El inédito ataque contra la sede de los tres poderes del Estado, el 8 de enero de 2023, fue llevado a cabo por la ultraderecha brasileña para justificar el derrocamiento de Luiz Inacio Lula da Silva, quien había asumido la presidencia apenas una semana antes. Se trató de una incitación planificada que tuvo al expresidente Jair Bolsonaro, entonces en Estados Unidos, en un papel categórico, según las conclusiones de la Policía Federal (PF) que el juez del Tribunal Supremo de Justicia (STF), Alexandre de Moares, remitió a la Fiscalía General para que tome cartas en el asunto.
El excapitán del Ejército, «estaba al tanto» de la conjura y «participó activamente», de manera «inequívoca» de la misma trama. La aseveración forma parte de las pruebas que reunieron los investigadores y que se acumulan en caso 900 páginas. Incluyen intercambios telefónicos y otras informaciones contundentes. La semana pasada habían sido acusados Bolsonaro y otras 36 personas, entre ellos su ministro de Defensa, el general Walter Braga Netto. La pesquisa desembocó en lo que se intuía: el líder ultraderechista «conocía» todos los pasos de los conspiradores.
El diario paulista ´Folha` consultó a diversos juristas y respondieron casi de manera similar: la investigación debilita el argumento de que el 8E fue un caso aislado, como sostienen los abogados de los acusados. Uno de los documentos desclasificados en la noche del martes es un mensaje del general de reserva Mário Fernandes. Lo remite al general Marco Antônio Freire Gomes, del 7 de noviembre de 2022, y hace referencia a los acampes de manifestantes frente a los cuarteles del Ejército en los que se pide la intervención castrense tras la victoria de Lula en las urnas. «Y tal vez esté de acuerdo conmigo, comandante, en que las manifestaciones actuales tienden a escalar». En el texto, habla de la necesidad de contar con una base de apelación social para que las Fuaerzas Armadas salgan de su rol pasivo frente a los hechos. El militar reservista fue identificado por el teniente Mauro Cid, asistente personal de Bolsonaro, como uno de los más radicales de los implicados en la trama golpista.
Para la PF, los oficiales investigados esperaban que se crearan las condiciones para la acción. «De esta forma, continuaron vigilando al ministro Alexandre de Moraes e incitando y subvencionando manifestaciones antidemocráticas frente a instalaciones militares, hecho que culminó en los violentos acontecimientos del 8 de enero de 2023, cuando se intentó una vez más dar un golpe de Estado en el país».
Además, los golpistas habrían contado con la ayuda de parlamentarios aliados para convencer a la población de participar en las manifestaciones en Brasilia.
Las negativas a Bolsonaro
Bruno Boghossian, columnista del diario paulista, señaló que Bolsonaro escuchó la rotunda negativa de los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea a participar del golpe. El informe de la PF «muestra que el entonces presidente buscó su apoyo cuatro veces. En un momento dado, trató de eludir a los jefes militares para seguir adelante con el complot». Recuerda que el brigadier Baptista Júnior dijo que hasta el 14 de noviembre de 2022, Bolsonaro parecía «resignado al resultado de las elecciones». Ese mismo día, el todavía presidente los convocó «para presentar el informe contratado por el PL para pedir la anulación de las elecciones». Y allí escuchó que no lo acompañarían. «Aun sabiendo que los militares no avalarían la tesis de una elección robada, Bolsonaro no se dio por vencido».
Las conclusiones de la PF y las acciones que derivan de ello tienen lugar en momentos en el que bolsonarismo reclama en el Congreso y en las redes sociales una amnistía para los participantes del 8E. El excapitán ha rechazado de plano las acusaciones en su contra.
