«La migración es un reto europeo que requiere una respuesta europea». Este es el mantra del Consejo Europeo, que se volvió a repetir este jueves tras una una cumbre inusualmente corta en la que los líderes tuvieron una «profunda discusión» sobre cómo gestionar los flujos migratorios que volvió a reflejar las diferencias entre los Veintisiete, que solo encuentran consenso en la necesidad de acelerar las expulsiones.
Hacerlo pasa para algunos por el ‘modelo Meloni’, situando fuera de la Unión Europea (UE) los centros para expulsar a personas que no tengan derecho a quedarse en territorio europeo. Para otros, esto solo aleja el problema, pero no necesariamente lo soluciona. Todas las opciones siguen abiertas.
En la declaración de la cumbre, los líderes instan a que se actúe para «facilitar, aumentar y acelerar los retornos» y esto pasa por utilizar «todas las políticas, instrumentos, y herramientas» al alcance. Desde la diplomacia, hasta el uso de las políticas de desarrollo, comerciales o de visados, para presionar a los países. Pero no hay ni rastro de la mención a los centros.
La única petición concreta de los veintisiete a la Comisión es que presente «urgentemente» una nueva directiva de retornos que la presidenta, Ursula von der Leyen, ya prometía por carta el lunes. «La política migratoria de la UE sólo puede ser sostenible si quienes no tienen derecho a permanecer en la UE son efectivamente devueltos», dijo la alemana que apuntaba a que apenas un 20% de los extranjeros sin derecho a residir en territorio comunitario son efectivamente expulsados.
El modelo Meloni, sin consenso
La cumbre arrancó en la práctica a primera hora de la mañana del jueves, con Italia, Dinamarca y Países Bajos ejerciendo de anfitriones en una reunión previa, en la que participó una decena de países dispuestos a explorar el ‘modelo Meloni’.
En ese desayuno estaban el polaco Donald Tusk, el austríaco Karl Nehammer, o el húngaro Viktor Orbán, pero también Von der Leyen, que comparó notas con la primera ministra italiana. La propuesta de la presidenta de la Comisión pasa por utilizar esos centros fuera del territorio comunitario para agilizar las expulsiones, y cuenta con el respaldo de un buen puñado de líderes. Pero no hay consenso.
El comunicado del Consejo no incluye referencia alguna a esos centros de expulsión. Se limita a repetir una fórmula que no es nueva: «Deben estudiarse nuevas formas de prevenir y contrarrestar la migración irregular, en consonancia con el Derecho de la UE e internacional». Sobre el qué y el cómo, ya dio pistas Von der Leyen en su carta, pero aún no cuenta con el respaldo unánime de los gobiernos.
Según fuentes comunitarias, el rechazo al modelo de muchos no es de plano, pero hay dudas sobre si servirá para algo. Incluso alguno de los países que apoyan la propuesta, como Grecia, admiten dudas sobre su viabilidad. «El acuerdo [Italia-Albania] es bilateral. No sé si podría ser replicado a nivel europeo. Tenemos que ver si realmente funciona», aseguró el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en una entrevista con el ‘Financial Times’.
Cooperar con terceros países
Otros países como Bélgica o Alemania también dudan de su efectividad. A su llegada, el canciller Olaf Scholz, aseguró que estos centros «no son la verdadera solución para un país tan grande como Alemania». Mientras que su homólogo belga abogaba por ampliar los acuerdos con países como Egipto, Mauritania o Túnez.
Un enfoque en el que coinciden los Veintisiete que llaman a reforzar la cooperación con países de origen y tránsito, abordando además las causas de la migración y luchando contra el tráfico de personas. En este sentido, el Consejo Europeo apuntó a la importancia de la política de visados, y a las vías de llegada seguras y legales que «son clave para una migración regular y ordenada». Un ámbito, sin embargo, en el que los avances en los últimos años han sido prácticamente nulos.
Quien sí logró el respaldo de los líderes fue Tusk, que anunció esta semana la intención de Polonia de suspender temporalmente el derecho al asilo, alegando que la llegada de personas a través de su frontera este es una suerte de amenaza híbrida.
«No se puede permitir que Rusia y Bielorrusia, o cualquier otro país, abusen de nuestros valores, incluido el derecho de asilo», dicen los Veintisiete, «las situaciones excepcionales requieren medidas adecuadas».
