Bajo la premisa de que terceros países «instrumentalizan» a menudo la migración para tratar de desestabilizar la Unión Europea, la Comisión Europea abrió la puerta este miércoles a que los países que lo consideren puedan suspender el derecho al asilo por motivos de seguridad.
«En situaciones excepcionales, los países pueden limitar los derechos de asilo, pero debe ocurrir en condiciones estrictas y con límites legales, ser de verdad excepcional, temporal, proporcionado y para casos claramente definidos y siempre por razones de seguridad», dijo la vicepresidenta de la Comisión para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y al Democracia, Henna Virkkunen.
El Ejecutivo comunitario alega que Rusia y Bielorrusia «se aprovechan de la gente» y les utilizan «sin tener en cuenta su situación de vulnerabilidad» como una suerte de «herramienta política para desestabilizar nuestras sociedades». Bruselas asegura que estas prácticas «socavan la unidad de la UE y ponen en peligro la seguridad y la integridad» de la Unión.
Aunque se trata de una simple comunicación, es la primera vez que la Comisión responde formalmente y de manera positiva a esta petición de los países del flanco este. En particular, aquellos que hacen frontera con Rusia y Bielorrusia se quejan de la llegada de demandantes de asilo de terceros países que cruzan su frontera de manera irregular.
Apenas un día antes, el martes, la oenegé Human Rights Watch publicó un informe en el que acusaba a Polonia de devolver «de manera ilegal y a menudo violenta» a demandantes de asilo en la frontera con Bielorrusia. La organización ha podido documentar los casos de al menos 17 personas, incluida una menor.
Consecuencias para toda la región
Polonia anunció el pasado mes de octubre su intención de suspender el derecho al asilo, en respuesta a la llegada de personas, pero otros países habían coqueteado antes con la idea. «Es nuestro derecho y nuestro deber proteger la frontera polaca y europea. Su seguridad no se negociará. Con nadie», aseguró entonces el primer ministro polaco, Donald Tusk. En una carta abierta, decenas de oenegés criticaron la medida advirtiendo de «las potenciales repercusiones» para la región.
La decisión, advertían, «socava valores como la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y la dignidad, el Estado de Derecho, la justicia social y la protección de los refugiados, valores que hacen a la Unión Europea más fuerte, no más débil, frente a los desafíos». Con la comunicación de la Comisión, la medida, de hecho, no beneficiará solo a Polonia sino también a Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Noruega.
El pasado mes de octubre el Consejo Europeo acusó a Rusia y Bielorrusia de «abusar» de los valores europeos para tratar de desestabilizar «nuestras democracias». También dijo entonces que «situaciones excepcionales requerían medidas apropiadas». La Comisión no hace ahora sino traducir al ámbito comunitario una postura que ya adoptaron los Veintisiete, ante la presión de Polonia.
La Comisión anunció además un paquete de ayudas para esos países por valor de 170 millones de euros. Este dinero deberá contribuir a que los países afectados puedan modernizar sus equipos de vigilancia, mejoren las redes de telecomunicaciones y respondan, por ejemplo, a las incursiones de drones en su territorio.
