Este lunes Marine Le Pen volvió a sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal de París para declarar, por primera vez, en el proceso de los falsos asistentes parlamentarios europeos. Lo hizo entre la expectación de un centenar de periodistas que la esperaban a la entrada de la Sala Victor Hugo. Al entrar, saludó y ante el aluvión de preguntas, respondió con una sonrisa forzada: “No necesitamos prepararnos cuando decimos la verdad”.
Era la primera vez que la líder del partido ultraderechista declaraba ante un tribunal. Una sala llena, en la que los trajes de chaqueta marcaron la diferencia entre acusados y público. Nadie quiso perderse el momento, y casi una hora después de empezar la audiencia, Le Pen se acercó al estrado y empezó su locución. «Buenas tardes a todos y todas», dijo mirando a un lado y a otro, como si de un mitin político se tratase. A Marine le cuesta separarse de Le Pen, aunque la situación y el escenario sea completamente distinto.
“No tengo absolutamente ningún sentimiento de haber cometido la mínima irregularidad, la mínima ilegalidad”, afirmó elevando el tono ante la insistencia de la presidenta del tribunal. La técnica política de evadir preguntas con astucia no funciona en este tribunal, y eso hizo que Marine Le Pen perdiera las formas en momentos puntuales de su declaración porque, para ella, la «actividad política» de un eurodiputado en Francia «es parte integrante de su mandato».
La líder de Reagrupamiento Nacional está imputada por desvío y malversación de fondos públicos europeos por utilizar a supuestos asistentes del Parlamento Europeo para beneficio propio del partido. Las normas son claras, los asistentes parlamentarios no pueden realizar trabajos directos para los partidos políticos fuera de sus funciones parlamentarias. Además, deben residir en Bruselas, Estrasburgo o Luxemburgo, ciudades donde se encuentran los respectivos Parlamentos.
‘Mano derecha’ de LePen
En el caso de la asistente parlamentaria y mano derecha de Le Pen, Catherine Griset, nada de eso sucedió, como demuestran los contratos y las pruebas obtenidas tras años de investigación. Griset trabajó como asistenta parlamentaria, entre 2008 y 2016, con contratos intermitentes a tiempo completo. A la vez que lo hacía también para el propio partido en París, así lo demuestran los registros de seguridad, tanto del Parlamento como de la sede del partido en Nanterre, a las afueras de la capital francesa; entre octubre de 2014 y agosto de 2015, la acreditación de acceso al Parlamento de Catherine no registró ninguna entrada. Por el contrario, el registro de entradas y salidas de la sede del partido, sí que demuestra que, durante ese tiempo, Catherine acudió una veintena de veces al mes a la sede.
Además, la asistente tampoco ha podido probar que durante esos años residiese en Bruselas. Ella se defiende, y afirma que a veces entraba al Parlamento, “tal que así”, con Marine Le Pen. Aunque el jefe de la lucha antifraude europeo, afirma que es algo “altamente improbable” dadas las medidas de seguridad del edificio.
“¡No toco mi email del Parlamento ni el profesional!”
“A principio de 2015, Catherine me pidió no ser más asistenta parlamentaria de la UE porque era difícil ir a Bruselas. Su vida había cambiado y me pidió ser asistenta local. Y acepté”, explicó Le Pen este lunes frente al Tribunal. “Cuando quise volver a implementar la transferencia en condición de asistente local, no tenía suficiente presupuesto y lo tuve que dejar colgado de nuevo”, añadió la dirigente ultraderechista.
La presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, intentó acorralar a Le Pen en varias ocasiones, haciendo que la líder perdiera los nervios para acabar reconociendo que “los asistentes parlamentarios (como Catherine) podían realizar una actividad para el partido, cuando no tenían más trabajo para el eurodiputado”. Le Pen también sorprendió a la sala al afirmar que «Catherine tiene ventaja sobre mis emails». «Le digo tranquilamente al tribunal: ¡no toco mi email del Parlamento ni mi email profesional! ¡El único correo que toco es mi email personal!», añadió la encausada.
Le Pen sabe que se juega su carrera política. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de cárcel, y una multa de un millón de euros acompañada de diez años de inhabilitación política. Una condena que pondría fin a su sueño de presentarse como candidata en las próximas elecciones presidenciales de 2027.
