Taiwán ejecutó el jueves por la noche su primera pena de muerte en cinco años, provocando críticas de múltiples organismos de derechos humanos y de la Unión Europea (UE), que abogaban por mantener la moratoria de facto de este tipo de sentencia.
El ministro taiwanés de Justicia, Cheng Ming-chien, fue el encargado de firmar la sentencia de muerte contra Huang Lin-kai, de 32 años, quien fue condenado a la pena capital en 2017 por la violación y asesinato de su exnovia y por el asesinato de la madre de la víctima, según informó el Ministerio en un comunicado.
«La sentencia concluyó que los actos de Huang fueron crueles, desalmados y mostraron una falta total de humanidad, constituyendo una maldad extrema y una responsabilidad penal máxima. Además del trágico fallecimiento de las víctimas, el caso causó un dolor irreparable a sus familias y afectó gravemente la seguridad social», argumentó el Ministerio de Justicia.
La muerte de Huang tuvo lugar en el campo de ejecución del Centro de Detención de Taipéi y fue verificada conjuntamente por un fiscal y un médico forense, indicó el mismo comunicado. «El Ministerio ha llevado a cabo la ejecución con extrema precaución, asegurando que los procedimientos cumplieran los estándares más estrictos. Esto busca equilibrar los derechos de los condenados con los derechos de las víctimas y sus familias, manteniendo la severidad de la pena como último recurso», apuntó.
Esta pena de muerte, la primera ejecutada bajo el gobierno del soberanista William Lai, fue duramente criticada por numerosos organismos civiles, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que expresó su «profundo» pesar por la aplicación de esta sentencia. El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), por su parte, difundió un comunicado en el que instó a Taiwán a aplicar y mantener la moratoria de facto de este tipo de condena y a seguir una «política coherente encaminada a la abolición total de la pena de muerte».
Una pena de muerte constitucional
Esta ejecución ocurrió casi cuatro meses después de que el Tribunal Constitucional de Taiwán ratificara la constitucionalidad de la pena de muerte, aunque pidió restringir su uso a los crímenes más graves, como los asesinatos premeditados, y para aquellos casos que hayan tenido el proceso legal más riguroso. El fallo del máximo tribunal estuvo en línea con la postura de una sociedad taiwanesa que, pese a defender visiones progresistas en una amplia variedad de asuntos sociales, apoya el mantenimiento de la pena capital: cerca del 86% de los ciudadanos isleños está en contra de abolir la pena de muerte, según un estudio realizado por la Universidad Nacional Chung Cheng en 2023.
La última ejecución había tenido lugar el 1 de abril de 2020, durante la administración de la expresidenta Tsai Ing-wen (2016-2024). Actualmente hay 36 presos en el corredor de la muerte con sentencia firme en Taiwán.
