La inesperada declaración de la ley marcial de emergencia por parte del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, con el argumento de que el principal bloque opositor se ha convertido en una «fuerza pronorcoreana», se produce tras una serie de tensiones entre ambas formaciones y con el mandatario en mínimos de popularidad. En una declaración televisada, Yoon anunció la medida para proteger el «orden constitucional» de las supuestas actividades «antiestatales» del Partido Democrático (PD), primera fuerza de la oposición en la Asamblea Nacional de Seúl. Miles de personas se han congregado frente a la sede del legislativo para protestar contra la ley marcial y reclamar la dimisión de Yoon, mientras las tropas surcoreanas trataban de tomar la sede del poder legislativo bajo esa medida de excepción.
El sorprendente anuncio llega después de que el PD, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, el Parlamento surcoreano, aprobara sin contar con el apoyo del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) de Yoon unos presupuestos generales para 2025 con múltiples recortes, además de mociones para destituir al fiscal general y al responsable de la Junta de Auditoría e Inspección, encargada de monitorizar las cuentas de los organismos públicos. Acerca de los presupuestos generales recortados para este año, Yoon denunció que minarían las funciones «esenciales» del Gobierno, incluyendo la prevención de crímenes relacionados con las drogas y las medidas de seguridad públicas, abocando al país, dijo, a convertirse en un «paraíso para las drogas».
La presidencia de Yoon quedó muy debilitada desde que el opositor Partido Democrático ganó las elecciones legislativas el pasado abril y, desde entonces, su Gobierno no ha podido sacar adelante las leyes que se había propuesto. El mismo Yoon justificó en su discurso televisado que desde que juró el cargo en mayo de 2022 se han registrado 22 procesos de destitución contra miembros de su Gobierno, con la oposición impulsando su décimo intento desde que se reanudó la Asamblea Nacional tras los comicios legislativos. El mandatario conservador dijo que la situación «no tiene precedentes» en la historia del país y en la política global, alegando que las acciones han socavado la capacidad de gestión del Ejecutivo.
La declaración de la ley marcial, cuya revocación ha sido votada esta misma noche por la Asamblea Nacional en una sesión extraordinaria con 190 votos a favor -lo que según la Constitución surcoreana obliga al presidente a retirarla-, se produce con el índice más bajo de respaldo popular de Yoon en todo su mandato. Según datos de la agencia de sondeos Gallup Korea de comienzos de noviembre, su aprobación popular cayó hasta el 17% y su valoración negativa alcanzó un máximo histórico al ubicarse en el 74%. Asimismo, la encuesta refñejaba que el apoyo al opositor Partido Democrático subió cuatro puntos, hasta el 36%.
Los motivos que explican estos bajos niveles de popularidad son varios, como la gestión que se ha hecho de las acusaciones dirigidas a la primera dama, Kim Keon-hee, la situación de la economía o la falta de comunicación por parte del presidente. Su esposa se ha enfrentado a críticas por las acusaciones relacionadas con su aceptación de un bolso de lujo para un supuesto trato de favor, la manipulación de acciones y su implicación en la interferencia en las nominaciones de candidatos del gobernante Partido del Poder Popular de cara a las elecciones de abril. Yoon llegó a pedir disculpas públicamente en medio de las controversias en torno a la primera dama y dijo: «Creo que el papel del presidente no es poner excusas. Todo esto se debe a mis propias deficiencias y falta de virtud».
La ley marcial tiene tres precedentes en este país en los últimos 50 años. Tras dar un golpe militar en 1961, Park Chung-hee fue elegido presidente en 1963 y reelegido en 1971. Un año después, cuando su popularidad empezó a decaer, decidió declarar la ley marcial y aprobar una nueva constitución autoritaria que estaría vigente hasta poco después de su asesinato en 1979. Su sucesor, Chun Doo-hwan, recurrió a la misma medida en 1980, provocando como reacción el denominado levantamiento en la ciudad de Gwangju, donde se estima que el ejército mató a unos 600 civiles. Y en 2018, el general Lee Suk-koo, intentó imponer la ley marcial a través de un plan propuesto por la inteligencia militar para acabar con las protestas contra la expresidenta Park Geun-Hye, acusada de corrupción. Sin embargo, el entonces presidente, Moon Jae-in, destituyó al general y la medida no llegó a aplicarse.
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