El oficialismo y la oposición se preparan para salir el jueves a la calle con el propósito de defender y repudiar la asunción presidencial de Nicolás Maduro, el 10 de enero. El aparato estatal salió a jugar con fuerza a favor de los primeros y se iniciaron una serie de arrestos y amenazas que coinciden con la llegada a Panamá de Edmundo González Urrutia, aparentemente la escala previa a su retorno a Venezuela. El Gobierno aseguró que si aterriza en el aeropuerto internacional lindante con Caracas, junto con un grupo de expresidentes latinoamericanos, será arrestado y sus acompañantes considerados «invasores».
El excandidato en los últimos comicios y exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, fue detenido en la noche del martes por agentes de seguridad del Estado. Según Juan Barreto, dirigente del Frente Democrático Popular que acompañó a Márquez en la contienda del pasado 28 de julio, también de Centrados, una fuerza que ha intentado transitar un camino del medio en la política venezolana, «el Gobierno no hace más que ratificar su deriva autoritaria con estos hostigamientos y detención arbitraria que se suman a otras siete ocurridas el mismo día». Barreto también ha sido objeto de amenazas.
Márquez no forma parte de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) que ha sostenido la candidatura de González Urrutia y reivindica su victoria en las urnas. Su condición de exrector del CNE le ha permitido señalar todos los agujeros negros que permitieron validar la victoria de Maduro sin presentar las actas correspondientes. «Al igual que la mayoría de los venezolanos, no avaló el fraude de Maduro el pasado 28 de julio. No ha cometido ningún delito. Exigimos que aparezca ya y que sea liberado inmediatamente», dijo Voluntad Popular, una fuerza ladeada a la derecha con la que Márquez tenía pocas coincidencias, aunque sí una mirada común sobre lo que sucedió tras la contienda electoral. «Se materializó una fuerza social, democrática, cívica, constitucional, la cual debemos mantener e impulsar. Desconocer lo que sucedió el 28 de julio, lamentablemente tendrá consecuencias que acarrearán más sufrimiento a los venezolanos», sostuvo semanas atrás el exrector.
Esas «consecuencias» saltan a la vista por estas horas en una Caracas militarizada. La esposa del director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa, Mabel Calderín, pidió a las autoridades que informen sobre su paradero. El activista fue abordado por un grupo de encapuchados el pasado martes. El mismo procedimiento utilizado para detener al yerno de González Urrutia, Rafael Tudares.
Tensión creciente
«Ellos o nosotros», dijo a modo de consigna el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en las vísperas de las movilizaciones. Maduro, en tanto, se refirió a la captura de siete «mercenarios» extranjeros, dos colombianos, dos norteamericanos y tres ucranianos. Al igual que en los casos de los dos españoles y el gendarme argentino arrestados previamente, no se han presentado hasta el momento las pruebas en su contra. «La fascista tenía planes con mercenarios extranjeros para hacer atentados a líderes de la revolución», dijo en alusión a María Corina Machado. «Debemos estar pendientes y preparados. Por eso es maravilloso que se haya implementado la activación y entrenar los cuerpos combatientes de la clase obrera», aseguró. Según Maduro, «al pueblo le pertenece el poder de las armas para defender la democracia de cualquier amenaza y emboscada venga de donde venga».
La oposición aspira a poder demostrar que el Gobierno no tendrá el jueves el control territorial de Caracas. El Palacio de Miraflores ha respondido con un decreto que crea el Órgano de Dirección de Defensa Integral (ODDI), al que deben responder los militares, las fuerzas de seguridad y los llamados «colectivos». El endurecimiento en las calles se acentúa a medida que se acercan las dos fechas claves de esta semana. «Nadie podrá con nosotros», aseguró Maduro. No se trata solo de controlar el espacio público sino el virtual. La oenegé Sin Filtro denunció la madrugada de este miércoles 8 de enero que la administración de Nicolás Maduro bloqueó que fue bloqueada por segundo día consecutivo la red social TikTok. El pasado 30 de diciembre, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impuso una multa por 10 millones de dólares a TikTok. El plazo para abonarla venció el pasado lunes.
