La vicegobernadora de la provincia patagónica de Neuquén, Gloria Ruíz, fue destituida por «inhabilidad moral». Había desviado fondos públicos que debían destinarse a personas discapacitadas. Con ese dinero construyó una importante piscina para su usufructo personal. La conexión de luz del predio era además ilegal. Ruíz, quien fue elegida hace un año junto con Rolando Figueroa, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), será a su vez investigada por enriquecimiento ilícito junto con su hermano. El caso tuvo escasa resonancia en Buenos Aires, tal vez porque el tema de la corrupción tiene tantas aristas que se vuelve indistinguible un hecho de otro.
Tanto el Gobierno de ultraderecha que asumió con la promesa de un saneamiento moral como sus opositores participan de una competencia de hecho sobre quién es más propenso a cometer faltas éticas. La expresidenta Cristina Fernández de Kichner deberá enfrentar un juicio oral después de que un tribunal de segunda instancia propenso a dictaminar según sople el viento de la política anulase un sobreseimiento en una causa conocida como Hotesur-Los Sauces. Sobre la actual líder del Partido Justicialista (PJ, peronismo) cae la sospecha de haber puesto sus hoteles en la ciudad patagónica de Calafate al servicio de los responsables de las obras públicas que se construían en la región por sumas desproporcionadas. La exmandataria, víctima de un intento fallido de magnicidio, asegura que esa causa ha sido abierta para proscribirla, al igual que la pena a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante sus mandatos.
La indignación oficial por la moralidad de la política argentina tiene sus límites. El presidente Javier Milei se ha llamado a silencio en lo que respecta al exsenador Edgardo Kueider, mucho más osado que Gloria Ruíz a la hora de acopiar beneficios personales. Al igual que Ruíz, no pudo extender el disfrute. Fue apresado semanas atrás en la frontera paraguaya cuando intentaba introducir sigilosamente 211.000 dólares. La justicia argentina ha pedido la extradición después de que Kueider fuese expulsado del Congreso. Se le investiga por lavado de dinero. Antes de ser apresado, su secretaria privada, Iara Magdalena Guinsel Costa, había intentado comprarr cinco departamentos en Asunción de Paraguay por 700.000 dólares. El peronismo asegura que esa suma provino del pago de abandonar ese partido y pasarse a las «fuerzas del cielo» de Milei para votar, entre otras iniciativas, la llamada «Ley Bases» que le ha permitido al anarcocapitalista comenzar un rediseño profundo de la economía y la sociedad.
Problemas en el fisco
Los súbitos enriquecimientos de los hombres públicos deberían ser un asunto medular del fisco. Pero resulta que Juan Pazo, el director de la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un funcionario ligado al ministro de Economía, Luis Caputo, ha adquirido un apartamento en Miami por casi 600.000 dólares. El inmueble no se había declarado debidamente. Pazo participa en dos empresas radicadas en Estados Unidos que tampoco incluyó en su declaración jurada.
Su número dos y jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, el hombre nombrado en octubre pasado para luchar contra la evasión fiscal, ha comprado a través de sociedades del exterior tres apartamentos en EEUU de los que tampoco informó a la Oficina Anticorrupción (OA). Vázquez también estableció sociedades offshore en las Islas Vírgenes. De acuerdo con el diario ‘La Nación’, el jefe de la DGI fue considerado «cliente de riesgo» por World-Check, una firma especializada en recolectar información sobre personas y organizaciones que han sido señaladas por posibles delitos financieros, corrupción y fraude. Las compañías continúan activas.
La exdiputada Elisa Carrió, quien en las últimas dos décadas montó una verdadera fábrica de denuncias, especialmente dirigidas hacia el kirchnerismo, asegura ahora que Santiago Caputo, el «asesor» y gurú de Milei «está vinculando con el sector del poder más mafioso de la Argentina«, lo que «pone en riesgo la Aduana y la DGI».
Otros departamentos en Miami
Carrió formó parte del mismo espacio que Cristian Ritondo, Juntos por el Cambio, la coalición de partidos que sostuvo al presidente de derechas, el magnate Mauricio Macri. Los caminos se han bifurcado. Ritondo dirige el bloque de diputados macristas en la cámara de Diputados y fue días atrás uno de los más vehementes promotores de la promulgación de la ley «ficha limpia» que, de aprobarse, impediría a los dirigentes penalizados, como Fernández de Kirchner, aspirar a cargos electivos. El legislador que levantó las banderas de la transparencia acaba de ser denunciado ante la Justicia federal por enriquecimiento ilícito y encubrimiento. Su esposa, Romina Aldana Diago está relacionada con sociedades dueñas de inmuebles en Miami, la ciudad favorita de muchos dirigentes. Ella ha realizado a su vez operaciones comerciales con el jefe del fisco, Pazo. Su nombre aparece en los documentos públicos y confidenciales de una red de sociedades en Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida vinculadas con la adquisición de departamentos por 2.600.000 dólares en el estado de la Florida. Esas sociedades no fueron declaradas.
Milei salió no obstante a respaldar a Ritondo. El presidente aseguró que el diputado es víctima de «operaciones» por «ayudar» al Ejecutivo en la aprobación de normas estratégicas y el veto a proyectos de los adversarios. El presidente hizo público su respaldo durante una actividad pública en la que fue acompañado por el ministro de Economía y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, quien volverá a ser investigado judicialmente por presunta corrupción. Bausili había sido secretario de Finanzas de Macri y se sospecha de que favoreció Deutsche Bank, del cual había sido antes empleado. La causa se cerró en 2021 y será otra vez abierta.
Impacto social
«¿Cuánto pesa, políticamente hablando, la corrupción en la Argentina de Milei? «, se preguntó Luciana Vázquez, columnista de ‘La Nación’. El interrogante la lleva a otros. «¿Cuánto condiciona la credibilidad del oficialismo libertario? ¿Cuánto determina el éxito o fracaso de la oferta electoral en general, tanto del mileísmo como de la oposición macrista o kirchnerista? ¿Y cuánto influye en la demanda electoral por el lado de la ciudadanía? Es decir, ¿a alguien le importa la corrupción en Argentina?«. Según Vázquez, «hay indicios para sospechar que no tanto». La década de los 90, revalorizada por el actual Gobierno, estuvo permanentemente salpicada de escándalos. Uno de ellos fue la aprobación en el Congreso de la privatización del gas con el voto del hombre que solía vender café a los legisladores, el llamado «dipu-trucho (falso)». El episodio fue en general motivo de carcajadas por una misma lógica de los años del presidente Carlos Menem que insinúa repetirse en el presente: la estabilidad económica y el dólar barato que permite viajar al exterior a sectores medios y altos, funcionan como disuasivos de la indignación. Menem tiene desde que Milei llegó a la sede del Ejecutivo un busto que engalana la entrada al palacio.
