La nueva visión anunciada para la intervención prevista en el sector de Domingo Savio coloca sobre la mesa una estrategia para el rescate definitivo de toda la ribera del río Ozama, sustentado en la viabilidad técnica y la responsabilidad política.
Los ríos Ozama e Isabela han estado impactados por más de cincuenta años a la presión de la urbanización como resultado de la ocupación irracional de todo el territorio circundante a los mismos, traspasando el área de influencia de todo el sistema acuífero integrado por zonas inundables y suelos geológicamente inestables; estas condiciones sitúan en alto riesgo a un importante número de la población del Distrito Nacional y de toda el área metropolitana que reside en el área de influencia. Para tener una idea del alcance de esta situación, solo en los barrios que bordean el territorio político-administrativo del Distrito Nacional próximo a los ríos Ozama e Isabela se contabiliza un total de 169,109 habitantes (ONE 2010) lo cual representa un 17.52% de la población residente en la capital de la nación.
A pesar de las restricciones legales contenidas en leyes, decretos, resoluciones y ordenanzas municipales, la ocupación de este territorio continúa en aumento robusteciendo un gran problema para la capital de la nación; ya que al permitir que la población se localice en un territorio de alta vulnerabilidad también se consolida un lugar caracterizado por el hacinamiento, precariedades económicas, altos niveles de pobreza, deficiencia en el acceso a los servicios públicos y limitaciones en el acceso a oportunidades de trabajo reguladas, por lo tanto sustentados en un mercado informal para garantizar la subsistencia.
La impotencia y a veces indiferencia de las autoridades del nivel nacional y local, ha incidido en el desborde de la problemática que se genera en esta zona de la ciudad. El modelo de desarrollo que impulsa el robustecimiento de los principales centros urbanos, en detrimento de un desarrollo territorial sustentado en las potencialidades y limitaciones de cada lugar, presenta a la ciudad como el destino para elevar el nivel de calidad de vida, sin embargo, las precariedades de los individuos que se desplazan a los centros urbanos los obliga a localizarse en zonas informales regularmente vulnerables, similares a la superficie de la ribera del Ozama.
La propuesta de no construir viviendas en la franja de los doscientos setenta mil metros cuadrados (270,000 m) identificados en La Ciénaga y en Los Guandules, como parte del proyecto Domingo Savio es una declaración histórica que apunta al cambio en la política de ocupación del suelo impulsada por cualquier Gobierno dominicano en los últimos cincuenta años.
Más que el cambio anunciado de entregar una indemnización a los censados en lugar de una vivienda, la decisión del Gobierno dominicano coloca como prioridad la seguridad de la población por encima de cualquier otra política pública impulsada por el Estado. De igual manera esta declaración demuestra la importancia de ordenar el territorio dominicano, impidiendo la ocupación de una zona con riesgo de inundación y/o peligrosidad sísmica en el país, sin importar que el territorio se encuentre habitado o no.
De manera que la apuesta por una política pública de ocupación y uso de suelo sustentada en la seguridad, la gestión de riesgos, la competitividad económica y la calidad de vida de la población, permite diseñar una estrategia para el rescate definitivo de toda la ribera de los ríos Ozama e Isabela, y con ello contribuir al saneamiento de esta importante zona del país. Para avanzar en esta dirección se requiere una estrategia sustentada en cuatro grandes fases: en primer lugar limitar toda la zona de riesgo localizada en el área de influencia, en segundo lugar clasificar el suelo como no urbanizable a través de regulaciones vinculantes para toda la población, en tercer lugar limitar el suelo no urbanizable por un elemento físico que separe con claridad el espacio delimitado y finalmente liberar toda la zona de riesgo de manera definitiva. El éxito de este proceso podría impulsar procesos similares en otras zonas del país, afectadas por la ocupación irracional de zonas de alta vulnerabilidad.
La decisión de preservar la seguridad de la población, impulsando una política pública de ocupación del suelo responsable es un hito que debe potenciar una nueva etapa en la República Dominicana, a través de transformaciones legales e institucionales que garanticen que la gente no arriesgue su vida habitando en lugares de alta vulnerabilidad.
Vía : elcaribe.com.do
