Los estudiantes universitarios tomaron buena parte de las facultades y los profesores iniciaron huelga en respuesta al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiación de los centros de estudios superiore. Los trabajadores de todos los sectores del transporte se preparan para una huelga que paralizará la Argentina. El sector de la salud pública ha entrado en conflicto con el Gobierno por su decisión de cerrar hospitales o quitarles presupuesto. El malestar se palpa en el aire, se refleja en los sondeos, pero el Gobierno de ultraderecha no deja de cantar victorias en el Congreso gracias a sus alianzas con la «casta política» que supo maldecir para ganar las elecciones. El coste de esos triunfos coyunturales es, sin embargo, cada vez más alto.
Una encuesta de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) da cuenta de que la aprobación del anarcocapitalista cayó casi 20 puntos, al 35%. Un 29% de las personas que le dieron su voto para ganar en el segundo turno electoral de noviembre pasado se han arrepentido. La pobreza, que azota al 53% de la población, los efectos del ajuste económico y los bajos salarios figuran entre las principales preocupaciones. El Gobierno reconoce una bajada en la ponderación, pero no de esos niveles. Cerca del presidente estiman que la imagen de Milei se ha estabilizado en un 46%.
El grado de conflictividad de los últimos días parece ponerle un límite al optimismo oficial. «La voluntad popular ha sido defraudada», dijo el Frente Sindical de Universidades Nacionales al anunciar su plan de lucha después de que el Parlamento, con la ayuda de diputados opositores generosamente compensados por el Gobierno, pudo ratificar el veto del Ejecutivo a una ampliación de los recursos destinados a la educación superior. Semanas antes, la misma legislatura había avalado el veto de Milei a un incremento de 15 euros a los pensionados. «Vetocracia», dicen los opositores. Los ancianos y los jóvenes argentinos, el pasado y el futuro, se convirtieron en la variable de ajuste. Cerca de dos millones de jóvenes acuden a las universidades financiadas por el Estado. En medio de la ola de ocupaciones de las sedes, y la creciente agitación del estudiantado, el Gobierno lanzó una advertencia: «Es un delito tomar una universidad como lo es tomar cualquier edificio. Entendemos que el espacio para discutir los fondos de las universidades es el Presupuesto 2025″, dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni. La posibilidad de desalojos violentos quedó flotando en el aire.
Espiral de pobreza
La ley de financiación universitaria que aprobó el Congreso el pasado 13 de septiembre establecía actualizar los fondos de acuerdo a las variaciones del índice de inflación, que en agosto se había ubicado en el 236,7% interanual. El 85% de los docentes se encuentra en situación de pobreza y forman parte de los 5,4 millones de personas que entraron en esa categoría en los últimos 10 meses.
Según la consultora Reyes- Filador, el 80% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, la más importante de este país, se consideran en la actualidad de «clase media baja o baja», mientras que un 60% de las personas entrevistadas sienten que su empleo está en riesgo y pueden correr la misma suerte que los 200.000 ciudadanos que perdieron su empleo. El Gobierno insiste en que estas penurias son estacionales y que comienza a vislumbrarse la luz al final del túnel. La inflación de septiembre ha sido del 3,5%. A lo largo del año se acumula un aumento del costo de la vida de 101,6%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 209%. «El problema para la mayoría de los trabajadores y pensionistas es que esta bajada general, cuando se mira al interior del índice revela que la inflación de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, casi la duplica con un 7,3%, lo que genera un efecto pobreza porque se come buena parte de los salarios», señaló el portal ‘La Política Online’. Una familia tipo de cuatro integrantes precisó unos 900 dólares para no ser pobre mientras que la línea de indigencia se ubicó en 400 dólares, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
«Veranito financiero»
El malestar colectivo contrasta con las sonrisas que se dibujan en los mercados donde se habla otra vez de un «veranito financiero». El llamado «riesgo país» que mide la confianza de los inversores ha bajado al igual que el precio del dólar en el sector informal. El Banco Central ha logrado controlar la escalada de la divisa gracias a los 12.000 millones de dólares que entraron al sistema después del blanqueo de capitales. El dólar barato instala una vez más la fiesta especulativa en la moneda nacional como ha ocurrido en incontables ocasiones: se deposita en los bancos en pesos, la moneda local, para beneficiarse de las tasas de interés hasta que llega la hora de volver a comprar dólares y sacarlos del país. Por lo pronto, y al compás de una subida de las cotizaciones de los bonos estatales, el ministro de Economía confía en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar los vencimientos de deuda del año entrante. En 2025 Argentina tiene compromisos con el FMI y otros organismos multilaterales por 20.400 millones.
La capacidad de Milei para eludir las tormentas y el descontento obedece en parte a la dispersión e impotencia de los partidos opositores, en particular el peronismo. Cristina Fernández de Kirchner se prepara para volver a liderarlo sin contar con el consenso de todos los sectores que lo integran. La derecha tradicional que se ha reunido alrededor del magnate y expresidente Mauricio Macri también se encuentra en una encrucijada: ser deglutida por la Libertad Avanza, el partido de Milei, o aceptar a regañadientes un lugar lateral en el proceso de transformaciones que promueve el extertuliano televisivo.
En este contexto de fragmentaciones, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, profundiza el camino de construcción de la fuerza con la que se aspira el año venidero a ganar las parlamentarias. «El Jefe», como le dicen, ha invitado a los bonaerenses a sumarse al oficialismo para «terminar con la casta». La misma «casta» que funciona en los hechos como el gran salvavidas de dos hermanos que sueñan con compartir una misma fórmula presidencial en 2027.
