Un total de 13.838 civiles han muerto ya en Ucrania como consecuencia de la invasión rusa a gran escala, y 596 eran niños. El recuento es de la Oficina del Procurador General, o sea, la fiscalía general de Ucrania, renovado por última vez la pasada semana en el marco de un informe activo sobre «crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado». La contabilidad que bajo ese título se sigue en el ministerio público de Kiev incluye a 27.107 civiles heridos, 1.734 de ellos menores de edad.
Las ejecuciones callejeras de Bucha y los bombardeos de Mariupol que estremecieron al público en Occidente son ya una gota en el informe. La anotación de delitos derivados de la agresión rusa arroja a estas alturas un saldo de 172.154 casos, de los que las autoridades ucranianas consideran estricto crimen de guerra a 152.012. De la cantidad total, 20.142 tienen que ver con actos de traición y otras modalidades de atentados contra la seguridad del Estado.
Tan alta mortalidad de civiles en una guerra que está a punto de cumplir tres años es fruto de la recurrencia y persistencia de ataques armados contra objetivos civiles, que este mismo miércoles se han recrudecido con el envío por Rusia de 40 misiles y drones contra, principalmente, instalaciones energéticas. «Los ataques a objetivos civiles suponen más de un 80% de los realizados por Rusia», señalan a este diario fuentes del gobierno Zelenski en España, relacionadas con esta elaboración estadística.
Violaciones y menores
La fiscalía ucraniana tiene anotados 335 crímenes de naturaleza sexual, de los que en 16 casos la víctima es una niña y en un caso es un niño. Solo cinco agresores sexuales han podido ser encarcelados. Treinta y ocho están siendo procesados y 59 han sido señalados como violadores en busca y captura.
En este rincón especialmente tenebroso del crimen de guerra hay diferencia cuantitativa de género: la acusación civil de Ucrania tiene documentación de 215 agresiones contra mujeres, la mayoría, y de otras 120 que tienen a varones como víctimas.
Los lugares de comisión de estos ataques contra la integridad y la dignidad de las personas coinciden con las zonas que han sido objeto de ocupación en el este y el sur del país. Las autoridades ucranianas no hacen estimaciones sobre cómo podría elevarse esta cuantificación específica de la violencia sexual si se tuvieran en cuenta también a los más de 19.000 menores ucranianos que -por invasión de sus pueblos, muerte, extravío en el frente, incomparecencia o encarcelamiento de sus progenitores por la autoridad militar rusa- han acabo siendo trasladados a la fuerza a territorio ruso.
Una madre con su bebé en el sótano de un hospital en Kiev. / Roman Pilipey EFE
Este otro campo penal, el de los menores, es especialmente numeroso en el recuento. Hay abiertos en Ucrania 4.064 procedimientos por crímenes contra los niños, y solo 31 criminales encarcelados, 44 bajo acusación y 55 en busca y captura. Son ya 1.409 actos contra la infancia que se consideran crimen de guerra, de los que 55 son encierros, capturas o privaciones ilegales de libertad. Colegios, guarderías y otro tipo de locales e instituciones para uso de menores han sido atacados en 2.415 ocasiones.
Armas prohibidas
En el segmento de los ataques a infraestructuras civiles, el Procurador General de Ucrania cuenta ya 200.307 objetivos destruidos. La mayoría, 160.584, son viviendas. Son oficinas y negocios 25.842, y 8.344 han fueron instalaciones o redes de comunicaciones.
Las ofensivas rusas contra plantas de generación eléctrica se han convertido en un endemismo de esta guerra. Desde el inicio de la invasión a gran escala, el 24 de febrero de 2022, las fuerzas de invasión llevan designados 232 objetivos, que ya acumulan 662 ataques, la inmensa mayoría de ellos aéreos.
Esta estrategia se generalizó en abril de 2023. Desde entonces, son 176 de esos objetivos los localizados y atacados por el ejército ruso.
En la estadística de la fiscalía ucraniana destacan también los ataques a instalaciones sanitarias (645), educativas (3.770), culturales (645) y religiosas (205).
Soldados rusos aseguran las ruinas del teatro Drama de Mariupol. / EFE Sergei Ilnitsky
En este tipo de ataques de demolición de bienes civiles se han registrado, según la autoridad ucraniana, cuatro casos de uso de bombas termobáricas y seis de proyectiles incendiarios. Estas son dos de las cuatro categorías que intervienen en 3.204 hechos denunciados de armas prohibidas. Hay 62 casos abiertos por uso de armas químicas. La mayoría de los casos son por la dispersión de minas y trampas explosivas antipersona.
El desminado de Ucrania es una de las tareas más arduas que se presentan en el horizonte del país para cuando alcance un alto el fuego.
La agresión
Para un escenario de paz en el que Ucrania pudiera acudir a la justicia extranjera en reclamación por violaciones del Derecho Internacional Humanitario, el Procurador General ucraniano tiene una lista de 748 sospechosos de maltrato a prisioneros de guerra, crueldad con la población civil, secuestro o daños al medio ambiente, entre otras figuras penales.
Este campo de la acusación enlaza con la llamada «Causa Principal». Es el sumario abierto por el mero hecho de la invasión por parte de fuerzas de la Federación Rusa. La justicia ucraniana tiene señalada en rebeldía una lista de 732 jerarcas militares y políticos del Kremlin, jefes de la Rosvgvardiya (o Guardia Rusa) y los ministerios rusos de Defensa y Exteriores.
El grupo más numeroso de inculpados lo constituye el de los diputados de la Duma Estatal rusa. Hay en el listado tres jefes de agencias de espionaje, 35 generales (a la cabeza, Sergei Shoigu, que fue ministro de Defensa hasta mayo pasado), diez propagandistas del Kremlin y 12 científicos y rectores de universidades.
