La llegada de cayucos a Canarias por una de las rutas más peligrosas del mundo y la falta consensos para gestionar las llegadas de migrantes se han convertido en la principal mancha en el expediente de los derechos humanos en España. Ante esta situación, la organización internacional Human Rights Watch advierte de que «la coordinación gubernamental para recibir, reubicar e integrar» a las cerca de 64.000 personas que llegaron en 2024 a España de forma irregular fue «insuficiente».
En su informe anual, publicado este jueves, Human Rights Watch (HRW) señala las tensiones entre el Gobierno central y las autoridades regionales, especialmente en las islas Canarias, debido al aumento de llegadas por vía marítima y señala que el «fracaso» de las negociaciones para reformar el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas puede poner en riesgo sus derechos.
Además, el informe destaca la mortalidad de esta ruta migratoria, que ha resultado en el fallecimiento de más de 5.054 migrantes, entre ellos 50 menores de edad. «Son cifras demoledoras y nunca vamos a tener cifras exactas de la escala de esa tragedia. Hay que tomarlas muy en serio y buscar soluciones para poner en marcha rutas seguras«, explica Kartik Raj, investigador de la División de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. Además, añade que la desconexión entre las administraciones pone en riesgo los derechos de estas personas.
Aumento de la desigualdad
Otro de los grandes problemas de España es la desigualdad. En su informe anual de más de 500 páginas, HRW destaca un incremento en las tasas de pobreza, con un 26,5% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, el 9% de los españoles enfrentaron privación material o social severa, según los datos oficiales publicados en febrero de 2024. «Solo hay cinco países en la Unión Europea con estos niveles de pobreza. Y España siempre aparece en la lista. Es un problema crónico«, asegura Raj.
El análisis de la organización de derechos humanos alerta de que los hogares monoparentales, los nacionales de terceros países y las personas desempleadas son «más propensos de estar en riesgo de pobreza» y que existe un componente geográfico que sitúa a las regiones del sur y las islas Canarias como las más empobrecidas.
La organización resalta los esfuerzos por encontrar soluciones y subraya que el Gobierno ha mejorado el programa del ingreso mínimo vital, así como los cambios en el proceso burocrático que han facilitado el acceso a las ayudas. Sin embargo, critica que excluye a los jóvenes entre 18 y 22 años y a las personas que no pueden documentar un año continuo de residencia. «Cuando se trata de un país con altos niveles de pobreza y altos niveles de paro juvenil, tener una restricción así nos parece una exclusión arbitraria, que hay que cambiar», sostiene Raj.
El Estado de derecho
En cuanto a la legislación española, la investigación de HRW valora positivamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la aprobación o reforma de leyes como la ley de amnistía y ley de seguridad ciudadana de 2015.
Sin embargo, la entidad califica como «modestos» los planes del Gobierno para reformar la llamada ley mordaza que «restringe las libertades de expresión y de reunión, penaliza injustificadamente a algunos grupos vulnerables y permite devoluciones en caliente en las fronteras de España».
Por otro lado, HRW considera que la ley del solo sí es sí «tiene efectos mixtos» y que existe una «laguna controvertida» que permite reducir las penas de las personas condenadas por delitos sexuales. «También hay aspectos de la ley que no se están cumpliendo porque requiere centros de crisis en todas las comunidades autónomas y hemos visto un nivel de lentitud en poner en marcha estos centros», añade Raj.
El derecho a la vida en la época del clima extremo
Las catástrofes derivadas del clima extremo son una realidad que cada vez se vuelve más frecuente y peligrosa. Por ello, Human Rights Watch señala que la protección del derecho a la vida depende en gran medida de los planes de acción y la preparación ante las emergencias de cada país. En España, más de 2.000 personas murieron debido a temperaturas extremas y la DANA en Valencia dejó más 220 fallecidos.
Estas cifras, según la organización, generan «graves preocupaciones» sobre la capacidad para hacer frente a estas situaciones y de proteger la vida de los ciudadanos y, especialmente, de las personas mayores y las personas con discapacidad, que son las más afectadas por los desastres naturales.
