La inacción de los líderes de la Iglesia católica ante la pederastia clerical ha sido una fuente de ‘mayor sufrimiento‘ para las víctimas y supervivientes de estos abusos. Esta es una de las conclusiones más duras de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, organismo creado en 2014 por el papa Francisco, en su primer informe global sobre cómo la institución está aplicando en todo el mundo sus propias normas y leyes para enfrentar estos delitos. Un documento sorprendentemente inclemente en lo que respecta a los desafíos pendientes del clero católico.
Entre los problemas irresueltos está la lentitud, la falta de personal —sobre todo, especializado— e incluso los insuficientes recursos destinados a la lucha contra la pederastia clerical en algunas iglesias y departamentos vaticanos, reconoce el informe. Lo que se evidencia también en los casos de encubrimiento. Por ello, sugieren expertos del organismo vaticano, una medida recomendable sería la de poner en marcha «procesos simplificados, cuando estén justificados, para la dimisión o destitución de un líder de la Iglesia».
No solo eso. También es necesario «mejorar los procesos canónicos de recepción y seguimiento de las denuncias, a favor de las víctimas, supervivientes y sus familiares». Y, asimismo, es clave que «se respete, simultáneamente, el derecho a acceso a la información, el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales», afirman los expertos de la Comisión.
Curia romana
En el documento, que ha analizado un total de veinte países y varias instituciones y congregaciones religiosas, incluso se critica a la curia romana, el gobierno central de la Iglesia católica. Se debería «asegurar una gestión eficaz, oportuna y rigurosa de los casos de abuso sexual remitidos a la Santa Sede», han escrito los expertos de la Comisión, lamentándose también de las carencias del departamento vaticano encargado de procesar a los culpables.
La razón de las recomendaciones, sugiere el documento, es que las faltas en la gestión hasta ahora realizada de los casos es lo que también ha alejado a los fieles de la Iglesia. «La Comisión ha observado una persistente preocupación respecto a la transparencia en los procedimientos y procesos judiciales de la curia romana», lo que, si no se corrige, «seguirá alimentando desconfianza entre los fieles«. «Hay frustración entre las víctimas y sobrevivientes debido a la gestión de sus casos por parte del sistema canónico», se lee en otra parte del documento, de 50 páginas.
Con ello, se señala asimismo la importancia de resarcir a las víctimas, lo que, según explica la Comisión, no es solo compensarles económicamente. «Las reparaciones económicas siguen siendo particularmente relevantes”, dice el documento, pero también es importante «reconocer los errores» y pedir «perdón públicamente».
Mucho por hacer
El intento del Vaticano, a través del informe, es mejorar sus propias prácticas, más aún que la institución se considera todavía en un proceso de transición, ha reiterado al respecto el cardenal Sean Patrick O’Malley, presidente de la Comisión, en una breve intervención en El Vaticano. “El informe acompaña esta transición en curso, reconociendo que aún queda mucho por hacer”, ha reconocido O’Malley.
En la misma línea, la jurista holandesa Maud de Boer-Buquicchio, relatora especial de la ONU sobre la explotación sexual de niños y autora del informe, también ha destacado que el estudio “está lejos de ser perfecto, pero tiene una metodología sólida que se desarrollará con el tiempo hasta volverse cada vez más completa y sólida”, según ha dicho. “Luego, en los próximos años también desarrollaremos nuestro alcance para incluir de manera más integral a los fieles religiosos y laicos”, ha precisado.
Aunque también en este punto Boer-Buquicchio ha señalado otro problema. “Gran parte de la Iglesia sigue careciendo de prácticas o capacidades sólidas de recopilación de datos«, ha explicado. Sin embargo, «los datos son clave para nuestra capacidad de promover la rendición de cuentas», ha observado.
