El asalto al Capitolio, calificado por el FBI como “terrorismo doméstico” y por el presidente electo Donald Trump como “un día de amor” ha sido una pieza central de la campaña del republicano, que ha prometido indultos para sus seguidores. Los asaltantes, algunos de los cuales cumplen penas de cárcel, celebraron su victoria con la esperanza de que les ponga en libertad. De momento, apenas dos días después de las elecciones, los abogados defensores de los que participaron en la toma del Capitolio han pedido por escrito a los respectivos tribunales que congelen sus casos hasta que tome posesión la nueva administración, esperando que esta sea más indulgente.
De momento, Trump, primer presidente declarado culpable por diversos delitos, ya ha conseguido que se congele el caso contra él por promover la insurrección violenta para impedir que los legisladores refrendaran la victoria de Joe Biden. Seis personas murieron en el asalto al Capitolio, 140 policías resultaron heridos y cuatro oficiales se suicidaron posteriormente. Pero el fiscal especial que lidera la investigación contra Trump, Jack Smith, pidió este viernes que se paralice el caso hasta al menos el 2 de diciembre. La acusación usará este tiempo de descuento para decidir si continuar con las acciones legales ya que el republicano recuperará la inmunidad en el momento en que jure el cargo en enero.
Indultos el día 1
Trump ha repetido en campaña que emitirá indultos “el día uno de su presidencia” aunque no ha aclarado a quiénes de los 1.500 acusados beneficiará. En total, unos 1.200 se han declarado culpables o han sido declarados culpables en juicio a día de hoy, la mayoría por delitos menores. De los 1.000 condenados, unos 615 han acarreado penas de prisión, según la fiscalía. En total, 570 han sido acusadas de agresión, resistencia o de obstaculizar el trabajo a agentes del orden y, de estos, 160 han sido acusados de utilizar un arma mortal o peligrosa o de causar lesiones.
Tampoco ha descartado a nadie, ni siquiera a los cabecillas condenados por conspiración y sedición como Enrique Tarrio, fundador de Latinos por Trump y de los Proud Boys, que ha sido sentenciado a la condena más alta, 22 años de cárcel que ya está cumpliendo. La campaña republicana ha dicho que «evaluará caso por caso» cuando esté de vuelta en la Casa Blanca. “Ahora está muy claro que los estadounidenses quieren un fin inmediato de la utilización de nuestro sistema de justicia como un arma política”, dijo el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, en un comunicado tras imponerse en las urnas.
Peticiones inmediatas
Uno de los primeros en pedir un tratamiento especial fue Christopher Carnell, de 21 años, cuyos abogados solicitaron el mismo miércoles en que se supo el resultado electoral que se retrase su audiencia. “El presidente electo Trump ha hecho múltiples promesas de clemencia a los acusados del 6 de enero, particularmente a aquellos que fueron participantes no violentos”, argumentaron, entre los que se encuentra Carnell, y añadieron que “espera ser relevado del enjuiciamiento penal que enfrenta actualmente cuando la nueva administración asuma el cargo”.
No fue el único. Jaimee Avery, que ya ha sido condenada, tenía programada la lectura de su sentencia para este viernes. “A la luz de la posibilidad real de que el fiscal general entrante desestime el caso de la señora Avery”, argumenta la misiva que “sería fundamentalmente injusto para la señora Avery seguir adelante con la sentencia en estas circunstancias”. El juez de distrito ya ha rechazado la solicitud. Peticiones similares se han sucedido desde el miércoles.
Leve desconfianza
Sin embargo, hay cierto escepticismo sobre si Trump cumplirá su promesa. Como presidente, no emitió más indultos que sus predecesores pero destacó por beneficiar sin tapujos a los que le ayudaban a avanzar en sus objetivos políticos. Por ejemplo, indultó a hombres fuertes de su círculo más cercano condenados al destaparse los vínculos de su campaña de 2016 con Rusia, entre ellos el presidente de su campaña, Paul Manafort, su asesor Roger Stone, y el que fue su consejero de Seguridad Nacional, Michael T. Flynn. La pregunta es cuán útiles políticamente considera el presidente electo, en su último mandato, a los condenados por el asalto al Capitolio, ya que se trata de ciudadanos de a pie.
“Es difícil saber qué va a pasar, sinceramente… El cínico que hay en mí se pregunta si se cumplirán las promesas. Es algo que cuestiono de todos los políticos. Tendremos que esperar a ver hasta qué punto conmuta, indulta o reduce [las penas]”, dijo James Lee Bright, abogado de uno de los cabecillas, Stewart Rhodes, que cumple una condena de 18 años por conspirar para cometer actos de violencia política con el fin de impedir la toma de posesión del presidente. Aún así, van a apelar a una reducción de condena.
