Theodor Meron es un jurista judío americano de 94 años y superviviente del holocausto. Asesoró al ministerio de Exteriores israelí en los setenta, y luego formó parte de la Corte Penal Internacional y los tribunales que se establecieron para juzgar los crímenes cometidos en Yugoslavia o Ruanda. También fue uno de los 6 jueces que aconsejó al fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, pedir en mayo una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por crímenes contra la humanidad.
Esta semana, la Corte decidió finalmente emitir esa orden de detención internacional contra Netanyahu. Es un hito histórico que marca un antes y un después, porque convierte en una suerte de fugitivo de la justicia al líder electo de un aliado de Estados Unidos. Refuerza la credibilidad de la independencia de la alta institución y del orden internacional, ya que ha salido adelante contra poderosos enemigos y en medio de un aluvión de presiones a los hombres y mujeres que trabajan en el tribunal de La Haya por parte de de políticos y de los servicios de inteligencia como el Mossad.
El movimiento del alto tribunal anticipa también un choque diplomático con la próxima Administración de Donald Trump. Y problemas para relacionarse políticamente con Netanyahu para países aliados como Alemania. El líder israelí es ahora un hombre en busca y captura; no es la persona más adecuada con la que estrechar la mano o hacerse fotos en visitas de estado.
Choque con Estados Unidos
“Pueden prepararse para una respuesta dura el próximo enero contra los prejuicios antisemitas de la Corte Penal Internacional y de Naciones Unidas”, ha dicho sobre la orden de arresto Michael Waltz, próximo consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, el puesto de mayor peso en la política exterior del país. “El ICC no tiene credibilidad y sus alegaciones ya han sido refutadas por el Gobierno de Estados Unidos”. El senador republicano Lindsey Graham ha pedido a su Gobierno que imponga sanciones a la Corte Penal Internacional.
El pulso viene de lejos. En agosto, doce senadores republicanos, entre otros el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, enviaron una carta a Karim Khan, en la que le amenazaban con «duras sanciones» y con «atacar» al tribunal si seguía adelante la petición de una orden de detención contra Netanyahu. “Tales acciones son ilegítimas y no tienen base legal y, si se llevan a cabo, conllevarán duras sanciones contra usted y su institución”, escribían.
Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma que conformó el tribunal internacional en 1998. Lo hizo el demócrata Bill Clinton un día antes de abandonar el cargo de presidente. Su sucesor, George W. Bush, preocupado por la posible persecución de sus soldados por posibles crímenes de guerra en Irak y Afganistán, retiró al país del tratado y promulgó una ley destinada a proteger a los ciudadanos estadounidenses de las decisiones de la CPI.
La Administración Biden ya ha cargado contra la orden de arresto de La Haya y “la celeridad del fiscal general y los problemas preocupantes en el proceso que ha llevado a esta decisión”, en palabras de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. También ha confirmado que preparan acciones en coordinación con Israel.
Pulso entre Europa y Estados Unidos
El problema es que esta posición beligerante de Estados Unidos contra la CPI choca frontalmente con Europa o Canadá, pilares fundamentales del alto tribunal. Su aplicación independiente del derecho internacional humanitario tampoco es del agrado de dictaduras como China o Rusia o países como India. Pero entronca con los valores europeos de justicia universal. Ahora, la orden de busca y captura pone a Europa ante el espejo. ¿Aplicará la decisión de la CPI?
Todo parece apuntar a que así será. El ministro de Exteriores de Holanda ha dicho que acatará la orden y ha suspendido su viaje a Israel por las “nuevas circunstancias”. La UE y casi todos los países miembros han corrido a emitir comunicados o a hacer declaraciones subrayando su respeto a las decisiones de la Corte. Incluida Alemania, principal valedor de Israel en Europa y su segundo mayor proveedor de armas tras Estados Unidos.
“Hemos tomado nota de la orden de arresto contra el primer ministro Netanyahu. El principio general es la independencia de la justicia, ya sea nacional, europea o internacional”, aseguran fuentes diplomáticas alemanas a este diario. “En el pasado ya hemos manifestado claramente que Alemania respeta el derecho y la legalidad. Estamos estudiando minuciosamente lo que la orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional significa para su implementación en Alemania”.
El dilema moral lo ha expresado con claridad el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Tras conocerse la decisión, ha confirmado que la acatará y que no impedirá una eventual detención de Netanyahu en su territorio, porque su país es uno de los miembros fundadores de la CPI y respeta el orden y el derecho internacional, ha añadido. “Es simplemente lo que somos como canadienses”, ha añadido Trudeau. El discurso es relevante porque Canadá fue muy dura en su defensa de Israel tras los ataques, y llegó a congelar la ayuda a la agencia de los refugiados palestinos. Pero ha ido girando de posición a medida que las matanzas en Gaza se acumulaban, y finalmente el Parlamento ha prohibido el envío de armas a Israel.
Espaldarazo al orden basado en reglas
La orden de arresto obliga a los 124 países adheridos al tribunal no solo a detener a Netanyahu y a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, si pisan su territorio. También están obligados a ayudar a conseguirlo. Y les empuja a reconsiderar su posición política hacia el premier israelí, ahora en busca y captura. Porque contra él hay una “base razonable” para pensar que es un criminal de guerra que debe ser llevado al banquillo. Se pueden buscar triquiñuelas legales o diplomáticas, o incluso ignorar las obligaciones del Estatuto de Roma. Lo hicieron otros antes, como Sudáfrica con el sudanés al Bashir o Mongolia más recientemente con Vladímir Putin. Pero si Alemania, Francia o Italia optan por esa vía, eso supondría en esencia el fin de la credibilidad de la CPI. Se reforzaría la idea de un tribunal “para África y para matones como Putin”, como dijo textualmente un alto cargo internacional al fiscal general Khan.
En este sentido, la orden de arresto es un espaldarazo para el orden internacional basado en reglas. Los países del sur global, de América Latina, África y Asia, o los árabes e islámicos, pueden aferrarse a los tribunales de La Haya. En el fondo, lo que se dirime es una de las grandes cuestiones de la política internacional actual: ¿hay unas reglas iguales para todos, de Putin a Netanyahu, o son diferentes en función de si se es aliado o no de Estados Unidos?
