Juicio de Keiko Fujimori: Hoy inicia etapa final de la investigación contra lideresa de Fuerza Popular por el caso cocteles

Posterior a la decisión de la jueza Juana Caballero, la sala ordenó un nuevo receso con la reinstalación del juicio programado para este mismo lunes a partir de las 2:30 p.m. de la tarde a fin de que los implicados puedan tomar un refrigerio.

A su regreso, la sala deberá empezar con la revisión de los 46 pedidos de nulidad. Las cámaras de los medios de comunicación reportaron la salida de Keiko Fujimori Higuchi a la salida de la audiencia, así como también la partida de su exesposo, Mark Vito Villanela.

Como se había advertido desde hace unas semanas, los abogados defensores de los 38 imputados — entre ellos, Giulliana Loza, representante de Keiko Fujimori — pidieron al colegiado liderado por la jueza Juana Caballero que resuelva los pedidos de nulidad respecto al juicio, con la que se solicitaba regresar a una etapa anterior conocida como control de acusación.

Tras un debate en el que el Ministerio Público consideró que este pedido podría vulnerar los derechos del Estado, al decidirse sobre hechos que aún no han sido expuestos ante el tribunal; no obstante, la magistrada titular de la sala desestimó esta oposición por parte de José Domingo Pérez y resolvió que los pedidos de nulidad serían atendidos antes de la instalación del juicio, y no después.

Posteriormente, la magistrada dispuso un nuevo receso antes de que se empiece a dar lectura a los 46 pedidos de nulidad presentados por cada uno de los imputados implicados en el caso que señala a Fuerza Popular como una organización criminal. Mientras tanto, si bien el juicio ya inició, se encuentra en una especie de limbo en el que no se ha dado por instalado, pero tampoco corresponde a una etapa de control de acusación. La jueza advirtió que, de existir pedidos de nulidad sobre el mismo tema y con los mismos argumentos, procederán a decidirse juntas y no una por una.

Se trata de los investigados Luis Brusi Barboza Dávila, Juan Carlos Luna Frisancho, y Melisa Keiko Sasaki; quienes no se presentaron al juicio ni acreditaron o justificaron previamente sus inasistencias. Como se sabe, en el caso de Barboza, este radica en España y demoró en presentar documentos médicos, sobre él, la sala consideró que luego tendrá la posibilidad de subsanar el pedido.

En cuanto a Luna Frisancho, la decisión fue en ese mismo sentido, luego de que incluso se percibiera que no se había declarado ni con la abogada acreditada. Sobre Keiko Sasaki, su defensa detalló que ella vendría al medio día; pero la fiscalía requirió que se declare su contumacia, así el PJ dispuso que se le declare reo contumaz, pero advirtió que, de presentarse, podrá subsanar su situación. Sala ha pedido que sean capturados y llevados ante el tribunal. Posteriormente, la jueza cesó la audiencia por un periodo de 15 minutos y se ha retomado al promediar las 11:45 a.m.

Una vez retomado el juicio, la medida del colegiado ha sido cuestionada tanto por la defensa como por el Ministerio Público de cada uno de los acusados. En su mayoría, con recursos de reposición; a fin de que el jurado vuelva a evaluar la situación de cada uno de los, por ahora, declarados reos contumaces.

La abogada de Luis Mejía Lecca — quien a finales de mayo sufrió un accidente cerebro-vascular y se encuentra padeciendo las consecuencias de este —, Yeni Vilcatoma, busca que el juicio oral para los alegatos que le corresponden a su patrocinado no sea instalado y ha pedido que este no sea instalado (al menos en el extremo de este).

La presidenta del partido Fuerza Popular acreditó ante el colegiado a cargo del caso Cócteles, que recibía un sueldo proveniente del partido de S/14.000 soles neto. Cabe destacar que es por este mismo partido que también se ha establecido el juicio, pues sobre este existe la imputación de la existencia de una presunta organización criminal.

Durante la audiencia se conocieron los casos de Luis Brusi Barboza Dávila, y Juan Carlos Luna Frisancho, quienes se encontraban ausentes en la audiencia pese a que debían encontrarse de manera presencial. En el caso de Barboza Dávila, se pudo conocer que el investigado se encontraba radicando en España, ello, pese a que sobre él existía una condición de comparecencia con restricciones que lo imposibilita a movilizarse fuera de su ciudad de residencia, que era Lima, a no ser que sea por mandato judicial.

La jueza Juana Caballero detalló sobre este investigado que no se había autorizado su presencia en la audiencia de manera virtual, sino solo de manera presencial, y que su abogado no había acreditado adecuadamente su solicitud para estar de manera virtual. Su ausencia se discutirá posteriormente una vez culminada la acreditación.

Por otro lado, en el caso de Luna Frisancho, el investigado envió a su padre, un hombre mayor de edad, a que explicara los motivos de su ausencia. El anciano detalló que Luna Frisancho se encontraba radicando en Estados Unidos, pues ya contaba con la ciudadanía. La jueza Caballero cuestionó a la abogada acreditada en su defensa sobre el tema, y esta, Nataly Quispe Pesúa, aseveró que estaba acreditada en calidad de abogada de oficio y no mantenía comunicación con el investigado.

Al marcar poco más de las 9:00 a.m. de este lunes 1 de julio, el colegiado presidido por la jueza Juana Caballero dio inicio al proceso de acreditación de los abogados y de la identificación de los acusados. En la audiencia, los magistrados de la sala dispusieron la presencia obligatoria del total de 38 acusados, incluida Fujimori Higuchi y Villanela.

No obstante, una vez empezado el juicio se detalló que existían algunos de los acusados que se encontraban conectados de manera virtual en compañía de sus abogados, pues se encontraban con problemas de salud o que también se encontraban en el extranjero. Ello, previa coordinación con los abogados de los respectivos imputados.

En la audiencia se detalló que existían una serie de imputados que respondían a casos excepcionales para cuyos casos era requerida la necesidad de una acreditación reservada con los mismos jueces. Entre estos casos están Adriana Tarazona (quien se acreditó sin que su identificación fuera reportada ante los medios) y Luis Mejía Lecca, quien es representado por Yeni Vilcatoma y quien aclaró que estaba completamente indispuesto. En ese mismo sentido, también se encontraba acreditado el investigado Efraín Goldenberg, de 94 años, quien tampoco podía responder por sí mismo.

Otro de los recursos que la defensa de Keiko Fujimori y Fuerza Popular busca establecer es el uso de dos leyes que podrían permitir que el partido fujimorista salga eximido de cualquier responsabilidad. Ambas leyes han sido aprobadas durante este periodo parlamentario, cuya mayoría es perteneciente a dicho partido político.

La primera de las leyes es la denominada ‘Ley Soto’, con la que se busca la prescripción de varias de las imputaciones, y la segunda, corresponde a la norma que “elimina la posibilidad de investigar a un partido político como organización criminal”.

Media hora después, de la llegada de la investigada a la sede judicial, se presentó también el fiscal miembro del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, quien llegó resguardado por un fuerte contingente policial. Asimismo, las cámaras pudieron captar que contaba con un chaleco antibalas, en resguardo de su seguridad, ello, luego de que se reportara la presencia de grupos extremistas aficionados a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

Los medios pudieron advertir que la agresiva portátil en apoyo a Keiko Fujimori llegó desde las 7:30 a.m. a la sede judicial y, según como ellos mismos se identifican, se trataba del grupo extremista ‘La insurgencia’; que apenas notó la llegada de Domingo Pérez alzó su voz de protesta, vociferando improperios en contra del fiscal.

Al promediar las 8:00 a.m; una hora antes de la hora fijada para la instalación del juicio, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó hasta el edificio en el que se desarrollará el juicio en su contra y en contra del partido que lidera. La política investigada se dirigió directamente a la sala correspondiente ubicada en la calle Manuel Cuadros N° 182, en el Cercado de Lima; pero evitó dar declaraciones a la prensa.

El proceso también contrará con la presencia de los otros 38 acusados, entre ellos, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Pier Figari y otros. Contra todos ellos se han planteado acusaciones por parte de la Fiscalía de la Nación que involucran los siguientes delitos: lavado de activos, organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia.

La defensa del partido de Fuerza Popular, sindicado como organización criminal con su lideresa, Keiko Fujimori, como investigada a la cabeza; ya habría trazado una clara línea de acción que ha sido revelada a poco de su inicio el próximo 1 de julio a las 9:00 a.m. El semanario Hildebrandt en sus Trece ya ha conseguido una serie de fuentes cercanas (muchos de ellos miembros) al equipo legal del partido fujimorista investigado por la Fiscalía de la Nación y alertó de la existencia de una estrategia que se sirve no solo de leyes aprobadas en el Congreso, sino también de recursos sin atender. ¿El objetivo? Retrasar el inicio del juicio lo más que se pueda.

El domingo por la noche, Loza aseveró que lo que se buscaba desde la defensa en primer lugar era que se declare la nulidad del auto de enjuiciamiento que la Fiscalía de la Nación presentó y que fue aprobado por el juez Víctor Zúñiga en la etapa de control de acusación, un periodo previo al establecimiento del juicio.

Si se determina esta nulidad, todo lo avanzado durante este periodo de control de acusación quedaría anulado y se debería de volver a iniciar con la etapa de subsanación de las acusaciones del Equipo Especial Lava Jato, que ya ha sido devuelto un total de 11 veces, debido a la cantidad de pruebas y documentación que existe en el caso.

Son un total de 46 pedidos de nulidad presentados por los 38 investigados bajo la mira del Ministerio Público que tienen esta intención. Estos pedidos deben ser resueltos uno por uno por cada uno de ellos, y obviamente, toman tiempo, el mismo que podría significar un intento de que se mantenga el juicio hasta que este prescriba.

La etapa de juicio oral en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y 38 imputados más señalados como miembros de una organización criminal enquistada en la más alta cúpula del partido fujimorista dedicada al lavado de activos dará inicio hoy lunes 1 de julio a partir de las 9:00 a.m. La jueza encargada de la sala, Juan Caballero, ha citado de manera presencial no solo a la titular del partido; sino también a los otros 38 acusados; y al Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía de la Nación, que contará con la presencia del fiscal José Domingo Pérez.

Según lo programado por especialistas judiciales, se tenía previsto que el juicio durara un promedio de 2 años, justo a tiempo para la etapa final de las elecciones presidenciales del 2026; sin embargo, el último domingo en entrevista con Latina, la abogada de Keiko Fujimori y Mark Vito, Giulliana Loza, aclaró que el proceso podría durar mucho más.

Y es que, como se ha revelado en notas previas de Infobae Perú, el juicio más grande contra un partido político en la historia peruana que es mayormente conocido como el ‘Caso Cócteles’ podría verse afectado por una lluvia de pedidos de nulidad y tutela de derechos presentados por los abogados de los imputados. De los cuales, 38 de los 39 se encuentran citados para la sede judicial; así como también se ha convocado la presencia de los dos representantes de dos empresas implicadas, Fuerza Popular, y MVV Bienes raíces.

En conversación con Latina, Loza detalló que el juicio no solo convocará a los casi 40 investigados, sino que también, a lo largo del periodo del juicio, se convocará a poco menos de 2 mil testigos, 1300 entregados por la Fiscalía de la Nación, y poco más de 800 entregados por parte de la defensa. Si de números se trata, la Fiscalía y los abogados se encargarán de sustentar ante los magistrados del tercer juzgado penal colegiado al menos unos 5 mil 200 documentos.

Como si esto no fuera poco, la sala presidida por Caballero deberá evaluar un total de 15 pericias de oficio y de parte y 8 debates periciales. Todos estos documentos terminan por ser al menos unos 8 mil medios de pruebas en general, con los que se busca sustentar, o deslegitimar —ya se trate del Ministerio Público o de los abogados de los imputados— las acusaciones por los delitos de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia que pesan contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori.