El magnate tecnológico Elon Musk se prepara para ejecutar un drástico adelgazamiento de la administración pública en Estados Unidos. Elegido por Donald Trump, el hombre más rico del mundo asesorará a la Casa Blanca con la misión de recortar «miles» de normativas federales y llevar a cabo despidos «masivos» de funcionarios, según ha explicado en un artículo publicado en The Wall Street Journal.
A partir de enero, Musk y el también multimillonario Vivek Ramaswamy liderarán un nuevo organismo apodado como Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) con el que pretenden «reducir el tamaño del Gobierno federal». En el artículo, ambos explican que prestarán sus servicios a la administración Trump «como voluntarios externos» y que ficharán a un «equipo reducido» para cerrar todo tipo de agencias federales y recortar miles de millones de los presupuestos públicos.
Musk y Ramaswamy explican que tratarán de reducir los organismos públicos que velan por el cumplimiento de todo tipo de regulaciones al «número mínimo de empleados necesarios (…) para que pueda desempeñar sus funciones constitucionalmente permisibles y estatutariamente obligatorias».
A golpe de orden ejecutiva
Para ello se apoyarán en dos casos recientes en los que el Tribunal Supremo, controlado por los jueces conservadores, tumbó decisiones de la Agencia de Protección Medioambiental y modificó una doctrina legal para limitar la fuerza reguladora de la administración pública. «DOGE presentará esta lista de regulaciones al presidente Trump, quien puede, mediante una orden ejecutiva, pausar inmediatamente su aplicación e iniciar el proceso de revisión y anulación», explican. «Esto liberaría a individuos y empresas de regulaciones ilícitas nunca aprobadas por el Congreso y estimularía la economía estadounidense».
Irónicamente, Musk y Ramaswamy, dos individuos que nadie ha votado, inician su artículo denunciando que la mayoría de reglamentos «no son leyes promulgadas por el Congreso (…), sino por burócratas y funcionarios no elegidos», algo que consideran «antidemocrático».
¿Adiós al teletrabajo?
Los elegidos por Trump sugieren que acabarán con el telebtrabajo, un movimiento que podría llevar a los funcionarios a dimitir voluntariamente. «Si los empleados federales no quieren aparecer, los contribuyentes estadounidenses no deberían pagarles por el privilegio de la era Covid de quedarse en casa», explican en su artículo.
Musk y Ramaswamy también enumeran algunos gastos públicos que podrían reducir o dilapidar. Por ejemplo, los 1.500 millones de dólares que el Gobierno destina a «subvencionar organizaciones internacionales», los 535 millones anuales con los que desde 1967 se financia la Corporación para la Radiodifusión Pública o los casi 300 millones que permiten el funcionamiento de organizaciones «progresistas» sin ánimo de lucro como Planned Parenthood, que ofrece servicios de salud reproductiva y sexual, planificación familiar o de aborto.
