Las alertas las encendió el caso Oasis. Tras 15 años sin pisar un escenario, la mítica banda británica desataba el caos este verano al anunciar que el año que viene haría una pequeña gira. No había mucha más información al respecto que las entradas se pondrían a la venta a partir del 31 de agosto y que estarían solo disponibles en la página web de venta de entradas Ticketmaster. Hasta ahí, nada raro. El problema vino cuando, tras horas de cola por unas entradas anunciadas inicialmente a unos 100 euros, el cliente descubría, al pagar, que el precio había subido por encima de los 400 euros. ¿La razón? Que estaba lidiando con un precio dinámico.
La asociación en defensa de los derechos de los consumidores OCU define esta práctica como una estrategia basada en cambiar el precio de forma rápida y flexible en función de la demanda del mercado, por ejemplo. Así lo indica en un pequeño informe preparado para denunciar la práctica y pedir una regulación más concreta al respecto. Su punto de partida es que se trata de una técnica bastante extendida ya en el mundo de la hostelería, la energía o las aerolíneas, pero que está empezando a llegar a otros sectores como el del entretenimiento e incluso se perfila como uno de los elementos que caracterizará al comercio del futuro.
No están solos en la demanda (o, si más no, en la preocupación). Hace unas semanas, la coordinadora del grupo de los Socialistas y Demócratas en la Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, Laura Ballarin, preguntó a representantes de la Comisión Europea sobre el asunto, precisamente porque ven riesgo de que esta práctica se convierta en algo «perjudicial» y «abusivo».
«Estamos en contra de cualquier práctica de precios dinámicos que pueda perjudicar a los consumidores y distorsionar el mercado», asegura esta diputada europea. «Los precios dinámicos utilizan la demanda para fijar precios recabando datos personales mediante algoritmos y el uso de la inteligencia artificial, representando un riesgo significativo de discriminación y explotación«, prosigue.
La respuesta de Bruselas fue algo vaga: que durante 2025 se llevará a cabo una convocatoria y una evaluación de impacto para determinar qué incluirá la Ley Europea de Equidad Digital. Los precios dinámicos podrían ser uno de los elementos. Por lo menos, esto es lo que persigue el grupo de socialistas y demócratas.
«A raíz del escándalo con las entradas para los conciertos de Oasis y Taylor Swift, el Comisario europeo Michael McGrath expresó durante su audiencia en el Parlamento, tras una pregunta del grupo socialista, que reconocía que si bien la fijación de precios dinámicos no es intrínsecamente ilegal, algunos aspectos podían constituir una práctica comercial desleal«, explica Ballarin, que recuerda que en 2020 se dictaminó que prácticas similares por parte de Amazon constituían una posición dominante del mercado.
Falta de transparencia
«Los precios dinámicos pueden ser beneficiosos para el consumidor y para las empresas si se usan de manera adecuada, por ejemplo, para agotar existencias que se perderían de otro modo, como los productos rebajados por fecha de caducidad próxima«, reflexionan desde la OCU. Lo que critica esta asociación es la «falta de transparencia» de los algoritmos utilizados, lo que impide saber si se están llevando a cabo «prácticas desleales, abusivas o incluso colusorias, que afectan a la competencia y, por ende, a los derechos de los consumidores».
Se refiere, la OCU, a que ante un precio que cambia no hay forma de saber el coste final y definitivo de un producto o servicio, no se puede comparar con la propuesta de otras empresas o decidir libremente si se ajusta a las necesidades y bolsillo de cada uno. Y a que no se sabe qué es exactamente lo que hace cambiar el precio. Si el detonante fuera, por ejemplo, los movimientos de compañías rivales, esto podría distorsionar totalmente la competencia.
Regulación
De ahí que sus demandas giren en torno a una regulación específica, a la obligación de informar cuando el precio es dinámico, al mayor control y evaluación de riesgos por las autoridades competentes o a sanciones «ejemplarizantes» cuando se detecte que esta práctica choca directamente con la ley hecha para velar por los derechos de los consumidores.
Según rescata la OCU, esta norma establece como derechos básicos que se protejan sus intereses económicos (que no se enfrente a prácticas comercialesdeslealess o a que los contratos no incluyan cláusulas abusivas), precisa también que parte de la información necesaria en la oferta de un bien o servicio es el precio final completo o su forma de calcularlo y considera una infracción de consumo que se incumplan las normas reguladoras de precios. Además, este organismo también recuerda que existe una Ley de Servicios Digitales que fija ciertas obligaciones de transparencia a las plataformas que empleen algoritmos que influyan, entre otras cosas, en la estrategia de precios.
