El presidente Daniel Noboa designó este martes a la secretaría de Planificación, Sariha Moya, como «vicepresidenta encargada» de Ecuador. La escueta formalidad del nombramiento, al amparo de la Constitución, según se consigna en el comunicado oficial, no esconde la naturaleza de un conflicto político al interior del Gobierno. Moya es vicepresidenta porque Verónica Abad, la compañera de fórmula de Noboa en los comicios de 2023, fue destituida de su cargo por el mandatario, con quien nunca se había llevado bien desde que comenzó la gestión, hace casi un año.
Noboa, de 36 años, hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador, el empresario bananero Álvaro Noboa, tenía una fijación con Abad. La quería fuera de su cargo desde hace meses por su rechazo a que ocupe provisionalmente el principal cargo ejecutivo cuando comience la campaña electoral con vistas a los comicios de febrero de 2025.
La tensión y el desacuerdo entre ellos fue tan evidente que Noboa envío a Abad a Tel Aviv en carácter de dudosa «mediadora» en el conflicto entre Israel y la Autoridad Palestina. Los medios de prensa no dudaron en considerar esa función como una tentativa de sacarla de la escena política interna.
La pelea evitó las sutilezas en el espacio público. Abad nunca ocultó que Noboa quería reducir su presencia en el Gobierno a una expresión insignificante. A pesar de las presiones se negó a dar un paso al costado. Entonces intervino el Ministerio de Trabajo y la suspendió por 150 días por «abandono injustificado de su empleo por tres o más días laborales«. Se le reprocha no haber cumplido cabalmente y en el tiempo estipulado la función que se le había encomendado en el exterior.
La posición de Abad
«Denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas», señaló Abad a través de las redes sociales. Insistió a su vez que «utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de estado que se prepara para el 6 de enero de 2025″. El Gobierno, añadió Abad, «se ha desviado de su propósito» y «ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular».
A su vez, llamó a las organizaciones sociales, políticas y ciudadanas a «defender la democracia y el mandato popular». También solicitó al Congreso que fiscalice la resolución del Ministerio de Trabajo. «Ecuador se encuentra en una profunda oscuridad enfrentando un ataque sin precedentes a su estado de derecho, a la independencia de poderes y a los principios de orden que nos definen como sociedad», dijo también, relacionando a la crisis política con la energética, que ha dejado en numerosas ocasiones a las principales ciudades en penumbras.
Los apagones han mermado la popularidad del joven presidente. La última encuesta de CID Gallup consigna que Noboa tiene una intención de voto del 31%, cinco puntos más que la correísta Luisa González, con quien disputó el año pasado la segunda vuelta. «Tenemos encuestas, sí ha afectado, pero la gente está buscando una razón para volver a confiar en este Gobierno y nosotros se la daremos». Noboa reconoció que «si yo fuese un ciudadano normal, estaría molesto con el presidente si hubiera apagones, sea culpa de él o no, y eso es lo que se ha visto». Noboa espera aprovechar el efecto regional de la elección de Donald Trump en Estados Unidos para recobrar su condición de favorito.
Para generar mayor confusión, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, encargada de impartir la sanción, dijo que Abad ha sido suspendida «temporalmente» por casi cuatro meses, pero no «inhabilitada». Por lo tanto, «no tiene restringido ningún derecho político«. Eso ocurriría en caso de «destitución», pero el Gobierno ha evitado formalmente ese camino.
