Luiz Inacio Lula da Silva dibujó este martes la mejor de las sonrisas posibles mientras se tomaba una fotografía más con sus colegas presidentes y jefes de Estado en el cierre de la cumbre del G20, en Río de Janeiro. Muchos de los analistas que observaron la imagen no dudaron en sostener que, en ese momento, la mente de Lula podía estar en otra parte. La policía brasileña había detenido al exministro de Defensa del Presidente Jair Bolsonaro, el general Walter Braga Netto y otros uniformados, tres coroneles y un policía, acusados de planificar el asesinato de un Lula que acababa de ganar las elecciones en octubre de 2022. No solo querían matar al hombre que había derrotado a Bolsonaro. También a su vicepresidente, Geraldo Alckmin y, posteriormente a Alexandre de Moraes, entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSF) e integrante del Tribunal Supremo (STF). Uno de los operativos de la Policía Federal (PF) tuvo lugar en la misma Río ciudad sede de la cumbre de los países que representan el 85% del PIB mundial.
De Moraes consideró que existen «indicios robustos y gravísimos» de que se planeaba pasar de las palabras a los hechos, refutando a senador Eduardo Bolsonaro, hijo del líder de la ultraderecha, quien no solo criticó las detenciones: las calificó de ilegal. «Por más repugnante que sea pensar en matar a alguien, no es un crimen«. Las investigaciones que desembocaron en el descubrimiento del grupo los kids pretos (muchachos negros) apuntan contra su padre. El exmandatario tiene prohibido abandonar el país. Se le ha retirado su pasaporte.
Las revelaciones sobre la trama criminal tienen cierto tinte cinematográfico, no porque se traten de fabulaciones sino debido a la osadía de los complotados. De acuerdo con la PF, «para la ejecución del presidente Lula y teniendo en cuenta su vulnerabilidad de salud y sus frecuentes visitas a los hospitales, (se analizó) la posibilidad es recurrir al envenenamiento o al uso de productos químicos para provocar un colapso orgánico». La conjura se planificó en medio de los acampes de ultraderechistas frente a las unidades del Ejército y con el reclamo del bolsonarismo de una intervención que impidiera el retorno de Lula al Palacio Planalto por tercera vez. El 8 de enero de 2023 se intentó tomar por asalto la sede de los tres poderes del Estado y en las vísperas de la cumbre del G20 se desactivo un intento de hacer volar por los aires la sede del STF. El hombre que intentó detonar el explosivo es un seguidor radical de Bolsonaro.
La responsabilidad castrense
La nueva revelación no hace más que confirmar la línea de los investigadores que en marzo pasado lograron los testimonios de los generales que en 2022 estaban al frente del Ejército y la Fuerza Aérea, según los cuales Bolsonaro intentó reclutarlos sin suerte para bloquear la llegada de Lula a la presidencia. En cambio, el jefe de la Marina se sumó al complot.
Para Bruno Boghossian, columnista del diario paulista ´Folha`, «la planificación de un golpe para mantener a Jair Bolsonaro en el cargo fue esencialmente una operación militar». Miembros de las Fuerzas Armadas «hicieron preparativos para anular las elecciones, secuestrar autoridades y asesinar al futuro presidente. Establecieron un régimen de excepción que sería controlado por los generales que habían patrocinado el ascenso del capitán en 2018″. Las recientes investigaciones «son una prueba más de que la implicación de los militares en la trama golpista nunca fue un hecho aislado». Los mensajes obtenidos por la PF «muestran que el general de reserva Mario Fernandes organizó una operación clandestina. La acción incluía la vigilancia de objetivos, el uso de un lanzagranadas e incluso el envenenamiento de Lula y Alexandre de Moraes. Según los investigadores, llevó el plan al Palacio de la Alvorada, donde se refugiaba Bolsonaro».
Policía informante
El policía federal Wladimir Matos Soares, detenido el martes, estaba siendo investigado como sospechoso de pasar información sobre la seguridad de Lula. Según la misma institución a la que pertenece, enviaba datos personales de otro agente que supuestamente protegía al líder del Partido de los Trabajadores (PT) y dijo a los aliados de Bolsonaro. «Mi equipo y yo tenemos todo el material preparado para ir a ayudar a defender al presidente. ¡Sólo falta que salga la pluma! (autorización de Bolsonaro)», escribió Wladimir en uno de los mensajes enviados a su compinche.
El ministro jefe de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Paulo Pimenta, dijo que la PF ha conseguido «nuevos y gravísimos elementos sobre la participación de personas del núcleo de poder del gobierno Bolsonaro en el golpe». Para el senador petista Humberto Costa «el cerco se está cerrando» alrededor del exmandatario.
Vera Magalhães, columnista del diario carioca ´O Globo`, se preguntó cómo es posible que todavía no haya sido arrestado el exministro de Defensa, Braga Netto, en cuya casa se discutió el plan. «¿Por qué la Policía Federal no incluyó al general en la lista de personas cuya detención fue solicitada en la operación lanzada el martes?». Fuentes próximas a las investigaciones «atribuyen la decisión a una evaluación de los fundamentos técnicos y jurídicos». Otros analistas creen que ir por Braga Netto supone dar de inmediato el paso siguiente que lleva a Bolsonaro, y no están dadas las condiciones políticas para hacerlo. La ultraderecha fue vencedora de los comicios municipales de octubre pasado y ha redoblado su pedido de anmistía a los partícipes del 8E.
