hechos que profundizan el revisionismo histórico de aquellos años de horror. Milei ha avanzado en el desmantelamiento de la secretaría de Derechos Humanos. También se propone devolver a los militares el protagonismo en las tareas de seguridad interior, un papel que fue prohibido expresamente por el Congreso cuando se recuperaron las instituciones democráticas, el 10 de diciembre de 1983. Los miles de víctimas fatales de la represión ilegal, además del ejercicio sistemático de la tortura y el secuestro dieron fundamento al cuerpo legal que buscaba expresamente recortar el poder de las Fuerzas Armadas. Su rol se circunscribió desde entonces a la defensa de agresiones externas.
Unas 600 personas, entre empleados, funcionarios y abogados, han sido despedidos de la Secretaría de Derechos Humanos, un organismo que para las actuales autoridades carece de razón para existir. A la vez, esta semana se cerró el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti que funcionaba en las instalaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el campo de concentración que se levanta en una de las principales arterias de la ciudad de Buenos Aires, la avenida del Libertador, por donde pasaron unas 5.000 personas, en su mayoría desaparecidas entre 1976 y 1983. La ESMA ha sido declarada Patrimonio Mundial de la Unesco. Pero el movimiento de derechos humanos ha llegado a la conclusión de que el Gobierno utilizará esas instalaciones con otros fines políticos, además de barrer con las conquistas de las últimas dos décadas. «Lo que están haciendo es inhumano», dice Taty Almeida, la principal dirigente de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que tuvo un papel relevante durante la última dictadura (1976-83) sostuvo que estas decisiones «no hacen más que dar cuenta del grado de perversidad de un Gobierno que niega los crímenes del terrorismo de Estado y reivindica a sus responsables».
La ultraderecha no solo aspira a una revisión completa de los lacerantes años 70 en el plano simbólico. De un lado, promueve la reapertura de expedientes sobre acciones armadas de la guerrilla durante la dictadura. Pero, a la vez, Milei ha firmado dos decretos por los cuales las instituciones castrenses recuperan parte de las atribuciones del pasado.
«Agresiones terroristas»
El presidente tendrá en adelante la potestad de decidir las circunstancias que habilitarán la participación del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Bastará con que los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, pidan que los uniformados protejan un «objetivo de valor estratégico» que puede ser un «conjunto de instalaciones» o «entidades materiales de vital importancia para el Estado» ante la posibilidad de que sean «dañados parcialmente o destruidos», con el perjuicio «a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente». Una movilización o una huelga podrían ser en adelante considerados causales de esa participación. El otro aspecto medular del decreto está relacionado con las «amenazas terroristas». Las Fuerzas Armadas estarían en condiciones de entrar en acción ante la posibilidad de «agresiones» llevadas a cabo por «fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional, durante períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior». Entre las «amenazas» visualizadas por el Gobierno en el decreto se encuentran «la desestabilización del Estado y las instituciones democráticas». Ese peligro ya ha sido invocado meses atrás en el marco de las protestas contra las leyes que han permitido avanzar por la senda de las privatizaciones y la demolición de las legislaciones laboral y social. En julio pasado, el Gobierno habló de «intenciones golpistas» de esas manifestaciones.
La figura del «enemigo interno»
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió sobre las consecuencias de este punto de quiebre respecto de la tradición de las últimas cuatro décadas. A partir de ahora, «el presidente puede decidir la intervención de las Fuerzas Armadas en un conflicto o problema de seguridad interior». De esta manera, se encuentra en condiciones de «militarizar» los conflictos sociales. Para Manuel Tufró, del CELS, la ambigüedad del concepto «valor estratégico» es una «carta blanca» para devolver a los militares un protagonismo en asuntos de los que estaban excluidos. Las Fuerzas Armadas se transformarán en «fuerzas casi policiales«. De hecho, uno de los puntos más controvertidos del texto es el que otorga a los uniformados luz verde para «proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos». El giro político supone también una redefinición de las tareas de la inteligencia estatal que a los especialistas le recuerdan la figura del «enemigo interno» que tuvo tanta prevalencia décadas atrás. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, denunció que, bajo esta premisa, policías de civiles se infiltraron el pasado jueves en una marcha contra el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.
Tufró señaló al respecto: «arrastrar a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad es un objetivo puramente político declamado por este Gobierno y con riesgos institucionales evidentes. La agitación de indefinidas ´amenazas terroristas` es funcional al desborde de las FFAA hacia el ámbito de la seguridad interior». Esto sucede «sin debate político ni control institucional».
