La concejala carioca Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes fueron brutalmente asesinados el 14 de marzo de 2018 en un barrio céntrico de Río de Janeiro. Un dilatado historial de impunidad instaló la creencia entre muchos brasileños de que el crimen político que en su momento conmocionó a la sociedad nunca iba a ser esclarecido y sus autores materiales gozarían de la benevolencia de los investigadores que nunca dieron con ellos porque miraban hacia otro lado. Este jueves, un tribunal sentenció finalmente a dos expolicías militares por haber matado a la edil de 38 años y el hombre que la transportaba por la ciudad. Ronnie Lessa y Elcio Queiroz recibieron sentencias de 78 y 59 años de prisión respectivamente, en un juicio histórico. Tras escuchar el dictamen, familiares y amigos de Franco y Gomes presentes en la sala del tribunal de Rio de Janeiro se fundieron en abrazos interminables, en medio de estallidos de llantos.
El Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva puso su empeño para que el episodio no cayera en el olvido. El ministro de Justicia y Seguridad Pública , Ricardo Lewandowski, recordó, no sin ironía, que la policía carioca «tardó cinco años en resolver el crimen y no lo hizo», y cuando parecía escribirse la crónica de un fracaso anunciado «vino la valiente y combativa Policía Federal, con siete hombres, y resolvió este lamentable crimen».
Lewandowski decidió utilizar el ejemplo del caso Marielle Franco al mencionar uno de los cambios previstos en la nueva política de seguridad y la decisión del Gobierno Federal de enfrentar a las milicias, como se conocen los grupos paramilitares que controlan parte de las barriadas populares de Río de Janeiro. Durante el juicio salieron a luz detalles sobre el papel de esas organizaciones que manejan numerosos negocios sobre la base del control territorial. Lassa confesó al respecto que el asesinato fue ordenado por líderes de una de esas formaciones que integran exuniformados y delincuentes. Franco era una piedra en el zapato con su lucha contra los negocios inmobiliarios con dinero de origen dudoso.
Marielle, como se la conocía, era legisladora del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), así como activista de los movimientos afrobrasileño y LGBT y defensora de los «favelados»¸como se llaman los habitantes de las chabolas levantadas en los cerros. Su viuda, la edil Mônica Benício, destacó la relevancia del proceso judicial. «Después de 6 años y 7 meses de lucha por la justicia, hoy los ejecutores de mi esposa Marielle Franco y Anderson Gomes han sido finalmente condenados». El adverbio «finalmente» no ha sido inocuo en el texto que publicó en la red social X. Mientras gobernó la ultraderecha, hasta el primer día de 2023, Benício no podía imaginar semejante desenlace judicial. Ella también dejó soltar sus lágrimas al escuchar el veredicto de la jueza Lúcia Glioche. «El discurso pronunciado en la sentencia hizo justicia a lo que representa ella. Es un hito para que no vuelva a ocurrir. Ese es el mensaje principal. El presente de Marielle es llevar adelante su memoria para derrotar al mal».
Reacción de la familia
«Mientras haya sangre en nuestras venas, mientras estemos vivos, defenderemos el legado de Marielle y Anderson. La gente tiene que dejar de normalizar los cadáveres que caen en este país», dijo la ministra de Igualdad Racial y hermana de la legisladora asesinada, Anielle Franco. «Siempre dijimos desde el principio que no nos rendiríamos ni pararíamos hasta que se hiciera justicia. Fueron muchos días, noches y años de cuidar de mis padres, con un dolor que no tiene nombre. El mayor legado de Marielle al país es la prueba de que los negros, las favelas y las mujeres merecen seguir vivos».
En el tribunal también estuvo Marinete da Silva, madre de la concejala. «No solo yo como madre, sino Río, Brasil y el mundo han estado esperando esto». Antônio da Silva, padre de Marielle recordó que la lucha por la verdad y la justicia se inició de inmediato. «¿Quién mató a Marielle y Anderson? Esa fue la primera pregunta. Tuvimos la respuesta con la condena de los acusados confesos. Su condena era de suma importancia. Pero esto no acaba aquí, porque hay autores intelectuales».
Los que falyan juzgar
Chiquinho y Domingos Brazão, dos hermanos que forman parte del hampa carioca y tienen fluidos contactos políticos, han sido arrestados meses atrás por la presunta planificación del atentado letal. Lessa los denunció ante la justicia. Lo mismo sucedió con el comisario Rivaldo Barbosa. En su figura se sintetiza uno de los graves problemas de seguridad de la ciudad. El propio Barbosa había estado al frente de la dilucidación del asesinato y lo único que hizo fue desviar pistas hasta que quedó atrapado en un callejón sin salida. El trío debería ser juzgado en breve.
Ruth de Aquino, columnista del diario ´O Globo` expresó su perplejidad por el perfil de uno de los asesinos, Lessa. «Qué clase de ser humano acepta ganar dinero, ya sea un millón o mil millones, para quitar una vida y destruir una familia. En Brasil, muchos de estos asesinos mercenarios fueron formados en la Policía Militar. Muchos fueron expulsados por la PM. Lessa tiene lanchas rápidas y una casa en Barra da Tijuca y es dueño de un gimnasio y quioscos. Pero quería más. Se disfrazó con un pasamontañas, se armó con un fusil, apuntó y disparó». En su alegato final, el asesino pidió perdón a los familiares de las víctimas. Dijo que lo hacía «con absoluta sinceridad». Por desgracia, añadió, «no podemos retroceder en el tiempo, pero hoy hago todo lo posible por intentar aliviar la angustia de todos». En realidad, señaló De Aquino, «Lessa solo quería aliviar su propia angustia, porque el Ministerio Fiscal había recomendado la pena máxima de 84 años de prisión».
