Un tribunal de la región septentrional china de Mongolia Interior ejecutó este martes la sentencia de muerte contra Li Jianping, exfuncionario condenado por corrupción, malversación de fondos públicos y connivencia con organizaciones criminales. La ejecución se produjo tras la revisión y aprobación de la pena por parte del Tribunal Popular Supremo de China, informó el máximo órgano judicial del país en su cuenta oficial en la red social Wechat.
Li, exsecretario del Comité del Partido Comunista en la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de la capital regional, Hohhot, había sido declarado culpable en primera instancia en septiembre de 2022 por el Tribunal Intermedio de la localidad de Xingan, que le impuso la pena de muerte, la privación de sus derechos políticos de por vida y la confiscación total de sus bienes personales. Después de que el acusado apelase la sentencia, el Tribunal Superior de Mongolia Interior ratificó el veredicto el pasado agosto y elevó la decisión al Tribunal Supremo para su revisión.
El máximo órgano judicial concluyó que, durante su desempeño como funcionario público, Li aprovechó su posición para apropiarse ilegalmente de fondos estatales por valor de más de 1.437 millones de yuanes (197 millones de dólares, 187 millones de euros). Además, aceptó sobornos por un total de 577 millones de yuanes (79 millones de dólares, 75 millones de euros) a cambio de favores y desvió otros 1.055 millones de yuanes (144 millones de dólares, 137 millones de euros) de fondos públicos. Asimismo, el Tribunal Supremo determinó que Li incumplió sus deberes como funcionario estatal al ser cómplice de la actividad ilícita de una organización criminal.
El fallo subraya que las acciones de Li causaron «pérdidas extraordinarias» a los intereses del Estado y de la población, con un impacto social «particularmente negativo». Debido a la magnitud y gravedad de los delitos, se consideró que la pena de muerte era «legal y adecuada».
Antes de su ejecución, el reo tuvo la oportunidad de reunirse con sus familiares más cercanos, señaló el comunicado del tribunal.
Es habitual que funcionarios condenados por corrupción en China reciban una pena de muerte suspendida, que significa que si el reo no comete nuevos delitos y tiene un comportamiento adecuado durante el periodo en el que está vigente la suspensión, puede ver su pena conmutada a cadena perpetua. Los tribunales reservan las penas de muerte sin suspensión para los casos más graves de corrupción.
El presidente chino, Xi Jinping, que afianzó su poder al frente del país durante el XX Congreso que celebró el Partido Comunista Chino en 2022, afiló su perenne campaña anticorrupción castigando al menos a 610.000 funcionarios el año pasado. El líder adelantó en aquel Congreso, en el que cimentó su ya enorme poder, que profundizaría en la campaña contra la corrupción porque «la situación es todavía grave».
China no publica cifras oficiales de ejecuciones, pero Amnistía Internacional estima que miles de condenas a muerte se llevan a cabo cada año en el país asiático.
