El caso en el que Donald Trump fue condenado por el soborno a una actriz porno para interferir en las elecciones de 2016 ha sido pausado judicialmente al alegar la fiscalía que, a la luz de la reciente victoria electoral del republicano, se debe permitir al presidente electo solicitar el sobreseimiento del caso, es decir, que se desestime, según dijeron el martes los fiscales de Nueva York.
El equipo de Trump ha querido ver esto como una pequeña victoria judicial, colocándole un paso más cerca de ser absuelto. Sin embargo, el hecho de que se congele el procedimiento (y no que se cierre, o que se absuelva al expresidente) abre la puerta a que el caso se retome en cuatro años, cuando Trump deberá dejar la Casa Blanca ya que la Constitución prohibe un tercer mandato.
De momento, Trump ya es el primer presidente de Estados Unidos declarado culpable por delitos penales durante o posteriormente a ejercer tal cargo y lo cierto es que ha conseguido continuar aplazando sine die su causa judicial más avanzada, de las cuatro que tiene abiertas. Y es que, en las elecciones del 5 de noviembre, el candidato republicano se jugaba algo más que la presidencia del país: la inmunidad o la amenaza de la cárcel.
La defensa del expresidente pidió anular la condena, basándose en la petición de que se aplicara el fallo del Supremo de EEUU que extendía la inmunidad presidencial, habitualmente reservada para el mandatario que ocupa el cargo, pero de la que Trump se podría beneficiar como expresidente y como presidente electo. Esta decisión de pausar el caso llega tras sucesivos aplazamientos de la sentencia, el último de los cuales se produjo la semana pasada cuando el juez Merchan aplazó el fallo sobre la petición de inmunidad presidencial de Trump, respondiendo a las peticiones de la fiscalía y la defensa tras la victoria electoral de Trump.
Culpable de 34 delitos graves
Trump ya fue declarado culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales en un complot para influir en las elecciones de 2016, por un jurado de Manhattan, el pasado 30 de mayo. La fiscalía dijo que Trump registró falsamente como «gastos legales» los reembolsos a su entonces abogado, Michael Cohen, por un pago de 130.000 dólares a la estrella porno con tal de que guardara silencio sobre un supuesto encuentro sexual con Trump.
Esta elevada suma, que ya de por sí supera el límite legal de contribución individual a una campaña, establecida en 2.700 dólares, y sería además considerada «ilícita«, ya que estableció un entramado para tratar de enmascarar el desvío de los fondos de la campaña, todo con fines electorales, para impulsar la candidatura de Trump en 2016.
El juicio de Trump, que fue muy mediático la primavera pasada, no pareció tener ningún coste electoral para el republicano, que no se vio perjudicado por la opinión pública. El expresidente llamó a esta y a las otras causas judiciales una «caza de brujas» contra él, un argumento que su electorado ha aceptado ampliamente.
