La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela dijo que hay «motivos razonables» para sostener que el Gobierno de Nicolás Maduro pudo haber «crímenes de lesa humanidad» antes, durante y especialmente después de los comicios del 28 de julio que validaron la reelección presidencial sin presentar las actas correspondientes. El informe abarca el periodo entre el 1° de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, e incluye en particular los días posteriores a la contienda, marcados por las protestas contra el resultado que ofreció el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con cifras oficiales 27 personas perdieron la vida y fueron detenidas unas 2200. En sus más de 100 páginas se acusa a la seguridad del Estado, la Guardia Nacional Bolivariana, la policía y grupos civiles armados de haber perpetrado actos de tortura, violencia sexual, desapariciones forzosas e incluso asesinatos. El texto consigna que las principales víctimas de la acción represiva pertenecen a la oposición, pero también ha afectado a ciudadanos que la misma noche del 28 de julio comenzaron a manifestarse contra el CNE o expresaron su descontento a través de las redes sociales. El Gobierno le puso nombre a la ola represiva contra un «intento de golpe» que, sostiene, ha sido financiado desde el exterior . La llamó «Operación tun tun», como si se tratara de un disparo o el llamado a una puerta. A tono con el mismo nombre, las puertas de personas «percibidas como opositoras» fueron marcadas con una letra «X» grande. «En la mayoría de los casos, las detenciones se llevaron a cabo sin una orden judicial, sin una base legal evidente, y/o sin informar del motivo de la detención».
Cambios relevantes
El madurismo esperaba esas conclusiones, al punto de que horas antes de que tomaran estado público fueron removidos de los jefes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Se trata de dos generales del Ejército, Iván Hernández Dala y Gustavo González López, quienes habían sido cuestionados por la Misión de la ONU. La decisión presidencial de reordenar dos estructuras primordiales a los efectos de su preservación en el poder no pasó inadvertida en Caracas. La palabra «destitución» se introdujo en la ola de rumores.
Por lo pronto, Maduro decidió ratificar en su cargo al ministro de Defensa y uno de sus principales sostenes, Vladimir Padrino López. Lo llamativo de la información es que lo hizo por segunda vez desde «el día después» de las controvertidas elecciones cuyo triunfo se ha adjudicado el candidato Edmundo González Urrutia. Tanto él como la líder del antimadurismo, María Corina Machado, hicieron reiterados llamados a las Fuerzas Armadas para sumarse a los cambios políticos. Hasta el momento no tuvieron éxito. Según Maduro, los cambios se han realizado en aras de «la cohesión, la organización, la disciplina, y la capacidad de Venezuela para defenderse«.
Disidencias en la cúpula
Los cambios tienen lugar después de que la primera línea del Gobierno expresara ante los ojos y oídos de los venezolanos sus opiniones encontradas sobre el modo de enfrentar el rechazo internacional a la reelección de Maduro. El ministro de Asuntos Exteriores, Yván Gil, tuvo que desautorizar nada menos que al fiscal de la Nación, Tarek William Saab, una espada retórica y judicial del Gobierno, quien dijo que los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y Chile, Gabriel Boric, han sido captados por la CIA y esa es la razón del distanciamiento con el Palacio de Miraflores. Gil tuvo que aclarar a las corridas que esas opiniones no son compartidas por el Ejecutivo.
En este contexto, el ministerio de Exteriores volvió a criticar al del Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Antony Blinken, por desconocer la victoria de Maduro. Su triunfo, dijo la Cancillería, «no solo fue una demostración del apoyo popular que goza la Revolución Bolivariana, sino un ejercicio de dignidad y un ejemplar repudio a las agresiones del Gobierno estadounidense». De acuerdo con la cartera que dirige Gil, «desde hace más de 10 años» Washington «ha organizado y ejecutado múltiples planes contrarrevolucionarios para desestabilizar a la nación venezolana», y «ahora pretenden continuar reeditando el frustrado plan (Juan) Guaidó». La autoproclamación en enero de 2019 del diputado opositor como «presidente encargado» forma parte de una misma moneda conspirativa que tiene del otro lado a González Urrutia.
