Italia reanudará en los próximos días el traslado de migrantes a los polémicos centros de retención que ha construido en territorio albanés para gestionar eventuales repatriaciones, después de que la justicia obligase a vaciarlos y, en respuesta, el Gobierno de Giorgia Meloni emitiese un decreto ley para blindarlos.
El buque de la Marina Libra, que se encargó del primer traslado de migrantes a Albania hace tres semanas, «volverá a alta mar en los próximos días«, confirmaron a EFE este sábado fuentes del Ministerio del Interior.
Según medios locales, la llamada «operación Albania» podría recomenzar ya el próximo lunes, cuando el buque se sitúe a 20 millas de la isla de Lampedusa (sur), puerta de entrada de las personas que cruzan el Mediterráneo con destino a Italia.
Las fuentes oficiales explicaron a EFE que por ahora no se puede establecer una fecha concreta, porque «también dependerá también del estado de la mar y de las salidas» de barcazas con migrantes en el Mediterráneo.
En cualquier caso, la nave rescatará a los que se encuentren en aguas internacionales y trasladará a Albania a los que cumplen con los requisitos establecidos en el acuerdo firmado entre Roma y Tirana, por el que se levantaron dos centros en las localidades albanesas de Shengjin y Gjader para aligerar la presión en el sistema de acogida italiano.
La operación podría recomenzar tres semanas después del primer y fallido traslado a Shengjin de los 16 primeros migrantes procedentes de Egipto y Bangladés: cuatro de ellos tuvieron que ser devueltos inmediatamente porque eran menores o «vulnerables» y dos días después el Tribunal de Roma no convalidase la retención de los doce restantes y ordenase su regreso a Italia.
La decisión judicial, basada en una sentencia europea y que alegaba que los migrantes enviados a Albania provenían de «países no seguros«, provocó la indignación del Gobierno, que aprobó un decreto para estipular por ley la lista de los países que un inmigrante no tiene por qué escapar y blindar así los polémicos centros en Albania.
La estrategia de Meloni, que consistió en fijar lista de «países seguros» con un decreto con fuerza de ley usado por motivos de «necesidad o urgencia», fue puesta en duda por el Tribunal de Bolonia (norte de Italia), que consultó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) al considerar que vulneraba la legislación europea.
Pero la primera ministra ultraderechista ha decidido seguir adelante con el acuerdo, sin esperar a una respuesta, después de asegurar en televisión que la petición de la corte de Bolonia «ha sido visto por muchos más como un panfleto de propaganda que un documento judicial».
El Gobierno de Meloni, que antes del encontronazo judicial recibía el respaldo a su plan de países europeos y un guiño favorable de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, está siendo muy criticado por la oposición.
La última polémica al respecto surgió este viernes, cuando medios locales revelaron que alojar en Albania a casi 300 agentes de la Policía italiana encargados de gestionar los centros tendrá un coste de casi 9 millones de euros por año.
El gasto de alojamiento asciende a 8,89 millones de euros, con un coste de de 80 euros al día por policía, y está previsto que los cuerpos de seguridad se alojen en dos complejos turísticos de 4 estrellas, también con piscinas, playa, restaurante e instalaciones recreativas.
También se ha criticado el alto coste del plan, por el que se prevé un gasto de 800 millones de euros en cinco años, mientras los centros de Shëngjin y Gjader, llevan dos semanas sin migrantes, aunque poblados por casi 300 trabajadores: traductores, limpiadores, personal médico y de enfermería, y agentes de policía, según las mismas fuentes.
