El segundo grupo de migrantes deportados a Albania también regresará a Italia. En un nuevo revés judicial que sufre el plan migratorio más polémico de la primera ministra Giorgia Meloni, el tribunal de Roma ha invalidado la decisión del Ejecutivo transalpino de enviar a otros siete náufragos (de ocho inicialmente seleccionados) a los centros de identificación y expulsión construidos por Italia en el país balcánico.
Los migrantes habían llegado el pasado viernes al norte de Albania, tras ser rescatados en los días previos por barcos del Estado italiano, pero el procedimiento de evaluación exprés de sus solicitudes de asilo y su retención han quedado «suspendidas»; esto, hasta que se pronuncien las autoridades europeas, han señalado los jueces italianos. Razón por la cual todos serán devueltos en breve a la ciudad costera de Brindisi, según avanzan los medios del país.
Se trata de la segunda vez en el que Meloni naufraga en su intento de ganarle a la justicia italiana, lo que desacredita también el decreto-ley exprés aprobado el pasado 21 de octubre, con el que el Consejo de Ministros redujo de 22 a 19 la lista de los países que Italia considera como seguros, como respuesta a la primera negativa de los jueces italianos del 18 de octubre. Más aún, nuevamente también los jueces transalpinos ha pedido la intervención del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), ya llamado a pronunciarse sobre si deben prevalecer las normas italianas o las europeas.
Defensa de la ley europea
El motivo, según los jueces italianos, es que los criterios para la designación de los países seguros no los deciden los países de la UE, sino la UE. «Debe señalarse que los criterios para la designación de un Estado como país de origen seguro están establecidos por el derecho de la Unión Europea», ha escrito en una nota del tribunal de Roma firmada por la presidenta de la sección de inmigración, Luciana Sangiovanni.
Por esta razón, «sin perjuicio de las prerrogativas del legislador nacional», los jueces italianos «tiene el deber de verificar siempre y de manera concreta –como en cualquier otro ámbito del ordenamiento jurídico– la correcta aplicación del derecho de la UE, que, como es sabido, prevalece sobre la ley nacional cuando es incompatible con ella, tal como también prevé la Constitución italiana«, ha añadido el tribunal.
Frentes abiertos
El problema remite también a que Meloni ha querido forzar las normas que se han venido aplicando en Italia en estos años. Hasta ahora, de hecho, toda selección (y luego posterior posible otorgamiento de protección humanitaria o estatus de refugiado), se ha basado en la evaluación del historial individual de cada migrante (y las posibles violaciones de derechos humanos que la persona han podido sufrir), y no en su nacionalidad de origen. Lo que, al tratarse de centros fuera de la UE —pero cedidos a Italia por Albania—, y al haber una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aclara que los países de origen solo pueden considerarse seguros si lo son en todo su territorio, ha generado el cortocircuito.
La incógnita es ahora con qué ímpetu reaccionará el Gobierno de la ultraderechista, el cual ya ha deslizado que defenderá sus razones ante el TJUE y que tiene diversos frentes abiertos con la justicia italiana. El más grave es el que atañe al líder de la Liga, Matteo Salvini, por haber bloqueado en 2019 -en el mar, durante 20 días- un barco de la oenegé española Open Arms con 147 migrantes a bordo. Un caso por el que todos los fiscales han sido puestos bajo escolta policial después de recibir reiteradas amenazas de sujetos supuestamente afines al político.
Una situación, esta, que también está siendo denunciada ahora por los jueces del Tribunal de Roma, después de que Salvini les acusara de hacer política por impedir las retenciones en los centros albaneses. En particular, la jueza de la sección sobre inmigración del Tribunal de Roma, Silvia Albano, ha denunciado «intimidaciones y presiones».
