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Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, el más grave de los crímenes del ordenamiento jurídico internacional. Esa es la conclusión a la que ha llegado Amnistía Internacional tras investigar la conducta de los militares israelíes y sus líderes políticos durante los primeros nueve meses del asalto sobre la Franja de Gaza, que está a punto de entrar en su decimocuarto mes sin que amaine el castigo colectivo contra su población. Hasta la fecha más de 44.000 palestinos han muerto en la ofensiva, lo que incluye 17.500 niños, y 105.000 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias del enclave. Amnistía no solo asegura haber encontrado elementos suficientes para concluir que “Israel ha cometido actos prohibidos por la Convención del Genocidio”, sino que “se cometieron con la intención específica de destruir a la población palestina de Gaza”.
Su dictamen se suma al de otras organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch o el Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio, que ya habían llegado a esa misma conclusión. Al igual que la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, o países como Sudáfrica, que a finales del año pasado presentó una demanda por genocidio contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia, el órgano judicial de Naciones Unidas. Como medida cautelar, sus magistrados ordenaron en mayo al Estado judío que “detenga inmediatamente su ofensiva militar” al considerar que hay “indicios plausibles de genocidio”. Pero Israel ha ignorado la orden.
Lo mismo que ha hecho con la orden de arresto emitida por el fiscal de la Corte Penal Internacional contra su primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, y el ex titular de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Esas órdenes también se dictaron contra líderes de Hamás por su responsabilidad en los ataques del 7 de octubre que pusieron en marcha esta última conflagración el 7 de octubre de 2023.
Violaciones de la Convención del Genocidio
En su informe, Amnistía sostiene que Israel ha incurrido en tres de los cinco actos constitutivos de genocidio, definido por el tratado que lo regula desde 1951 como “la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Concretamente, en “la matanza de miembros de la población palestina de Gaza”; en «lesiones graves a su integridad física o mental”; y en su «sometimiento a condiciones de existencia para acarrear su destrucción física”. Y recuerda que la jurisprudencia internacional, a la hora de definir la “destrucción parcial” de un grupo no impone ningún umbral en términos numéricos o de porcentajes. Le basta con que constituya una “parte sustancial del grupo” en cuestión, lo cual considera más que acreditado en este caso, teniendo en cuenta que en Gaza vivía casi el 40% de los palestinos de los Territorios Ocupados.
Sobre la “matanza de la población” y las “lesiones graves a su integridad física o mental”, su investigación sostiene que Israel ha estado lanzando “ataques directos contra civiles o instalaciones civiles” o “ataques deliberadamente indiscriminados”. De la quincena de bombardeos que pudo investigar, en ninguno de ello encontró pruebas de que fueran dirigidos contra objetivos militares, en contra de lo que suelen argumentar las autoridades israelíes. Y todos se perpetraron con “bombas de gran tamaño”, como las “JDAM” estadounidenses, “para causar un número muy elevado de muertes”. Y aunque reconoce que, Hamás y otros grupos armados palestinos pusieron en peligro a los civiles al operar desde zonas residenciales, “su conducta no exime a Israel de sus obligaciones”.
Destrucción sin precedentes en el siglo XXI
El resultado de ese “patrón de conducta” lo reflejan las cifras. De los más de 40.000 muertos registrados hasta la elaboración de su informe, casi el 60% son niños, mujeres o ancianos. Entre la riada de heridos, unos 22.500 arrastrarán lesiones de por vida, según dice citando a la Organización Mundial de la Salud. Otros 1.200 han sufrido amputaciones, aunque la cifra real se acercaría más a los 5.000. Y más de 2.000, quemaduras graves.
Respecto a las condiciones de vida impuestas por Israel en la Franja, el informe hace un resumen exhaustivo del catálogo de horrores que han hecho de Gaza un lugar inhabitable. “Ni la magnitud ni la rapidez de los daños y destrucción de viviendas e infraestructuras de todos los sectores de actividad económica se ha visto nunca en ningún otro conflicto del siglo XXI”, afirma la organización británica. Y ahí se detiene en el hambruna provocada por las restricciones a la entrada de comida y agua; la destrucción de casi dos tercios de las viviendas, según varios informes; el desplazamiento forzoso (y reiterado para muchos) de más del 90% de la población; la propagación de enfermedades por el “hacinamiento extremo” o la destrucción del saneamiento; o “el colapso efectivo del sistema de salud” por distintas “acciones deliberadas de las fuerzas israelíes”.
El informe de Amnistía también se detiene en la intencionalidad genocida de los militares de Netanyahu, el aspecto más complicado de demostrar durante una causa por genocidio. Para hacerlo se agarra tanto a la infinidad de declaraciones en este sentido de los líderes políticos y militares israelíes, como al patrón de conducta en Gaza que, según sus conclusiones, es “indicativo de intención genocida”.
Pese a la claridad del informe de Amnistía o la cúmulo de voces autorizadas que se han pronunciado en esa misma dirección, nada parece que vaya a cambiar mientras Washington y Bruselas sigan apoyando a los presuntos criminales de guerra al frente del Gobierno israelí. Desde hace algunas semanas sus militares están en plena campaña para vaciar el norte de Gaza de población palestina. Una campaña denunciada esta semana por el exministro israelí de Defensa (2013-2013), Moshe Yaalon, quien la describió como una “operación de limpieza étnica”, perpetrada a golpe de “crímenes de guerra”.
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