Ha transcurrido casi medio año desde que el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó, el 20 de mayo, que se dictaran sendas órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de defensa, Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la guerra de Gaza. Pero la decisión de emitirlas o no sigue atascada en la “sala de cuestiones preliminares”, un tribunal de tres jueces que debe procesar la petición si ve que hay fundamento. Afloran las críticas sobre el retraso y sospechas de juego sucio, especialmente tras conocerse denuncias anónimas sobre presunto acoso sexual de Khan contra una trabajadora. Algo pasa en el Alto Tribunal de La Haya.
El retraso en la decisión es totalmente anómalo. En sus más de dos décadas de historia, la Corte ha emitido 55 órdenes de arresto. Lo ha hecho rápidamente: una media de ocho semanas desde la petición del fiscal. En el caso de la demanda presentada contra Vladímir Putin, fue aún más veloz: tan solo tres semanas.
¿Por qué esta lentitud en el caso de Israel? Este diario ha preguntado en tres ocasiones en los últimos meses a la Corte Penal Internacional, sin obtener respuesta.
“La tardanza es muy llamativa, especialmente en comparación con el caso de Vladímir Putin”, opina en conversación con este diario Joana Abrisketa, profesora titular de derecho internacional público de la Universidad de Deusto. Desde que el fiscal presentó la petición, varios Estados, como Reino Unido, y otras organizaciones, han presentado alegaciones a favor o en contra, en procedimientos conocidos como amicus curiae. “Estos procedimientos pueden haber servido de excusa perfecta para la sala de cuestiones preliminares: cuesta emitir una orden contra Benjamín Netanyahu, porque nunca se había pedido antes el arresto de un mandatario aliado de las potencias occidentales”, apunta Abrisketa. Las órdenes de arresto se han emitido hasta ahora contra nacionales de Uganda, República Democrática de Congo, Sudán, Kenia, Libia, Costa de Marfil o Rusia. El retraso, opina la experta, no puede prolongarse indefinidamente.
En este todo este tiempo, una parte de la orden de arresto ha perdido el sentido. Khan pidió la detención también de los tres líderes de Hamás por los ataques contra Israel del 7 de octubre de 2023, en los que fallecieron al menos 1.139 personas y más de 200 fueron secuestradas. Pero los tres, Yahya Sinwar, Ismael Haniyeh y Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, han muerto asesinados por el Ejército israelí. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha sido expulsado del Gobierno por el propio Netanyahu por desavenencias sobre el curso de la guerra en Gaza. Mientras, en Gaza la masacre ha continuado: ya han muerto bajo los ataques israelíes más de 43.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, según datos palestinos.
Denuncias contra el fiscal general
La Corte Penal Internacional anunció este lunes que va a abrir una “investigación externa e independiente” sobre las acusaciones de acoso sexual contra su fiscal general, Karim Khan. Él ha asegurado en un comunicado que son alegaciones falsas que forman parte de una campaña de desinformación contra él por su papel activo en el caso de Palestina. Y advierte de que se mantendrá en su puesto de supervisión de las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra en el conflicto entre Gaza e Israel, aunque ha delegado en sus segundos los asuntos clave de la investigación, informa Reuters.
“Añadiendo preocupación sobre la independencia del CPI, en octubre una cuenta anónima de X realizó acusaciones sin fundamento sobre que Khan habría acosado a una trabajadora”, apunta en un artículo Craig Mokhiber, el que fuera director de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “El tabloide pro-israelí Daily Mail (notorio por publicar desinformación a favor de Israel y que está bloqueado en Wikipedia por sus noticias falsas) publicó esas alegaciones, que fueron replicadas en las prensa israelí y occidental. La presunta víctima no ha presentado acusación y ni ella ni el Mecanismo de Supervisión Independiente de la Corte (IOM, por sus siglas en inglés) han procedido con investigación o cargo alguno”.
Presiones contra la Corte Penal Internacional
El propio fiscal había denunciado con anterioridad presiones provenientes sobre todo de Estados Unidos. Un alto cargo le había dicho que el tribunal se había creado “para África y matones como Putin”.
Además, a principios de mayo, cuando ya parecía que la orden de arresto se acercaba, doce líderes republicanos enviaron una carta a la oficina del fiscal amenazando con «duras sanciones» si Khan daba el paso.
No ha sido el único que ha sufrido hostigamiento. La anterior fiscal general, Fatou Bensouda, recibió amenazas directas contra ella y su familia si seguía adelante con la investigación sobre presuntos crímenes israelíes en Gaza en guerras anteriores como la de 2014. Según una investigación del diario The Guardian, el jefe del Mossad, Yossi Cohen, acosó a la fiscal en varias ocasiones. En una de ellas, el espía israelí forzó un encuentro con ella en la habitación de un hotel de Nueva York. Bensuda desoyó las amenazas y lanzó finalmente la investigación en 2021.
No es la única turbulencia interna que está viviendo el tribunal con sede en La Haya (Países Bajos). El pasado 25 de octubre, una de las tres juezas del tribunal preliminar que debe tomar la decisión sobre el arresto de Netanyahu, la italiana Iulia Antoanella Motoc, dimitió por sorpresa, alegando motivos “de salud”. Fue reemplazada por la jurista eslovena Beti Hohler. La dimisión desencadenó la elección de un nuevo juez para presidir el tribunal. Fue nombrado el francés Nicolas Guillou.
